El proyecto alcanza a chatarrerías, industrias dedicadas a metales no ferrosos y comercios con operaciones de compraventa de piezas usadas para uso de automotores y moto-vehículos. Deberán llevar un registro digital y un libro foliado y rubricado por la “autoridad de aplicación” (Secretaría de Gobierno y Modernización). La falta de cumplimiento será sancionada con la clausura de establecimiento.