Por Emilio Grande (h.).- Luego de los fracasos en los gobiernos kirchneristas y macrista durante 20 años con indicadores preocupantes en la economía (aumentó de la inflación, la pobreza y el dólar a niveles escandalosos), a partir del 10 de diciembre de 2023 irrumpió la escena política gubernamental Javier Milei, quien no venía de la “casta” política, como le gusta llamarse el libertario.
En menos de dos meses, la implementación de sus políticas con el DNU y el proyecto de la ley “ómnibus” están provocando un cambio paradigmático de 360 grados en casi todas las actividades de la Argentina, con el objetivo de su desregulación, con actores sociales a favor y otros tanto en contra.
En este contexto, el Presidente tuvo que dejar de lado la “motosierra” para empezar a gobernar en serio y “cedérsela” a la oposición en el Congreso. Como establece la Constitución Nacional, los DNU deben ser utilizados para casos excepcionales de emergencia y urgencia, pero también convengamos que los presidentes de todos signos políticos han usado y abusado de los mismos.
Después del trabajo en comisiones, esta semana se debatió la ley “ómnibus” en la Cámara de Diputados, donde la oposición introdujo muchos cambios, se eliminaron más de la mitad de los 664 artículos que contiene la “ley de bases”, especialmente la suba de las retenciones, el paquete fiscal, la prórroga del impuesto PAIS, suprimió facultades especiales que pedía la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la fórmula de movilidad jubilatoria, la modificación del régimen de regularización de activos, se quitó el aumento del 70 al 73% asignado para los cigarrillos, se eliminaron 10 artículos que pretendían modificar el Código Civil y Comercial en lo referido al pacto de preferencia, se sacaron los artículos referidos al financiamiento de los partidos políticos, se eliminaron las modificaciones referidas a la ley de protección de bosques, entre otros.
En este sentido, un centenar de diputados dialoguistas de los bloques de Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación condicionaron su acompañamiento en general a cambio de modificaciones concretas.
El proyecto de ley “ómnibus” se aprobó en lo general 144 a favor y 109 en contra; y habrá que estar atentos cuáles son los artículos que siguen generando rechazo, pueden ser votados en contra el martes próximo y cómo el Gobierno buscará consensuar con la oposición.
En medio de estas discusiones y cambios en la Cámara Baja, hubo movilizaciones de piqueteros, partidos de izquierda, kirchneristas, sindicalistas, jubilados, en los alrededores del Parlamento, donde hubo incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, quienes no aceptan las derrotas parlamentarias, en el contexto del nuevo protocolo que impulsa el Gobierno sobre las marchas callejeras.
Como estamos en democracia, tienen el derecho de expresarse públicamente en contra del proyecto en cuestión, pero llamativamente está ocurriendo casi la misma situación cuando en 2017 se aprobó la modificación a la fórmula jubilatoria, donde manifestantes arrojaron 14 toneladas de piedras. Al mismo tiempo, está la hipocresía de la dirigencia de la CGT que durante 4 años de Alberto Fernández durmió la “siesta”, no se manifestó ni tampoco hizo un paro frente a los graves problemas socioeconómicos.
Conviene recordar que en el gobierno de Raúl Alfonsín se propuso trasladar la capital del país a la ciudad de Viedma por diferentes motivos y para evitar las interminables protestas que dificultan el tránsito vehicular y generan rechazo en los ciudadanos de a pie.
En el medio, están las nuevas medidas económicas que siguen generando más inflación comparado con el gobierno anterior. Al respecto, contador y analista económico Guillermo Briggiler de nuestra ciudad opinó que “estamos viviendo un período de transición muy importante y que se está notando, especialmente en el bolsillo de la gente”.
¿Hasta dónde aguantará el humor social de la gente esta nueva escalada inflacionaria que golpea a los argentinos, sobre todo a los trabajadores, jubilados y sectores informales?
