Por Emilio Grande (h.).- El candidato a primer convencional constituyente por la lista distrital “Política abierta para la integridad social” (Partido País), Roberto Sukerman ofreció una conferencia de prensa este viernes en el estudio jurídico Marchiaro-López.
Previamente, Sukerman junto con el también candidato y jurista rafaelino Enrique Marchiaro (se ubica en el sexto lugar de la lista) mantuvieron un encuentro con las autoridades del Colegio de Abogados de Rafaela.
Sukerman es rosarino, abogado graduado en la Universidad Nacional de Rosario, docente de Derecho Constitucional en esa casa de estudios. Fue jefe de ANSES UDAI Rosario, concejal en dos periodos, candidato a intendente por su ciudad, ex Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe.
Este espacio se perfila a través de la trayectoria de cada uno de sus integrantes como una propuesta desde el punto de vista técnico-jurídico, reflejada en un esquema de 60 compromisos para la Convención Constituyente.
“Es una lista con un perfil técnico y estamos generando 60 compromisos en 60 días para darle un contenido a la reforma porque hay una disputa; de lo único que se habla es de la intención del Gobernador de ser reelecto, pero ese es uno de más de 40 temas. Estamos a 25 años del siglo XXI, los cambios se producen cada vez más rápidos y no podemos pensar que esa Constitución de 1962 puede regirnos ahora y a futuro. Después de 63 años, es una oportunidad para profundizar el debate y que cada candidato diga los contenidos de cada tema”, expresó el visitante al inicio de la rueda de prensa.
Y agregó: “En la primera parte están los derechos y garantías para ponerle un límite al poder, cuáles son las herramientas para recurrir administrativamente o a la Justicia para ejercer los derechos. También desde la ciudadanía hacer controles a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Damos como un hecho que los tribunales tengan una feria en enero y en julio, pero estamos convencidos que tienen que funcionar todo el año; hoy tenemos expedientes digitales, se pueden firmar con un celular, consultarlo desde cualquier lugar del mundo, cuando antes había que ir al tribunal. En el legislativo tiene 6 meses de sesiones ordinarias con la apertura del Gobernador el 1º de Mayo hasta el 31 de octubre y luego tienen algunas extraordinarias, teniendo que funcionar todo el año y ser más ágil. Hay privilegios de los políticos como determinadas inmunidades, no se puede iniciar un proceso penal si son legisladores; la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos cuando causan un daño tienen que repararlo. Entes públicos que controlen y un Defensor del Pueblo, que sea elegido a propuesta de la oposición, porque de lo contrario no va a controlar al Ejecutivo”.
Marchiaro se sumó para aportar: “lo que ocurre tradicionalmente en Santa Fe, por ejemplo, el servicio eléctrico provincial no tiene un ente regulador, es decir lo que la EPE factura bien o mal, o si brinda el tendido eléctrico que llega a tal comuna o tal campo nadie lo controla; tiene ver con la vida cotidiana de los santafesinos”.
Entre los derechos básicos, Sukerman mencionó que “a veces la salud pública no da respuestas a determinadas problemáticas más específicas como salud mental, adicciones, salud bucal, salud visual; cuestiones vinculadas a educación, inclusión de personas con discapacidad en la educación y en el empleo; derecho a la ciudad, a generar áreas metropolitanas, la autonomía municipal”.
Acotar el poder
Este cronista le preguntó sobre la reelección del gobernador, los legisladores provinciales e intendentes son reelegidos indefinidamente, los presidentes comunales cada dos años van a elecciones, cómo se fijan los límites al poder, respondiendo el abogado rosarino que “causa gracia ver como senadores y diputados con 20 o 30 años que son legisladores, pero dicen que están en contra de la reelección del gobernador. Hay que acotarlo, es lógico que puedan tener una reelección, dos períodos en cualquier cargo; es saludable en todos los ámbitos porque atornillarse al poder nunca es sano y republicano”.
Por otro lado, se los consultó si los candidatos a convencionales están preparados para reformar la Constitución, a lo que Marchiaro aclaró que “creo que no, lo puedo decir con franqueza, nadie se va a sentir ofendido, es una realidad; es preocupante que partidos tradicionales como el radicalismo no tengan en sus listas profesores de derecho constitucional reconocidos en Santa Fe y Rosario que quedaron excluidos. La persona que tenga que analizar en la banca estos temas debe tener una formación técnica previa. Una constitución es como los 10 mandamientos para un cristiano; modificarla es un trabajo gigantesco, implica sabiduría y visión a largo plazo, que no se ve en gran parte de la dirigencia política en Argentina y en Santa Fe”.
El profesional rafaelino explicó que “las constituciones provinciales pueden establecer derechos, pero respetando el piso que fijó la Constitución Nacional porque se pueden producir colisiones inadvertidas entre ambas constituciones. Por ejemplo, la Constitución de Santa Fe podría decir ´se reconoce vivir y morir dignamente´ y podemos discutir los alcances, hacia dónde va la bioética en el mundo. La Constitución del 94 no previó el tema digital, que es fundamental porque tiene un peso determinante y el Estado está ausente de la regulación del espacio digital, desde cuestiones impositivas con las plataformas y la regulación de los alcances de los derechos en lo digital”.
Sukerman citó “cuestiones de domicilio porque si tengo que demandar una empresa multinacional, que no tiene domicilio en la Argentina, cuando tenemos que defender una persona que tiene una afectación en sus derechos y presentar un habeas data, un tema a incorporar en la reforma, hay que notificar a Estados Unidos; enviamos una carta documento y te responden que no están en la Argentina, y en la Justicia se generan estos problemas. Hay que hacer la demanda en Santa Fe donde tengo mi domicilio y presentarte en los tribunales santafesinos”.
Al respecto, Marchiaro puso como ejemplo lo que pasó con la red social X (ex twitter) de Elon Musk con Brasil. “El tribunal supremo brasilero le dijo que pusiera un domicilio en Brasil para seguir trabajando, no lo querían hacer, pero terminaron aceptando. En la Argentina no se exigió con el gobierno nacional anterior y menos con el actual, pero las provincias pueden hacerlo”.
