El concejal Juan Scavino aclaró que acompañó con su voto la minuta de comunicación referida a la campaña “Denunciá”, porque “nunca se debe limitar la posibilidad de que un concejal solicite información o plantee sus inquietudes”. Sin embargo, cuestionó con firmeza las afirmaciones realizadas durante el debate respecto del verdadero objetivo de la iniciativa.
“La campaña nunca tuvo por finalidad que la Municipalidad recepcione denuncias penales. Por el contrario, buscó informar, orientar y facilitar el acceso de los rafaelinos a los canales legalmente habilitados, como los Centros Territoriales de Denuncia, el Ministerio Público de la Acusación, el 911 y las comisarías. Decir otra cosa es faltar a la verdad”, sostuvo Scavino.
En ese sentido, el edil remarcó que la campaña no creó ningún mecanismo paralelo de recepción de denuncias, no sustituyó a ningún organismo competente y mucho menos pretendió que el Municipio asumiera funciones propias del Ministerio Público de la Acusación o de las fuerzas de seguridad.
“Lo que hizo la campaña fue algo tan simple como necesario: decirle a un rafaelino que tiene información sobre un delito dónde debe denunciarla. Pretender convertir eso en otra cosa es una tergiversación deliberada del sentido de la iniciativa”, afirmó.
Scavino recordó además que la propuesta surgió en el marco del Foro de Seguridad convocado por el intendente Leonardo Viotti, un ámbito de participación y construcción colectiva que busca generar propuestas para mejorar la prevención del delito y fortalecer el compromiso ciudadano.
Pero el concejal puso el foco en lo que consideró el aspecto más grave del debate: la utilización de acusaciones de enorme gravedad sin acompañarlas con pruebas.
“Una cosa es controlar, preguntar, pedir explicaciones y hasta cuestionar una política pública. Todo eso forma parte de la democracia y por eso voté a favor de la minuta. Otra cosa muy distinta es afirmar que la Municipalidad estaba recibiendo denuncias penales por fuera de los canales institucionales. Si tenían la certeza de que eso estaba ocurriendo, ¿por qué nunca realizaron una denuncia formal ante la Justicia? ¿Dónde está una sola denuncia, un solo expediente, una sola actuación judicial que demuestre semejante acusación?”, preguntó.
Y agregó: “No existe una sola prueba que permita sostener lo que están afirmando. Y cuando se realizan acusaciones de esta gravedad sin pruebas, no estamos frente a un acto de control: estamos degradando el debate público y las instituciones”.
El edil también cuestionó que quienes hoy pretenden presentarse como referentes en materia de seguridad omitan explicar sus propias responsabilidades cuando tuvieron la posibilidad de gobernar.
“Resulta llamativo que quienes gobernaron la ciudad durante 32 años y la provincia durante gran parte de los últimos años pretendan dar lecciones sobre seguridad. Estamos hablando del mismo espacio político bajo cuya gestión la provincia atravesó los peores niveles de violencia de su historia, con sicariatos, organizaciones criminales operando con impunidad y una crisis de seguridad que trascendió las fronteras de Santa Fe”, sostuvo.
En particular, Scavino recordó el episodio relacionado con las cámaras de reconocimiento de patentes LPR instaladas en la ciudad.
“Los rafaelinos recuerdan perfectamente el episodio de las cámaras LPR y las irregularidades que se produjeron con su instalación, al punto de que estaban conectadas de manera ilegal al tendido eléctrico de la EPE. Y hay un dato que no puede ser soslayado: quien era secretario de Seguridad en aquel momento es hoy concejal y fue uno de los protagonistas de aquella gestión”, señaló Scavino, en referencia al actual edil Maximiliano Postovit.
“Antes de venir a explicarles a los demás cómo se debe trabajar en seguridad, algunos deberían tener la honestidad política de explicar qué hicieron cuando tuvieron responsabilidades concretas de gobierno y ocurrieron situaciones como ésta”, agregó.
El concejal también recordó que durante la gestión provincial anterior se sucedieron numerosos ministros de Seguridad, mientras la problemática se agravaba y las organizaciones criminales incrementaban su capacidad de acción.
“No fueron capaces de controlar las cárceles, permitieron que delincuentes de altísimo perfil siguieran operando desde los establecimientos penitenciarios y dejaron una provincia sumida en una crisis de seguridad sin precedentes. Ese es el legado sobre el que deberían dar explicaciones antes de intentar señalar con el dedo a quienes hoy trabajan para reconstruir las instituciones y recuperar la confianza ciudadana”, afirmó.
Para Scavino, además, el contexto político en el que aparecen estas acusaciones tampoco puede ser ignorado. “Estamos entrando en un escenario electoral y todos sabemos que Juan Senn tiene aspiraciones de ser intendente. Es legítimo que cada espacio político quiera construir su alternativa y competir electoralmente. Lo que no es legítimo es pretender hacer campaña electoral degradando las instituciones, instalando sospechas y acusaciones que después nadie puede demostrar”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que el objetivo de algunas de estas acciones parece ser más político que institucional. “Si la intención es discutir cómo mejorar la seguridad de Rafaela, nos van a encontrar siempre trabajando y aportando. Si la intención es oradar al intendente Viotti en función de una candidatura, que lo digan claramente y que den el debate político de frente. Lo que no podemos aceptar es que para construir una candidatura se pretenda sembrar sospechas sobre instituciones, funcionarios o trabajadores municipales sin presentar una sola prueba”, afirmó.
Finalmente, Scavino defendió la necesidad de seguir promoviendo la denuncia como herramienta fundamental para combatir el delito. “Los delitos que no se denuncian no aparecen en las estadísticas y tampoco permiten diseñar políticas públicas eficaces. Promover que la ciudadanía utilice los canales oficiales no sólo es legítimo, sino que es una obligación de cualquier Estado que pretenda enfrentar el problema de la inseguridad con seriedad”, sostuvo.
Y concluyó: “Yo voté a favor de la minuta porque nunca voy a estar de acuerdo con limitar la información ni con impedir que un concejal haga preguntas. Pero votar una minuta no significa convalidar cualquier interpretación que se haga de ella. Los rafaelinos esperan soluciones, no operaciones políticas. Esperan dirigentes que ayuden a resolver los problemas y no que intenten construir titulares a partir de acusaciones que no pueden demostrar. Esa diferencia entre controlar y especular, entre trabajar y hacer política electoral con las instituciones, es la que hoy vuelve a quedar expuesta”.
