Por María Herminia Grande.- Argentina tiene una particular manera de relacionarse con la política. Para ningún gobierno de un país latinoamericano y mucho menos de un europeo, el resultado de las elecciones legislativas del pasado 28 de junio hubiese sido tomado de la manera como lo actuó nuestro gobierno. Sin ignorarlo, lo desconoció. Kirchner fiel a su estilo de acumulación de poder, fue “por más”. No necesariamente lo expuesto se traduce como fortaleza. La licuación del resultado electoral, del cual por estos días se cumple un año, fue ayudado a tal fin por las oposiciones que resultaron triunfantes; por la “tibieza” de la sociedad representada por ONGs que defienden la calidad institucional, por distintas entidades intermedias, empresarias y gremiales. Inclusive esta licuación que cataliza a los dirigentes no encontró la excepción en los integrantes de la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias. Aquellos que convocaron multitudes en Rosario y luego en el monumento a los Españoles en Buenos Aires, hoy transcurren anémicos de favoritismo.
¿Por qué nuestra querida patria fagocita todo lo que asoma como un proyecto posible? ¿Ocurría lo mismo cuando los partidos políticos tenían el peso de la representación social de los ciudadanos? Si durante el transcurso de un año se fue desvaneciendo el resultado electoral y no porque el gobierno haya recepcionado el mensaje de la sociedad y actuado en consecuencia; ¿será por qué la propia sociedad no tiene la perseverancia de insistir en sus convicciones?
Por estas horas lo que fueron versiones y/o declaraciones aisladas llegó de cuerpo presente a la casa política por excelencia: el Congreso de la Nación. El ex embajador argentino en Venezuela, Sadous, ratificó ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja sus dichos ya expuestos hace dos meses, ante la Justicia. Dos de los tres poderes fundantes de la Nación, están enterados del “vínculo” existente entre algún sector protagónico del gobierno argentino y su par venezolano. Quienes participaron de la reunión juraron confidencialidad. No obstante oídos calificados aseguran que lo allí expuesto es causa suficiente para que la Justicia al menos cite a indagatoria a las personas involucradas. Si en dos meses ningún juez “amagó” con ningún movimiento tendiente a tal fin, debe ser por aquello de que “no hay nada más débil que un juez en Argentina cuando juzga al poder”. Dos son las estrategias posibles. Una de ellas es avanzar sobre la creación de una Comisión Especial de Investigación de los negocios con Venezuela. Para ello, dado que los números están justos, se necesitaría de la anuencia del diputado Pino Solanas, quien manifiesta “hay que ser implacable contra toda corrupción, pero me opongo a todos aquellos que a caballo de esta corrupción lo único que quieren es pegarle a Chávez”. Si esta iniciativa no prospera, la idea del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Alfredo Atanasoff, es convocar cada semana a uno de los actores mencionados por el ex embajador Sadous.
Aquí cabe recordar lo que nos decía el Dr. Juan Carlos Vega, “un proceso judicial por corrupción en Argentina dura como promedio, catorce años, y sólo el 4% de ellos recibe condena…”
A manera de conclusión sobre aquellas elecciones del 2009, se puede decir que de julio a diciembre del mismo año el kirchnerismo, utilizando la mayoría legislativa que ya no reflejaba la realidad pero tenía mandato, logró la sanción de tres o cuatro leyes de extraordinaria importancia que le permitió blindar su accionar hasta el 2011. Por su parte, las oposiciones no supieron, no quisieron o no pudieron aprovechar ese mismo tiempo para estructurar la estrategia política que debían mostrar a la sociedad a partir del 10 de diciembre de 2009 en momentos de su asunción. Recién en este último tiempo están intentando mostrar cierta coherencia. Así como el 28 de junio de 2009, con su voto la sociedad intentó poner una bisagra a la hegemonía kirchnerista, casi un año después, las oposiciones recogen el mandato social votando la derogación de los superpoderes. Y dos hechos auspiciosos de este pequeño cambio tienen que ver uno con la media sanción por unanimidad del proyecto de ley que sanciona a las empresas extranjeras que operan en nuestro país y que están relacionadas con la explotación petrolífera en Malvinas. El otro, con la aprobación por unanimidad del proyecto de reforma de 18 artículos del Código Penal en relación con lo que se denomina “Delitos contra la Administración Pública”.
Fuente: diario La Capital de Rosario, 26-06-10.
