Los conflictos de la Argentina con Uruguay y Finlandia revelan, como trasfondo, dos diferentes concepciones sobre filosofía política: la que defiende la importancia de un gobierno limitado y el respeto por las instituciones y aquella que acepta la voluntad todopoderosa de los gobernantes y los regímenes autocráticos.
A lo largo de la historia, la Argentina tuvo conflictos con Chile, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, por citar sólo algunos casos. Pero que nuestro país tenga problemas con Finlandia es toda una novedad. Me imagino que los finlandeses se deben estar mirando asombrados sobre esta insólita posición del gobierno argentino. Claro, son tantos los enemigos internos y vecinos, que pareciera ser que hay que empezar a recorrer más kilómetros para inventar un nuevo enemigo de los argentinos. La verdad es que si bien es fácil imaginar la sorpresa de los finlandenses, para nosotros este entredicho es una noticia más en los medios. Que el gobierno tenga una nueva pelea con un sector productivo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o un país es como leer en el diario el pronóstico del tiempo. Digamos que las peleas del gobierno son casi una sección más de los periódicos. Así como están las secciones de espectáculos, deportes, política y economía, podría agregarse una sección que se llamara “la pelea de la semana”.
Los dos últimos conflictos entre el gobierno argentino con Uruguay y Finlandia tienen la característica de pretender globalizar las reglas que rigen en la política interna. Es decir, es como si el gobierno quisiera exportar su forma de gobernar o, si se prefiere, es como si Kirchner quisiera que el resto de los países adoptaran las reglas de juego que se aplican internamente.
En los dos casos, la molestia del gobierno nacional con sus pares uruguayos y finlandeses tiene que ver con que dichos gobiernos no obligaron a empresas privadas a suspender las obras. No importa si jurídicamente ambos gobiernos pueden obligar a una empresa a paralizar una inversión que está en regla y sin violar ninguna norma. Para el gobierno argentino los gobiernos de Uruguay y Finlandia no tienen autoridad porque no obligan a las empresas a hacer lo que otros desean.
La causa del enojo del gobierno argentino refleja toda una filosofía política. Mientras los gobernantes de Uruguay y Finlandia dicen que ellos son funcionarios públicos que están subordinados a un orden jurídico que tienen que respetar porque no son los dueños del país, para el gobierno argentino parece no haber orden jurídico que constituya un límite para los gobernantes. Unos creen en el Estado de Derecho mientras el otro cree en la voluntad todopoderosa del gobernante. Unos entienden que una mayoría electoral y circunstancial no habilita a vulnerar el orden jurídico, el otro considera que una mayoría electoral circunstancial implica otorgarle al gobernante plenos poderes, propios de los sistemas autocráticos.
Son estas dos ópticas de lo que puede y no puede hacer un gobierno tan distintas que, por el momento, hacen inviable el diálogo.
Con ironía descalificadora, el ministro del Interior argentino ha dicho que la cumbre entre Uruguay y la Argentina tendría que llevarse a cabo entre el presidente de una de las papeleras y Kirchner, dando a entender que Tavaré Vázquez no tiene ningún poder de decisión. Este argumento podría también haber sido utilizado por el gobierno uruguayo diciendo que la cumbre tendría que hacerse entre Tabaré Vázquez y los asambleístas que cortan los puentes porque el presidente Kirchner no tiene autoridad para desalojarlos. Pero, con una gran diferencia: mientras las empresas papeleras no están violando ninguna norma, quienes cortan el puente sí violan la libre circulación.
La realidad es que mientras Kirchner no tiene capacidad para restablecer el orden público permitiendo el libre tránsito, o sea, hacer cumplir la ley, pretende que los gobiernos de Uruguay y Finlandia violen la ley obligando a una empresa a paralizar una inversión porque sí.
Es fácil advertir que no deber ser sencillo que dos visiones tan diferentes del ordenamiento institucional puedan entenderse. Para los gobiernos de Uruguay y Finlandia debe ser incomprensible el pedido de Kirchner dado que esos gobiernos saben que su mandato está limitado por la ley. En cambio, a Kirchner debe resultarle incomprensible que ambos gobiernos estén limitados por la ley. Kirchner está tan acostumbrado a girar fondos al exterior sin dar explicaciones, a obligar a las empresas a vender a un precio determinado, a prohibir la exportación de carne, a “borocotizar” el Congreso y a permitir que se expulse de las filas del Ejército a un militar porque su esposa se expresó libremente, que no entiende cómo puede ser que otros presidentes no tengan la capacidad de decisión que él tiene en l Argentina.
Antes de finalizar esta nota quiero destacar que no estoy emitiendo un juicio de valor sobre si las empresas papeleras van a contaminar o no van a hacerlo. El punto que me interesa resaltar es que en este nuevo conflicto surgen con toda claridad dos ordenamientos institucionales totalmente diferentes de encarar los problemas. Por un lado, los países que obligan a sus gobernantes a subordinarse al orden jurídico. Por el otro estamos nosotros, que aceptamos pasivamente que el que ocupa la Casa Rosada se sienta una especie de caudillo autoritario que decide sobre la vida, la libertad y la fortuna de las personas sin limitaciones de ninguna clase.
No nos engañemos: el mundo no va a importar nuestro sistema autoritario de gobierno. La mayoría de los países ya entendieron que no hay crecimiento posible sin instituciones, es decir, sin gobiernos limitados. Y no van a suicidarse política y económicamente porque Kirchner levante el dedo acusador desde el atril de la Casa Rosada. Eso puede funcionar durante un tiempo en la (ex República) Argentina, pero es inaceptable en los países que entendieron que la civilización pasa por el respeto a la ley y no por la barbarie del caudillismo demagógico que arrasa con todo orden jurídico.
Roberto Cachanosky
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