Por Emilio Grande (h.).- Los docentes de las 55 universidades nacionales no reciben aumentos desde octubre de 2023 y el presupuesto asignado por el actual Gobierno es el mismo que el año pasado que incluye las actividades de ciencia, tecnología, extensión universitaria y la atención de salud, frente a un 288% de inflación interanual. El Gobierno anunció aumentar el 70% para gastos de funcionamiento, que es mínimo porque el mayor % son salarios.
Por este motivo, hubo paros nacionales el 14 de marzo y esta semana los días miércoles 10 y jueves 11 de abril frente al ajuste gubernamental. En la UNRAF hubo este jueves una jornada de protesta, cuestionando las medidas del Gobierno, la situación que atraviesan las universidades, especialmente los salarios de los docentes.
Al respecto, el presidente Javier Milei desde Estados Unidos retuiteó sobre esta actividad en Rafaela, expresando que “después salen unos salames a negar que adoctrinan… Viva la libertad carajo”. ¿No sería más conveniente solucionar el problema en vez de cuestionar en las redes sociales?
En este contexto, rectores de las universidades nacionales en Santa Fe fueron recibidos por autoridades de la Cámara de Diputados para analizar el impacto presupuestario de los recortes que se aplicó en educación, ciencia, tecnología e investigación. También se hizo eco el Concejo Municipal de Rafaela, solicitando al Gobierno actualizar las partidas.
El secretario general de la UNRAF Marcelo Costamagna opinó en este programa radial que “estamos trabajando y en lo que haya que ajustar ajustaremos; hemos cambiado algunos criterios de uso de aulas y docentes. Si hay que hacer un esfuerzo, la universidad está preparada”, para agregar que “tenemos UNRAF global para salir a vender las carreras al exterior con cursos y posgrados que tienen remuneración”.
¿Hay alternativas para salir de esta coyuntura?
En la especialización en Enseñanza de la Educación Superior de la Universidad Católica de Cuyo investigué el tema “Niveles de arancelamiento en la universidad pública de la Argentina” (UCSE DAR, 2005-2007).
El planteo de este tema en la universidad pública no pasa por buscar posturas antagónicas entre quienes están a favor de la gratuidad a ultranza y los organismos internacionales, funcionarios o intelectuales que impulsan un arancelamiento total o la privatización.
A decir verdad, el presupuesto para la educación en la Argentina es muy bajo respecto a otros países europeos y latinoamericanos, lo que demuestra que a la dirigencia política le interesa poco invertir en esta materia, que constituye una piedra fundamental para el desarrollo con equidad y buscar caminos para salir de la pobreza socioeconómica de la mitad de la población desde hace muchos años.
Además, la mayor parte del presupuesto se destina para pagar sueldos paupérrimos -ocurre lo mismo en las universidades privadas- y lo que sobra se destina para otros gastos de funcionamiento. Los proyectos de investigación, mantenimiento y construcción de edificios están supeditados a otros programas.
En otros países hace tiempo que se impuso el arancelamiento y en la Argentina se seguirá un camino similar, había opinado la docente Estela Medina. Ya se está cobrando un arancel en algunas universidades públicas en las carreras de grados y de postgrados (por ejemplo, la UTN Rafaela lo aplica en las tecnicaturas y el postgrado).
Con un planteo similar, el colega Andrés Oppenheimer, autor del libro ¡Basta de historias! (2010), opinó que “defender la universidad gratuita para todos, entre ellos los ricos, es penalizar a los pobres, a los que estudian y también deben trabajar y terminan abandonando los estudios. Habría que cobrarles a los que pueden para ayudar a los otros”.
Se trata de un aporte sobre la necesidad de incorporar niveles de arancelamiento, que se pueden determinar según los ingresos familiares del estudiante. Para el grupo familiar de un alumno con sueldos elevados se puede establecer un arancel del 100%, el que tiene ingresos medios cobrar un porcentaje a establecer y en el caso de padres desocupados aplicar el sistema de gratuidad. Además, el egresado debería devolver con trabajo o dinero lo que recibió a lo largo de la carrera de 4 o 5 años. A través de este sistema solidario se permitirá paliar el financiamiento de la educación en la Argentina para sueldos, perfeccionamiento, investigación y obras de infraestructura.
