Un plan de calidad y saneamiento de aguas que comprende 2.000 obras diversas y demandará inversiones por más de 20.000 millones de euros, que fue preparado por el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas, comenzaría a implementarse este año en España. El proyecto comprende emprendimientos para la protección de las zonas de abastecimiento, plantas de tratamiento de efluentes en poblaciones con más de 2.000 habitantes, nuevas depuradoras y modernización de las existentes, desaladoras y plantas para la reutilización de aguas residuales, entre otros previstos, con el fin de preservar los ecosistemas acuáticos y devolver el agua usada en buenas condiciones a los ríos.
Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente introducirá reformas a la Ley de Aguas respecto de la planificación, el dominio público, las aguas subterráneas y un nuevo régimen de sanciones, que contempla multas de hasta dos millones de euros, para las infracciones más graves en que incurran los concesionarios de los servicios, entre otras medidas de cambio del régimen legal vigente en relación con el agua. Las reformas significarán un cambio del sistema actual de gestión, enfocado en la atención de las demandas de agua, por otro que priorizará la disponibilidad y calidad.
El fondo de la cuestión
La trascendencia de las decisiones mencionadas revela un cuadro de situación dominado por la escasez de agua, por otra parte, repetida en buena medida en el resto de Europa. El suministro de agua de calidad y las garantías de sostenimiento de la provisión en el tiempo, así como el eficaz tratamiento de las aguas servidas para su reutilización y/o retorno a los cursos naturales, sin desmedro del medio ambiente, son temas fundamentales en las agendas de gobiernos y de organizaciones ambientalistas europeas que trabajan en el tratamiento de la problemática.
En el caso español, en lo sustancial, “se trata de trasladar al régimen jurídico un nuevo paradigma, que considera el agua como un recurso y escaso que debe protegerse de manera sostenible con prioridad sobre su uso económico”, según el director general del Agua de ese país.
La cuestión de la falta de agua dulce es un serio problema a escala mundial, y en muchas regiones del planeta una dolorosa realidad. Lejos de la potable, más lejos aún de reales posibilidades de cambios significativos en los críticos escenarios existentes, la escasa disponible no es apta para el consumo humano. En casos extremos, muchas personas deben recorrer kilómetros diariamente para proveerse de unos pocos litros.
A fines del año pasado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó un llamamiento para que se reconozca como un derecho humano el acceso mínimo a 20 litros de agua limpia al día, que debería ser gratuita para la población sin recursos. El PNUD sostiene que mientras un habitante de Estados Unidos o del Reino Unido gasta 50 litros diarios abriendo la canilla, miles sobreviven con menos de cinco litros de agua contaminada al día. Asimismo, considera que los países industrializados deben encarar un plan de acción mundial para resolver la crisis del agua y el saneamiento, que causa la muerte de dos millones de niños por año.
Nada permite suponer que algo prospere en tal sentido. En el mercado global, el agua es considerada un producto más y como tal objeto de intercambio económico, como es ya por demás evidente. El hecho de que la escasez se acentúe al par del aumento de la demanda, o sea, del número de necesitados, hace que el agua potable adquiera progresivamente mayor valor intrínseco y, a la vez, se convierta en un producto de más que interesante aptitud comercial.
El que haya pasado a ocupar el agua un lugar de privilegio en el mundo de los negocios globales es clara demostración de la magnitud del problema y, por consiguiente, de la importancia económica que representa, cualquiera sea el rubro o especialidad que tenga que ver con ella.
Es el caso, sin embargo, que la explotación del recurso a impulsos del puro interés económico inexorablemente terminará imponiendo una brecha, ya existente en muchos lugares del planeta, entre quienes puedan disfrutarlo y los que no dispongan de los medios para hacerlo. En su libro “La tierra explota”, Giovanni Sartori apunta que el agua “es cada vez más el bien primario que de manera más clara separa al Norte del Sur del mundo”. Afirma, en tal sentido, que “si para los países ricos hay sólo problemas de reducción de los despilfarros, para los pobres incluso esterilizar el agua de una charca suele ser ya un lujo”.
Admitido que el agua es un derecho humano fundamental que alcanza a todos por igual, sin distinción alguna, el desafío consiste en hacerlo realidad. Lo que se precisa para ello exige otra disposición que la que hoy impera a escala global por el peso de los intereses dominantes.
El precio del agua en Europa
Tomando en cuenta lo publicado por el diario español “El País” (diciembre de 2006) sobre el particular, la tarifa que pagan los españoles es la más baja de Europa: 1,28 euros por metro cúbico de promedio. En Francia oscila entre los 3 y 5 euros, y en Dinamarca, donde se aplica un impuesto finalista ambiental de 0,60 euros, oscila entre los 6 y 8. Para un funcionario de la Agencia Catalana del Agua, el precio “es la única manera de que los ciudadanos perciban su valor real y sean eficientes en su consumo”, menciona el diario.
¿Cuánto nos cuesta a los santafesinos privilegiados que, mal o bien prestado, disponemos del servicio de agua potable? Hasta 20 metros cúbicos, la tarifa básica es de $ 0,2035; excedido ese límite, $ 0,3395.
03/Marzo/07.
Agrupación AGUA y FUTURO
Rafaela
