Ahorristas de la Asociación Mutual, Social y Deportiva Atlético de Rafaela manifestaron su preocupación por la demora de algunos trámites judiciales vinculados con la causa penal en que se investiga la responsabilidad de los ex directivos de la entidad en la retención de los depósitos.
Los damnificados pusieron especial énfasis en reclamar que la Justicia agilice el secuestro de la documentación necesaria para profundizar la investigación, detectar posibles ilícitos y eventuales responsables.
Pablo Ramírez, vocero de los ahorristas, aseguró que tanto el juez que entiende en la causa, doctor Osvaldo Carlos, como la fiscal María Angélica Chacón Baroni, coincidieron en expresar la necesidad de que se incaute documentación del Departamento de Ayuda Económica «a los fines de indagar sobre los manejos financieros de la mutual e ir a fondo con la investigación».
Sin embargo -explicó- «el secuestro de la documentación está demorado».
El propio Ramírez, en su carácter de actor civil y con el patrocinio del abogado Ricardo Monner Sans, había solicitado que se incorpore al expediente «todo lo actuado por el Departamento de Ayuda Económica» de la Mutual desde 1996 hasta septiembre de 2001.
El secuestro de la documentación fue ordenado por el juez Osvaldo Carlos, a través de un decreto firmado el 9 de agosto pasado.
El magistrado ajustó la medida a lo que establecen los artículos 228 y 229 del Código Procesal Penal de la provincia, a través de los cuales se reglamenta la orden de secuestro.
El artículo 228 establece que «todo objeto relacionado con el delito o sujeto a decomiso o que pueda servir como medio de prueba, será recogido y conservado» y «cuando fuere necesario se ordenará su secuestro».
Mientras que el artículo 229 señala que «en lugar de disponer el secuestro, el Juez podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los objetos o documentos a que se refiere el artículo anterior, pero esta orden no podrá dirigirse a las personas que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos, por razón de parentesco, secreto profesional o de Estado».
Días después de que se conociera la orden de secuestro dictada por el juez Carlos, el doctor Alberto Buonifacino, en su carácter de abogado defensor de Raúl Kuschnir, ex dirigente de Atlético, planteó un recurso de revocatoria contra el decreto y solicitó que se deje sin efecto la incautación genérica de documental.
Ante ello la fiscal Chacón Baroni sostuvo la necesidad de secuestrar la documentación, aunque pidió a los actores civiles que precisen fechas y tipo de documental para evitar una incautación genérica de documentos.
En un escrito fechado el 9 de septiembre, en cuanto a la medida de secuestro de documentos, interpretó que «nos encontramos ante una etapa del proceso de naturaleza investigativa y que tiene por objeto -en procura de obtener la verdad- la recolección de material probatorio que permita determinar en grado de probabilidad, si se cometió o no un hecho ilícito; para en caso afirmativo determinar su/s autor/es o partícipe/s y su grado de culpabilidad y en caso contrario concluir que no existió ilícito alguno y que quien o quienes se encuentran sospechados de ser autores o partícipes; no lo son».
Por ello la doctora Chacón Baroni opinó que «ampliar la investigación en la forma solicitada no implica, ni mucho menos, vulnerar derechos constitucionales, porque, por un lado, de la misma pueden surgir elementos probatorios importantes y necesarios que nos permitan verificar la existencia o no de hechos ilícitos y en caso afirmativo determinar la extensión del daño causado por el o los mismos».
La fiscal recordó asimismo que la postura de secuestro de documental está a tono con la decisión de la Fiscalía de requerir la ampliación de las declaraciones indagatorias de los co-imputados, es decir el cuerpo de ex dirigentes de Atlético que se encuentran investigados en la causa.
En cuanto al secuestro genérico de información, la fiscal interpretó que este pedido «no obstaculiza, ni mucho menos, el normal funcionamiento de la entidad atento a la fecha a la que hace referencia».
«Por otro lado -agrega-, también consideramos necesario tener presente que por la complejidad del trámite en sí y en miras a que no se diluya el objeto de la investigación; sería conveniente» que el juez «solicite al peticionante de esta medida -de considerarlo procedente- que brinde datos más precisos sobre cuál es la documental que solicita.»
Por su parte, en el escrito fechado el 12 de septiembre, el juez Carlos consideró que «teniendo en cuenta los argumentos vertidos por ambas partes, recurrente y fiscal, resulta absurdo aclarar que la medida ordenada en esta etapa del proceso, sufrió el correspondiente estudio y análisis por parte del suscripto, previo a su disposición».
Reitera además que «creemos de utilidad a la investigación el secuestro -a los fines de análisis- de la documental a que se hace referencia, y que a los fines de la selección de la misma en cuanto a su pertinencia se convocó al perito oficial de la Corte».
En ese orden el magistrado consideró acertado el criterio expuesto por la fiscal al solicitar al ahorrista y su abogado patrocinante que den precisiones sobre la documentación a incautar para que no se realice un secuestro genérico de papeles.
Finalmente, en la parte resolutiva del escrito, el juez Carlos revocó parcialmente el decreto de orden de incautación para pedir que se especifique la documental requerida; al tiempo que suspendió la fecha establecida inicialmente para el secuestro de la documentación (el 20 de septiembre) para dejarla supeditada al cumplimiento del trámite anterior.
Dilación
Ante ello, el ahorrista Pablo Ramírez explicó que junto con su patrocinante respondieron «inmediatamente» el requerimiento del juez dando especificaciones de la documental a incautar.
No obstante aclaró que «la medida de secuestro sufrió una nueva dilación debido a que el 23 de septiembre se le corre vista a la fiscal para que se expida al respecto y ese mismo día la fiscal toma licencia y el trámite queda parado».
«Ya pasaron dos semanas de licencia y hasta hoy (por ayer) la fiscal no se había reincorporado y el trámite continuaba demorado sin que se pueda avanzar hacia la incautación de la documental que consideramos que será muy importante para avanzar en la investigación de los hechos», puntualizó Ramírez.
El ahorrista destacó además que «al no existir la figura del querellante en el código procesal de nuestra provincia, nosotros nos presentamos como actores civiles pero cobra fundamental importancia la actuación del Ministerio Público Fiscal, ya que son precisamente los fiscales los que de alguna manera deben impulsar la investigación».
En ese orden el ahorrista hizo público el reclamo para que exista «una mayor agilidad en la ejecución de las medidas que ya han sido resueltas debido a que estamos en una etapa muy importante de la investigación que puede aportar datos importantes para conocer la verdad de los hechos».
En otro orden Ramírez trató de dejar en claro ante la ciudadanía que «nuestra actuación en esta causa penal no es en contra de nadie sino a favor de que se conozca la verdad de los hechos, porque además conocer la verdad sobre lo que pasó con la Mutual va a ser muy importante para el conjunto de la ciudadanía».
«Por eso -dijo- como grupo de ahorristas asumimos el compromiso de seguir en la causa para que avance la investigación hasta conocer la verdad y por supuesto que vamos a continuar haciendo públicos todos los hechos que consideremos importantes de esta causa para que la población se entere de qué manera avanza la investigación».
Fuente: diario Castellanos, 8 de octubre de 2005.
