Por Joaquín Morales Solá.- Cuando cambió el ecosistema, los dinosaurios no sabían que acababa de comenzar el período de su extinción. Tal vez algo de eso haya sucedido en la noche del miércoles pasado, cuando Javier Milei anunció por un decreto de necesidad y urgencia la mayor desregulación de la economía que se recuerde. Carlos Menem y Domingo Cavallo hicieron una importante desregulación en los años 90, pero la economía no había vivido todavía la vasta experiencia reguladora del kirchnerismo. El Presidente puso al país en una dimensión que no recuerda ningún argentino vivo. Tiene apoyo social, según las encuestas serias: parece que muchos argentinos prefieren ensayar algo desconocido después de tanta insistencia en el mismo error. ¿Es constitucional ese DNU? Los jueces más importantes del país no tienen una opinión definitiva porque aspiran a leer con tranquilidad el larguísimo decreto, casi un libro más que un decreto. Pero nadie puede ignorar que muchos constitucionalistas y el Colegio de la Abogados de la Capital señalaron que es mejor una ley para hacer cambios tan profundos.
Debe consignarse, antes que nada, que el decreto existe, aunque su vigencia se haya postergado hasta el próximo viernes, y que el Congreso no le rechazó nunca ningún decreto de necesidad y urgencia a un gobierno en funciones. Solo el inagotable rencor de Cristina Kirchner apuró al Senado para que rechazara en 2020 un DNU de Mauricio Macri, que se había ido del poder un año antes. De todos modos, el rechazo de una sola cámara no anula un DNU. También debe subrayarse que, según la Constitución reformada en 1994, el Congreso tiene una activa participación en la aprobación de los DNU. Se justifican, eso sí, en situaciones excepcionales; de ahí la calificación de “necesidad y urgencia”. Milei puede argumentar que una inflación que marcha al escalofriante ritmo del 200 por ciento anual es una situación urgente. ¿Qué es urgente, si no? ¿No es urgente también resolver la conmovedora anomia que aqueja al país? Siempre será mejor una ley debidamente aprobada por el Congreso que un decreto firmado solo por el Presidente y sus ministros, en tanto los legisladores elijan, desde ya, defender a la gente común ante los privilegios de las poderosas corporaciones de extracciones diversas. Por lo pronto, los gobernadores han sido cautos, sobre todo porque aspiran a que se reinstale el impuesto a las ganancias que Massa eliminó parcialmente en una de sus decisiones más electoralistas. Ese impuesto es coparticipable; muchos legisladores tienen una relación política estrecha con sus gobernadores. No es una suposición errónea inferir que el Congreso podría aprobar las leyes de Milei, aunque también existen los intereses de la corporación política. El Presidente, el más débil de la historia en el Parlamento, deberá enviar al Congreso, además, los proyectos de leyes tributarias y educativas, entre otras, que no estuvieron contempladas en el DNU del miércoles. Ese decreto tiró abajo la promoción industrial, por ejemplo, pero no incluyó a las empresas radicadas en Tierra del Fuego. Estas empresas gozan de desgravación impositiva, y los DNU no pueden legislar sobre impuestos.
Al jefe del Estado lo aguarda, aunque insista con el DNU, un camino escarpado, estrecho y áspero. Detrás de cada regulación hay siempre un interés, sea este de políticos, de dirigentes sindicales o de sectores empresarios. Por ejemplo, las obras sociales competirán en adelante con las prepagas; eso significa que tal decisión golpeará en el plexo solar de los dueños de los sindicatos. Es la primera vez desde Onganía que un gobierno hurga en las obras sociales, la principal caja política de los sindicalistas. ¿Cómo no van a estar movilizados los dirigentes de la CGT, a pesar de su complicidad de cuatro años con Alberto Fernández? De todos modos, el sinceramiento de los precios requiere también de una actualización salarial de los trabajadores. Como dice Felipe González, se trata de astucia más que de otra cosa: ¿a quién le serviría una economía donde los empleados y obreros no puedan consumir? Eso sucedería si todos los precios de la economía se sinceraran, menos el del trabajo. A propósito, el kirchnerismo y el propio Fernández fueron los primeros en salir a cuestionar la constitucionalidad del DNU de Milei. Es cierto que los precedentes malos no justifican nada, pero todas las administraciones peronistas de los últimos 40 años gobernaron con facultades delegadas por el Congreso, bajo una injustificada emergencia económica declarada por ese mismo Congreso y, muchas veces, con mayoría parlamentaria propia. Imposible mayor concentración de poder. La crítica requiere también de cierta autoridad moral, que el kirchnerismo no tiene.
Otro ejemplo de intereses que viborean entre las desregulaciones. La indicación a los médicos de que deben recetar la droga genérica, y no el medicamento que produce un laboratorio, significa sacarles la protección a los fabricantes de medicamentos, y dejarles a los pacientes la libertad de elegir qué remedios quieren consumir. Milei camina como si ignorara que está tocando intereses muy poderosos; solo parece, dicen a su lado. Los laboratorios medicinales han sido históricamente un sector con amplia influencia en el Estado, que es, también, el principal cliente de todos ellos. Puede decirse que las medidas conocidas hasta ahora no tocan el derecho de nadie (salvo la ampliación del período de prueba de los trabajadores, medida pedida desde hace décadas por las pymes), pero extiende la libertad de los ciudadanos para que sean dueños de su propio destino. El sentido de las medidas tampoco debería afectar a las empresas, porque solo les abre la posibilidad de una sana competencia, mientras las libera de una serie de leyes y reglamentos que servían para que las extorsionara el Estado. Cayó el reino de los Guillermo Moreno de este mundo.
Algunas decisiones, como las de cielos abiertos, anulan leyes escritas con cierto estilo militar, típico de los tiempos en que existía la hipótesis de conflicto bélico con Brasil. Muchas decisiones del Estado argentino –y del brasileño– tienen sus raíces hundidas en esa obsoleta hipótesis que dejó de existir cuando tres presidentes sudamericanos (el argentino Raúl Alfonsín, el brasileño José Sarney y el uruguayo Julio Sanguinetti) decidieron fundar el Mercosur. Brasil se convirtió con los años en el primer socio comercial de la Argentina, no en el enemigo de una guerra inverosímil. Pero seguían vigente las leyes que se aprobaron en una época que ya fue. El preciso trabajo de Federico Sturzenegger había sido hecho por el reconocido economista para un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Sturzenegger no imaginó nunca que Milei tomaría su trabajo, que le entregaría su confianza, que le pondría su propio equipo técnico a disposición y que le ofrecería un cargo importante. Sturzenegger prefiere colaborar desde afuera, hasta marzo al menos.
El principal trabajo tras la monumental desregulación dispuesta por un DNU será de la Justicia. Así como los jueces más empinados prefieren no dar todavía una opinión sobre la constitucionalidad de la medida, sí presagian un huracán de planteos judiciales. Amparos, cautelares o hasta pedidos de per saltum, que es el mecanismo por el que se llega directamente a la Corte Suprema. Una solicitud de esa naturaleza, que significa un salto por sobre todas las instancias naturales de la Justicia, necesita de muy buenos argumentos, si es que los hay. Los jueces comenzaron el mismo miércoles a arremangarse aunque el trabajo de ellos comenzará en febrero, salvo que alguno habilite la feria judicial de enero.
El ecosistema también cambió para los piqueteros. La mejor imagen de esa significativa mutación fue la de Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, trasladándose en subterráneo y caminando por la vereda, tal como lo exigía el protocolo de Patricia Bullrich. El Gobierno estima que hubo unos 5.000 manifestantes el miércoles último cuando el promedio de tales marchas fue siempre mucho mayor. Más notable que todo eso fue la cantidad de denuncias que recibieron las fuerzas de seguridad de beneficiarios de planes que aseguraron que son extorsionados por los líderes piqueteros o multados cuando no van a las marchas. Es cierto, de igual modo, que existieron las rispideces entre la ministra de Seguridad, Bullrich, y el jefe del gobierno capitalino, Jorge Macri, y el jefe de la policía local, Diego Kravetz. Breve: ni Macri ni Kravetz exhibieron muchas ganas de acatar el protocolo antipiquetes hasta que este demostró su eficacia. En la noche del miércoles oscilante, Jorge Macri escribió un tuit en el que les agradeció a Milei y a las fuerzas federales por la colaboración en el operativo contra los piquetes. A esa misma hora, Bullrich le comentaba al Presidente que no había encontrado cooperación de parte de Macri ni de Kravetz. Poco después comenzaron los primeros cacerolazos opositores contra Milei. Muchos no sabían qué querían; solo sabían qué es lo que no querían. No quieren a Milei.
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