1.- El ambiente ha impuesto finalmente sus prioridades. Los gobiernos asumen su responsabilidad, después de haber intentado eludirla. La ecología se instala en las constituciones. Los científicos prefieren las soluciones interdisciplinarias. Los fans parecen dispuestos a usar alternativamente la persuasión y la acción directa. Los desechos nocivos cruzan las fronteras. El mecenazgo se vuelca a la fauna silvestre y a algunas operaciones de prestigio. Los pulmones verdes, como la Amazonia, y el continente blanco, tienen precio. La calidad de vida es otro de sus nombres. Hemos terminado conociendo con algún pesar que sólo somos administradores de la herencia de nuestros hijos.
2.- Las nuevas responsabilidades tienden a hacernos más sensibles, más solidarios, más ordenados. Deben inspirarnos repugnancia el despilfarro de ciertos recursos y apego a ciertos bienes de poco precio… hasta que desaparecen. Pero en un momento dado, la productividad entra en conflicto con la ecología y la libertad con las restricciones. Es hora de la moral, de la economía y el derecho. La moral tendrá que enseñar los deberes consigo mismo y con los demás, porque la relación de alteridad es consustancial al ambiente. La economía tendrá que partir de la verdad primordial que es la destinación universal de los bienes, no obstante la legitimidad de la apropiación privada. El derecho, sin venda esta vez, tendrá que arbitrar entre males diversos para definir el menor, o la contaminación o la restricción de la libertad económica.
También es cierto que los conflictos suelen ser aparentes y encuentran conciliación en una verdad más alta, o en una realidad más profunda.
3.- Ecología y productividad deben conciliarse. Las dos sirven a la vida humana. Ni el subdesarrollo ni la degradación ambiental tienen derechos adquiridos. No toda restricción es legítima. El impacto ambiental razonable debe imponer sus resultados. Unos pedirán crecimiento cero para los países desarrollados, otros encontrarán una impronta productivista respetuosa de las legítimas reivindicaciones de la ecología.
4.- La dispersión de normas no es aconsejable. La de jurisdicciones poco claras tampoco. La concertación previa es necesaria y no está mal que los presupuestos mínimos sean de competencia nacional y la legislación complementaria pertenezca a las provincias. Aún así, sería interesante uniformarla en lo posible, o sea excluyendo sólo las situaciones muy específicas: la prioridad del paisaje en las zonas turísticas, la fragilidad del bosque patagónico, la contaminación del Dique San Roque en Córdoba o del Salí-Dulce en Tucumán, y otras. Es deseable un digesto ambiental.
5.- El crecimiento de la población no es la causa estructural de la degradación ambiental ni de la escasez de recursos naturales.
6.- La energía nuclear debe ser restringida, conforme a estudios de impacto, y de comparación de costos y riesgos con otras fuentes de energía.
7.- También el orden internacional reconoce la responsabilidad y protagonismo convergentes del Estado, el sector económico y la sociedad civil en la protección de los derechos humanos, el ambiente y el desarrollo sustentable, como interdependientes y complementarios.
8.- Debe avanzarse en la gestión de incentivos económicos con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente y de los recursos naturales renovables, por una parte, y por otra las tasas de servicios ambientales, por la utilización diferencial de la atmósfera, las aguas o el suelo para arrojar desechos que sean resultado de actividades lucrativas.
9.- El uso del entorno y de sus recursos es diferente del goce asegurado por la Constitución nacional. El uso puede generar responsabilidades sin culpa, o sea responsabilidad objetiva, ya que el operador de riego debe incorporar a sus costos la prevención y la eventual reparación del daño.
10.- Entramos al tercer milenio con más conciencia ecológica pero con más desafíos: nuevos sectores sociales, como el irredentismo indígena, activo en varios países, nuevas tensiones por explosiones nucleares; impugnaciones activas que amenazan el trazado de gasoductos, la circulación vehicular, la explotación minera que transformará el noroeste argentino y en menor medida la Patagonia, la tala selectiva de bosques, la razonable exigencia de las empresas que quieren digestos sin omisiones para evaluar sus riesgos. Pero a lo menos la cláusula constitucional es clara y se va desarrollando. Sólo esperamos que el Congreso cumpla su deber; que los órganos públicos de gestión estén a la altura, y que la militancia no obedezca a una moda sino a una convicción ilustrada que se ajuste a la ley.
El autor es abogado constitucionalista de Córdoba.
Fuente: diario La Opinión de Rafaela, 30 de junio de 2007..
