Por Joaquín Morales Solá.- Los jubilados han sido la variante del ajuste de todos los gobiernos de los últimos 20 años. Según las estadísticas, el período presidencial en el que mejor les fue corresponde al que presidió Carlos Menem en los años 90, y cuando ya las jubilaciones estaban en manos de la AFJP. Cristina Kirchner y Amado Boudou (con la complicidad de Sergio Massa) tuvieron la idea en 2008 de devolverle al Estado esa enorme masa de recursos. La usaron políticamente. La peor pérdida del poder adquisitivo de los jubilados se registró, en cambio, entre fines de 2017 y enero de este año; perdieron el 57 por ciento del poder de compra. Es un período que abarca tres gobiernos (los de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei), pero la mayor cantidad de años pertenece a la tercera administración kirchnerista. Llama la atención, por eso, que este martes haya sido el kirchnerismo uno de los principales impulsores de la sublevación política en la Cámara de Diputados para imponerle a Milei, supuestamente, una nueva fórmula jubilatoria. Acompañaron a los seguidores de Cristina Kirchner la izquierda –cómo no–, el radicalismo (esto fue más extraño) y el bloque Hacemos Coalición Federal, un poliédrico conjunto de diputados que preside Miguel Ángel Pichetto, cuya alianza fugaz con la izquierda para alcanzar este martes el quorum es difícil de explicar. Solo Pro y el partido del Presidente, La Libertad Avanza, no aceptaron participar del complot. ¿Por qué se habla tanto de la decisión de Milei de no acercarse tanto a Mauricio Macri? Las posiciones están a la vista en los momentos cruciales.
Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, suele decir que cuando la economía se desajusta alguien la ajusta: el mercado o la conducción política del país. Los ajustes en la Argentina, dispuestos por el Gobierno o por el mercado, cayeron siempre sobre los jubilados; sucede también que el gasto en Seguridad Social representa casi el 50 por ciento del presupuesto nacional; la mayoría de ese gasto pertenece a jubilaciones y pensiones. Desde la época de Cristina Kirchner existen moratorias, además, que les permite jubilarse a personas que no hicieron los aportes necesarios al sistema previsional. Se sumaron casi cuatro millones de jubilados a un sistema que tiene más de siete millones de jubilados. La mitad de los jubilados que existen en la Argentina, aproximadamente, no hizo los aportes que establece la ley. Es cierto que muchas de esas personas no pudieron formalizar los aportes porque fueron víctimas de las periódicas crisis de la economía argentina, pero había otras maneras de resolver esos problemas que son reales. El ex gobernador peronista de Santa Fe Omar Perotti propuso, cuando era senador nacional, crear un subsidio para las personas mayores que carecieran de jubilación, pero por fuera del sistema previsional. Esta iniciativa dejaba a la Anses dedicada solo a los jubilados que habían hecho los aportes en tiempo y forma.
Perotti intentó resolver un problema que es fácilmente comprensible: cualquier decisión sobre los ingresos de los jubilados, por pequeño que sea el aumento que disponga, impacta fuertemente en el presupuesto nacional. Es ahí donde se metieron este martes los diputados opositores, según las distintas versiones de la oposición, pero solo se pusieron de acuerdo para alcanzar el quorum; no lograron ni uno ni dos proyectos comunes para cambiar la fórmula previsional. Empezaron a sesionar con cinco proyectos distintos. Imposible mayor confusión. Corresponde señalar que cuando los legisladores proponen un aumento de las partidas presupuestarias, y tienen derecho a proponerlo, deberían también, por responsabilidad institucional, indicar de dónde saldrán esos recursos sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas. ¿Por qué no imaginaron, por ejemplo, eliminar la excepciones impositivas a unas pocas empresas en Tierra del Fuego para destinar ese dinero a mejorar los ingresos de los jubilados? ¿Por qué no propusieron cambiar el régimen que regula la pesca para aumentar el insignificante canon que pagan unas 30 empresas que hacen millonarios negocios con una riqueza que pertenece a todos los argentinos? Sobre esos arbitrarios beneficios de un reducido sector empresario no hablan ni diputados ni senadores. Silencio. ¿Complicidad también? Quién lo sabe. La propuesta de aumentos de partidas presupuestarias sin compensación significa en los hechos, lo digan o lo nieguen, el proyecto de un regreso al déficit fiscal. Es otro ejercicio de irresponsabilidad política; esa inconsciencia de sus dirigentes llevó al país (y a la sociedad, sobre todo) a la necesidad de sufrir un brutal ajuste de la economía. Es también la tara del kirchnerismo, que aumentó el gasto público hasta dejarlo en casi el 50 por ciento del PBI nacional. La administración de Alberto Fernández fue la peor de las tres kirchneristas porque ni siquiera tuvo la astucia de evitar que estallara el conflicto de la economía durante su mandato.
La lideresa que levantó la bandera de los jubilados, Cristina Kirchner, se pasó sus dos mandatos peleándose con la Corte Suprema de Justicia porque esta le exigía que cumpliera con la ley y fuera más justa con los salarios de los jubilados. La Anses llegó a declarar formalmente en aquellos años ante el máximo tribunal de justicia del país que quebraría si cumplía con las resoluciones de la Corte. Es costumbre institucional que cuando la Corte fija una jurisprudencia sobre un tema, el Poder Ejecutivo traslada esa opinión a un proyecto de ley para que la decisión se generalice en el acto. Si no fuera así, la Corte debería resolver caso por caso innumerables expedientes. Ese tribunal no resuelve en general, sino sobre cada situación en particular. El caso histórico más emblemático de esa práctica fue la decisión de legalizar el divorcio en el país; la Corte Suprema fue en los años 80 la primera institución en resolver que el divorcio era un derecho constitucional. El gobierno de Raúl Alfonsín convirtió esa decisión en ley aprobada por el Congreso para que la Corte no terminara resolviendo todos los divorcios del país. Al revés, Cristina Kirchner se negó a convertir en ley la decisión de la Corte sobre el salario de los jubilados y condenó a cada uno de estos a comenzar una causa propia. La sede de la justicia previsional ocupa una casona muy antigua. Cada cierto tiempo, ese edificio debe ser liberado de expedientes con planteos de jubilados porque corre el riesgo de desmoronarse. Esa indiferencia histórica desnuda la protesta parlamentaria de ahora.
Sucedió este martes, más que nada, una demostración de fuerza ante un presidente que –también es cierto– trata despectivamente a los legisladores de las dos cámaras del Congreso. Las formas y el respeto personal son cualidades que en algún momento se valoran. Pero cualquier iniciativa sobre los jubilados aprobada por la Cámara de Diputados deberá pasar luego por el acuerdo del Senado. Si existiera una decisión con el consentimiento de las dos cámaras, le quedará a Milei todavía el recurso del veto. Falta mucho camino por andar si los diputados se propusieron realmente modificar la fórmula previsional de aumentos. ¿O es que solo querían mostrar que los opositores, todos ellos juntos sin vínculos políticos ni ideológicos, están en condiciones de marcarle a Milei los límites políticos que tiene? El aspecto más notable de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados refiere a un cambio abrupto e imprevisto en la relación de fuerzas de esa cámara. Los opositores consiguieron que 141 diputados se sentaran en sus bancas para que el cuerpo pudiera sesionar (se necesitan solo 129) y decidieran contra la opinión del Gobierno. En la votación en general, el proyecto de la Ley Bases consiguió en la Cámara de Diputados, en los primeros días de febrero pasado, 144 votos a favor de la iniciativa de la administración de Milei; ese mismo proyecto, ampliamente modificado, fue aprobado en general el 30 de abril pasado por 142 votos a favor del Gobierno. Un cambio radical en la relación de fuerzas preexistente en esa cámara. ¿Definitivo? Difícil, sino imposible. Las negociaciones entre el kirchnerismo y la oposición dialoguista (radicales y legisladores de Pichetto, sobre todo) era este martes un espectáculo inverosímil. No durará.
Sin embargo, lo que sucedió en la Cámara de Diputados pertenecen a esos hechos de la política que pasan inadvertidos para la mayoría de los argentinos, pero que ven con preocupación sectores financieros internacionales y el mercado nacional. No es extraño que este martes se hayan movido en una mala dirección el precio del dólar y el valor de los bonos argentinos. Milei no consiguió todavía, cuando está a solo cinco días de cumplir seis meses en el poder, que el Congreso le aprobara una sola ley ni su monumental decreto de necesidad y urgencia de diciembre pasado. En ese escenario de simbólicos triunfos internacionales y de serias restricciones políticas locales, se inscribió el motín parlamentario citado. Fue también un símbolo destinado a caminar hacia ninguna parte, pero representa al mismo tiempo el espíritu de gran parte de la dirigencia política argentina. El gasto del Estado, dicen, es inofensivo. Ese es un error que explica el hartazgo de los argentinos y, también, por qué muchos se abrazan a políticas inconducentes que proponen la idea delirante de un país sin Estado.
