El diputado provincial Juan Argañaraz presentó un proyecto de declaración con «su beneplácito y acompañamiento al proyecto de ordenanza que tuviera entrada en el Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela el 17 de marzo de 2025, y que busca derogar en su totalidad la ordenanza 5.582 (aprobada en la sesión extraordinaria el 31 de enero de 2025) y que se convoque al diálogo y escucha de las instituciones de la ciudad a los fines de evaluar el lugar para la construcción de la nueva alcaidía», en la Legislatura provincial, como lo adelantó este sitio web.
En este sentido, los precandidatos a concejales Delvis Bodoira y Mónica Schmutzler, por la alianza “Somos vida y libertad” lista Inspirar, presentaron por nota al Concejo Municipal un proyecto sobre la derogación de la ordenanza 5.582, teniendo como objetivo fundamental que se escuche a las instituciones y actores claves por la ubicación de la nueva Alcaidía en Rafaela, que fuera aprobada al noreste de nuestra ciudad.
En los fundamentos del proyecto del legislador provincial, «la maratónica sesión extraordinaria del 31 de enero de 2025, el oficialismo de la ciudad de Rafaela impuso su transitoria mayoría legislativa para donar el terreno a la Provincia para la construcción de la nueva Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía con capacidad para 240 reclusos».
Se trata un terreno municipal de 14.111 m2, al noreste de la ciudad donde funciona el REMA, prolongación de avenida Italia y camino 5, incluyendo obras de infraestructura para su funcionamiento y accesibilidad, y el traslado del REMA.
El punto principal de la discusión de fondo es su emplazamiento, no la necesidad de una Alcaidía en la Circunscripción 5ta. Estará cerca de los barrios del norte como son Zazpe, Virgen del Rosario, Mora, San José y del futuro loteo propuesto por el Club Atlético, al sur del autódromo, cuyos valores seguramente serán depreciados por el mercado y de mínima habría que consultar sus visiones al respecto.
No hay dudas que el establecimiento penitenciario, tiene que servir para la región, no solamente para la ciudad y que realmente hay una necesidad de construir un establecimiento, pero no a cualquier costo y a espaldas de la ciudadanía, sin escucha ni diálogo.
Lamentablemente dicha norma fue votada sin debate en el Concejo, sin los intercambios necesarios a tan importante decisión política, sin convocar a todos los actores o involucrados.
Estamos convencidos que en la ciudad de Rafaela es una triste realidad que los espacios de debate pareciera que desaparecieron, los espacios de vínculos institucionales hoy en día no existen e indudablemente estas actitudes acarrean sus consecuencias sociales en la comunidad toda.
Lamentablemente la falta de diálogo institucional de las autoridades municipales y provinciales para buscar un consenso con los distintos actores sociales de nuestra ciudad es totalmente inaceptable en los tiempos que corren donde la escucha y el consenso deben primar por sobre decisiones políticas unilaterales y caprichosas, dándole una vez más la espalda a los rafaelinos que son víctimas de “apuros” políticos.
Es inentendible cuál fue la premura en votar esta ordenanza en pleno receso de verano, cuando la ciudadanía estaba preocupada por las altas temperaturas, el uso de la energía entre otros temas que eran primordiales en dicho tiempo.
