Por Natalia Aquilino.- Actualmente sabemos que los modos de ser mujer y hombre son construcciones sociales y culturales temporales. Como tales poseen atributos modificables y mejor aún, perfectibles. Cada cultura ha definido una red específica de significados tanto para la masculinidad como para la femineidad que, como tales, se encuentran en permanente mutación y ajuste mutuo. Estos cambios afectan tanto a las maneras sociales de entender como de ser de los géneros.
Al mismo tiempo, el anclaje cultural que posee la noción de género lleva implícitas ideas sobre cómo cada sociedad entiende y ejercita la participación del hombre y la mujer en las distintas esferas de la vida en común como pueden ser la familiar, la laboral, la comunitaria y la política. Esa manera de entender la participación también afecta el grado de desarrollo humano que cada género está en condiciones de alcanzar en un momento histórico determinado.
El siglo XX ha sido quizás uno de los momentos históricos donde se ha discutido de manera más abierta las implicancias sociales y políticas del paradigma de la superioridad masculina. A la luz de la ampliación sucesiva de las democracias en todo el mundo, el impacto más notable de la lucha por la igualdad se observa a través de los mismos procesos políticos. Por ejemplo, la mujer del siglo pasado ha conquistado derechos que entendemos hoy como indispensables como son el de elegir a sus representantes y el de competir en elecciones para cargos públicos.
Por su parte, el andamiaje jurídico institucional de nivel internacional apoyó el fortalecimiento de esas conquistas materializando acuerdos y consolidando espacios institucionales dedicados a promover la igualdad y los derechos humanos. Ejemplos recientes de ello son, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, firmada por la Argentina en 1980 y ratificada por la Ley 23.179 en 1985), incorporada al texto constitucional con la reforma de 1994 y su Protocolo Facultativo, ratificado por la Ley 26.171 de 2007; o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará” aprobada por ley 24.632 e incorporada a distintos ámbitos a nivel nacional.
Un presente contundente
De la misma manera, el año 2010 ha significado un período de singulares hitos para la consolidación del camino hacia la igualdad.
A nivel internacional, el sector privado internacional adhirió explícitamente a los Principios de Empoderamiento de la Mujer desarrollados de manera conjunta por la iniciativa de Responsabilidad Social Empresaria de la ONU (el Pacto Global) y la Agencia especializada UNIFEM, también de la ONU. Por medio de esta declaración, los líderes de las principales corporaciones globales (como Accenture, Avon, Levi Strauss, Novartis, Petrobras entre otras 39 firmas) se comprometen a promover activamente la participación de las mujeres en la vida laboral para garantizar economías más fuertes y sostenibles en el tiempo. Los principios apuntan tanto a garantizar el trato igualitario (particularmente en lo que hace a salud, bienestar, desarrollo profesional) y la no discriminación en el trabajo, como a medir los avances que se hagan en este sentido y comunicarlos responsablemente a la sociedad.
En el mismo plan, la Asamblea General de la ONU, es decir, 192 Estados del mundo, dió un paso fundamental en la historia de los acuerdos internacionales a través de la creación de la Agencia ONU Mujeres. El organismo, fusiona, ordena y refuerza divisiones pre existentes como la Oficina de la Asesora del Secretario General de Naciones Unidas para Cuestiones de Género, la División para el Avance de la Mujer, el Instituto de la ONU para investigación en capacitación en cuestiones de género (INSTRAW) y el Fondo de la ONU para la Mujer (UNIFEM) con el objetivo de continuar abogando por los derechos de las mujeres. Las dos principales tareas de la entidad serán por un lado respaldar a los órganos intergubernamentales para la formación de políticas y; por el otro, ayudar a los Estados miembros a implementarlas, otorgando apoyo técnico y financiero. ONU Mujeres trabajará con las organizaciones de la sociedad civil y velará por el cumplimiento de los compromisos de género que Naciones Unidas ha asumido dentro de la propia Organización.
Pero las noticias también son buenas en el plano nacional. Los tres poderes del Estado Argentino sintonizan esfuerzos por garantizar la igualdad de derechos.
El Poder Legislativo, en seguimiento de acuerdos internacionales vigentes, aprobó en 2009 la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
El Poder Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de las Mujeres presentó el 8 de marzo pasado, las recomendaciones de las Comisiones Asesora e Interinstitucional para la Reglamentación de la mencionada ley. La misma ley, creó además el Consejo Consultivo ad-honorem, para «prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales», y la formalización del funcionamiento de la Comisión Interinstitucional en el marco del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En la misma línea, el Ministerio de Salud cuenta con distintos programas en pleno funcionamiento orientados a salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene avanzando en medidas que tienden a defender derechos en distintos ámbitos que incumben a la justicia. En 2007, y con apoyo de la ONU en Argentina, se estableció la Oficina de Atención a las víctimas de Violencia Doméstica en la Ciudad de Buenos Aires. La institucionalización de este espacio significó por un lado, la visibilización de una problemática específica y por otro, la generación de un efecto demostración en distintas provincias que hoy se encuentran discutiendo la necesidad de armar espacios similares para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de las víctimas de violencia doméstica (Salta, Santiago del Estero). En 2009, el Presidente de la CSJN, en conjunto con líderes regionales como los Presidentes de México, Felipe Calderón y Panamá, Ricardo Martinelli entre otros; adhirió al lanzamiento latinoamericano de la Campaña del Secretario General Ban Ki Moon “UNETE para poner fin a la violencia contra las Mujeres”. Finalmente, también la Corte con el apoyo de la ONU, acaban de poner en marcha un plan de capacitación integral en temas de género para todo el Poder Judicial que sin dudas redundará en un mejor tratamiento de las cuestiones de género en la justicia argentina.
Nuestro aporte individual y cotidiano hace la diferencia
Con todo, y asumiendo los avances alcanzados en los planos internacional y local, la igualdad de derechos y la equidad de género son temas que necesitan ser discutidos en profundidad sobre todo en el ámbito de la sociedad civil y, específicamente, en lo que hace al mercado de trabajo y las relaciones laborales. En particular, los desequilibrios persisten en tres esferas: los cargos de decisión, la desigual retribución por igual trabajo y la representación gremial. En un mundo donde más de la mitad de las personas son mujeres, más de tres cuartos de las decisiones son tomadas por hombres.
Y por esa dimensión cultural, tan natural a las personas, por la que todos y cada una ayudamos de una manera u otra a reproducir las desigualdades; una reflexión crítica y colectiva entre hombres y mujeres está pendiente en los ámbitos más cotidianos y sencillos de nuestro vida familiar. En esto, las responsabilidades deben ser compartidas y asumidas como tales por todos y todas como personas responsables que construimos el presente y el destino de nuestras comunidades.
La autora es rafaelina, oficial de UN en Argentina y secretaria de la Cámara de Ciencia Política y RRII del CCIRR.
