Por Emilio Grande (h.).- Mientras el gobierno nacional está obsesionado con el equilibrio fiscal a cualquier precio para que las cuentas del Estado cierren con superávit en la macroeconomía argentina, la realidad es que más de la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza y con paupérrimos ingresos de los jubilados, sectores informales y ciertos sectores de trabajadores.
Ciertamente, luego de tantos años de déficit fiscal con emisión monetaria y una galopante inflación, especialmente el kirchnerismo con una “fiesta” de subsidios y planes sociales de nunca acabar, había que cambiar el paradigma económico de 180 grados con el objetivo de atenuar la inflación y apuntar al equilibrio, pero no al cualquier costo.
A decir verdad, en 10 meses de gestión el presidente Milei pudo lograr el ansiado superávit fiscal gracias a la gestión del ministro de Economía Luis Caputo con un gran ajuste en muchos sectores del Estado, como así también al gran esfuerzo y sacrificio de casi todos los sectores sociales de la Argentina que contribuyeron a este objetivo, sumado a dejar de utilizar la maquinita de la descontrolada emisión monetaria.
En el marco de la 117º edición de la Expo Rural de Rafaela, disertó el economista Daniel Artana, graficando con lujo de detalles la compleja realidad económica argentina. En 2025 habrá vencimientos internacionales por más de 20 mil millones de dólares. De lograr ese dinero el Gobierno a través del ingreso de las exportaciones, el blanqueo y el campo, la inflación podría bajar del actual 4,2% al 2,4% el año próximo lo que evitaría otra devaluación; sin embargo, de no llegar a ese posible escenario económico, el plan B sería recurrir nuevamente al FMI para pedir otro salvataje.
Se observa el enfriamiento de la economía informal, el aumento en los precios de alimentos y servicios, y la caída de los sectores medios en la pobreza, marcando una tendencia la agudización de la situación social y el aumento del gasto en las prestaciones sociales.
En este contexto, los últimos 15 años viene creciendo la pobreza en la Argentina. Cristina Kirchner dejó el Gobierno con un 30% de pobreza; Mauricio Macri la llevó al 38%; Alberto Fernández dejó el indicador en 45% y con el presidente Javier Milei en el primer semestre del año la pobreza creció al 53%, siendo la más alta desde 2003, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En 1974 había un 4% de pobres en el país, lo que significaba unas 800.000 personas; hoy ese número se multiplicó por 31.
Actualmente, la cantidad de pobres llega a casi 25 millones de argentinos. La indigencia saltó a 18,1% y alcanza a 8,5 millones personas. La cantidad de niños pobres de entre 0 y 14 años llegó a 66,1% (al final del 2023 era del 58,4%), mostrando que hay 7,3 millones de chicos pobres.
En un duro mensaje del papa Francisco, de hace unos días, en un encuentro con dirigentes sociales de todo el mundo, llamó a los movimientos populares a no resignarse y seguir manteniendo la bandera de “los derechos sagrados de las tres T: tierra, techo y trabajo”.
En su mensaje, el Papa reivindicó la justicia social -desacreditada por Milei-, cuestionando el protocolo anti-piquetes, las “ideologías deshumanizadas”, la meritocracia y la “cultura del ganador”, a la que identificó con “la cultura del descarte”, y rechazó el uso de “gas pimienta de primera calidad” para reprimir las protestas sociales, en vez de “pagar justicia social”.
La Argentina se encuentra en una grave encrucijada coyuntural. Hay que atacar fuertemente al déficit fiscal, eliminando definitivamente la recurrente emisión monetaria para alcanzar un equilibrio fiscal, pero sin olvidar el costo socio-político de vastos sectores que no llegan a fin de mes para vivir dignamente, especialmente jubilados, sectores informales y determinados trabajadores formales. Luego de más de 40 años de democracia, es una de las graves deudas pendientes, debiendo involucrar a todos los ciudadanos, sobre todo los que tienen mayor responsabilidad dirigencial (autoridades, legisladores, empresarios).
