Por Marcelo Silva de Sousa.- Las suspicacias de quienes ven la mano de Francisco detrás de las estadísticas que brinda el Observatorio de la Deuda Social Argentina le generan tanta molestia como la actitud de quienes pasaron raudamente del escepticismo a la aceptación de los datos publicados. «Todo funcionario del gobierno, tarde o temprano, empieza a pedirle al campo académico buenas noticias», dice, resignado, Agustín Salvia, director del Observatorio. El organismo, que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA), acaba de presentar la actualización del informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que analiza la situación socioeconómica del país entre 2010 y 2015. Salvia destaca entre los principales déficits que el kirchnerismo dejó como herencia que sólo «el 43% de los 18 millones que trabajan o buscan trabajo tienen un empleo decente, regulado en la economía», mientras que el 57% restante está dentro del universo del empleo precario o desempleado. Pero, también, en la presentación se confirmó el dato alarmante que se había dado a conocer en abril, sobre la base de proyecciones sobre el primer trimestre del año: entre diciembre y marzo se generaron 1,4 millones de «nuevos pobres» y 400.000 indigentes más.
-¿Cómo se llegó a esta situación?
-Este gobierno asumió teniendo las variables macroeconómicas desajustadas. Había que aplicar necesariamente políticas correctivas que tienen un costo económico. Aumentó la pobreza por la devaluación y por el aumento de precios. El Gobierno hizo un esfuerzo grande y puso en juego programas de transferencia de recursos, a veces tardíamente, para contener la situación.
-¿Las políticas «correctivas» y su impacto fueron el esperado?
-Más allá de la salida del cepo cambiario y del acuerdo con los holdouts, el Gobierno empezó por bajar tensiones. Envió mensajes hacia sectores como el agropecuario y el minero, y me pareció razonable como estrategia económica. Pero no fue razonable que no haya habido regulaciones en la evolución de los precios ni castigos al empresariado irresponsable. Tampoco lo fue que el aumento de las tarifas haya sido tan violento y desordenado. Existieron descuidos, y los costos sociales fueron cubiertos parcialmente por programas sociales, que no llegan a todos. Las clases medias bajas y los sectores populares, vinculados a la economía informal, fueron los más golpeados y donde más aparecieron los «nuevos pobres».
-¿Qué papel asumieron los empresarios ante el cambio de gobierno?
-Operó en un sentido inverso a lo que el Gobierno esperaba y a lo que la situación del país necesitaba. Vi una clase empresaria muy ávida por especular, que aumentó precios antes, durante y después de la devaluación, y estuvo poco dispuesta a invertir. Ese comportamiento poco responsable también llevó a que aumentara la pobreza.
-El Gobierno reafirmó su meta de trabajar por la «pobreza cero». ¿Aparece ahora en un horizonte más lejano?
-Creo que el Presidente sabe que no puede llegar a la pobreza cero. Conserva el eslogan político para mantener cierta expectativa y confianza. Es una forma de decir que se puede erradicar la pobreza como sociedad. Es importante para mantener alerta a la sociedad, pero no basta con decir «se puede», sino que además hay que explicar cómo. Ahí fallan, en comunicar el modo, aunque no sé si el Gobierno tiene efectivamente el plan para alcanzarlo.
-Usted había mostrado preocupación porque se impusiera la visión de la «teoría del derrame» como una panacea. ¿Cambió su percepción?
-Todavía existe esa disyuntiva en el interior del Gobierno. La experiencia histórica le va a dejar enseñanzas de que eso difícilmente ocurra. Todavía no llegó la gran invasión de inversiones, algo de eso puede pasar, pero no lo suficiente como para que el derrame implique necesariamente inclusión social. Y pasa lo mismo con el blanqueo. Si vienen capitales, habrá más actividad, y seguramente mejore la situación, sobre todo para sectores más calificados. Pero seguirá habiendo no menos de tres millones de personas en situación de precariedad laboral.
-¿Está pendiente la convocatoria a un «pacto social»?
-Sí. Estratégicamente, el Gobierno no lo ha hecho para aprovechar el viento de cola que le dio haber sido elegido recientemente. Pero es muy importante reunir a todos los actores políticos, económicos y sociales para debatir la aplicación de políticas de Estado. Sólo con lograr eso, pasará a la historia. Estamos ante una oportunidad histórica para convocar a un acuerdo a largo plazo y pensar en políticas de aquí a 5, 10 o 15 años.
Fuente: diario La Nación, 15/08/2016.
