«(…) no cabe dejar de lado la incómoda situación que empieza a tener el proceso en orden a la prescripción de la acción penal que, de acaecer, tendrá como único responsable a cada uno de los magistrados que intervinieron en esta causa en la medida de su puntual labor de impulsar la investigación».
Así dice el escrito titulado «A propósito del delito de administración fraudulenta» -de 17 carillas- que fue presentado por un grupo de ahorristas de la Mutual de Atlético con el patrocinio de los doctores Graciela Ruscitti y Mariano Bergés en la mañana de ayer en el Juzgado Correccional a cargo de la doctora Raquel Brero, al que tuvo acceso este periodista y fue publicado en el diario La Opinión de Rafaela.
Y agrega: «(…) es la demora deliberada o por desidia, que ha provocado que luego de más de cinco años de iniciadas las actuaciones, y pese a la gravedad de la imputación y del material probatorio colectado en el proceso ni siquiera esté resuelta la situación procesal de los encausados».
En otra parte, dice que «esto refleja un muy triste papel de la Justicia de la ciudad de Rafaela, no ha de tolerarse y de ser necesario llegaremos hasta la instancia que sea para que se haga justicia sobre el fondo del asunto y para que los responsables de esa morosidad sean pertinentemente sancionados».
Y fueron más allá: «Esta fue una colosal defraudación a cada uno de los ahorristas, que ha sido fácilmente acreditada en el expediente, como lo está hoy, más allá de la inactividad de los jueces que -sorteados o no- se van haciendo cargo del asunto».
«Si en el estatuto de la Asociación Mutual, Social y Deportiva Atlético de Rafaela -continúa- se estableció por su artículo 5to. que los fondos de la entidad se depositarán sin excepción a nombre de la Asociación en entidades bancarias, nos parece ineludible que se explique por qué razón no se hicieron esos depósitos bancarios y se desviaron los dineros a otros fines. Ese es el meollo del delito de defraudación por administración fraudulenta: el desvío de los fondos, con fines de provecho personal o de terceros».
Alerta de los empleados
En este contexto hay que decir que los empleados de la Mutual citada venían alertando muy preocupados sobre lo que sucedía con el manejo de los fondos de la entidad: «En virtud de que los fondos retirados no corresponden a capital propio de la institución, sino por el contrario son fondos de inversores es por eso que solicitamos muy especialmente un urgente tratamiento de este tema, a fin de no ver comprometido nuestro normal funcionamiento, lo que significa seguir otorgando ayudas y poder devolver los ahorros a nuestros asociados».
Al respecto, agrega que «los imputados actuaron con clara determinación delictiva (voluntad de beneficiarse a costa del perjuicio del otro) toda vez que sabiendo que estaban violando la ley y los estatutos, y estando advertidos de ese incumplimiento, igualmente obraron conociendo que la actividad llevaría a la situación desesperante que provocó la imposibilidad de afrontar las devoluciones de los fondos entregados oportunamente a los inversores.
«Además de delincuente, (Gabriel) Gaggiotti resultó ser un perfecto «caradura», capaz de manifestar una mendacidad de esa magnitud, luego de lo cual se «escondió» en la ciudad de Ibiza, seguro que hasta allí no llegarían los «efectos» de los tres años de recesión, por el cierre de empresas rafaelinas».
Conviene recordar que el 2005 estuvo en Rafaela ante la declaración indagatoria ante el juez Osvaldo Carlos y podría volver a ser citado.
El 18 de diciembre de 2001 la Mutual realizó una asamblea para informar a todos los socios, pero «se presentó un informe de auditoría que brindaba cifras escalofriantes sobre la entidad como un pronunciado desajuste patrimonial, baja cobrabilidad de préstamos o ayudas mutuales, falta de rentabilidad, se informaba el desvío de fondos hacia actividades deportivas por montos superiores a $ 6.000.000 y el contador Morsillo admitió violaciones reiteradas a las normas que regulaban las condiciones de ayudas mutuales (créditos a asociados)».
Una semana antes de la asamblea del 24 de setiembre de 2001 en la que se resolvió ilegítimamente el virtual «congelamiento» de los depósitos (acta N° 706) se aprobaron «ayudas mutuales» hasta 18.115 dólares. Una semana después del 24 de setiembre mencionado se aprobaron «ayudas mutuales» hasta 20.021 dólares (acta 708).
Debe apuntarse que «se aprobaron, desde el 3 de enero de 2000 hasta el 29 de setiembre del 2001, 10.631 ayudas mutuales, lo que representa en 20 meses la misma cantidad de ayudas documentadas que lo aprobado en toda la historia anterior de la Mutual (11 años)».
