Por Joaquín Morales Solá.- Cuando parecía que la propia Justicia les soltaba las manos a los tres jueces destituidos por el kirchnerismo, la Corte Suprema pegó ayer un golpe sobre la mesa y dijo basta. Por decisión unánime, el máximo tribunal del país decidió aceptar el pedido de per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli; congeló de esa manera el proceso de sustitución definitiva de ellos en los cargos que tenían. La decisión significa en los hechos un serio revés político y judicial para el gobierno de Alberto Fernández, docente de la Facultad de Derecho, y, sobre todo, de su vicepresidenta Cristina Kirchner, la principal interesada en echar a esos jueces de los cargos que tenían hasta hace poco. Más allá del caso específico que se resolvió ayer, lo cierto es que la resolución de los jueces supremos indica que prevalecieron en ellos los intereses de las instituciones en un momento crítico, por encima de las diferencias internas que realmente existen.
Uno de los hechos que volcaron la decisión de la Corte Suprema fue la confesión pública, hecha el lunes, por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ese tribunal, que era la instancia inferior a la Corte que debía decidir sobre la situación de los jueces, reconoció que estaba empantanada. Un juez, Guillermo Treacy, había votado a favor de los intereses del Gobierno. Otro magistrado, Jorge Alemany, había escrito su veredicto en defensa de la situación de los jueces. Empate. El tercer juez se había excusado porque él mismo es un juez trasladado; es decir, está en la misma situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El procedimiento indicaba que debía sortearse otro camarista, lo que sucedió ayer. La jueza Clara Do Pico, que resultó elegida en el sorteo, requería un tiempo para conocer el expediente y tomar una posición. La Cámara ya se había demorado más de lo necesario cuando pidió hasta el diario de sesiones del Senado para leer el soporífero debate sobre los acuerdos para los tres jueces, que obviamente fueron rechazados. Lo único que encontrarán es una larga lista de menciones a Mauricio Macri por parte de los senadores peronistas, que culparon al expresidente hasta de la lluvia y de la sequía. Esa Cámara tiene el planteo de los tres jueces destituidos desde hace más de un mes. Solo el lunes aceptó que no estaba en condiciones de decidir rápidamente. Para peor, el Consejo de la Magistratura debe seleccionar a los reemplazantes de Bruglia, Bertuzzi y Castelli con los dos tercios de los votos de los presentes, no del total de los consejeros. El Gobierno no tiene los dos tercios, pero nunca falta una caída oportuna del sistema de internet o un corte de luz. Si se hubiera designado a los reemplazantes de los tres jueces destituidos, estos habrían perdido la batalla definitivamente.
Y si, encima, la Corte Suprema hubiera recurrido al purismo jurídico para rechazar el per saltum (que significa precisamente saltearse la instancia de la Cámara en lo Contencioso), los tres jueces podrían haber denunciado que eran víctimas de dejación de justicia. Esto es: que la Justicia habría abandonado sus deberes esenciales y habría dejado a los jueces en un limbo, sin la opinión definitiva de las más altas instancias del Poder Judicial. La Corte decidió, en cambio, poner un pie en el conflicto y parar el partido hasta que ella resuelva la cuestión de fondo. En 15 días más, el tribunal estará en condiciones de tomar una decisión. El primer mérito es del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, porque decidió recurrir a una de las pocas facultades que le dejaron para convocar a una reunión extraordinaria y tratar de una buena vez la situación de los tres jueces damnificados. Es lo que sucedió ayer. Hubiera sido mejor que los cinco jueces supremos firmaran el mismo voto, pero Rosenkrantz debió suscribir el suyo en solitario. De hecho, el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti se atribuyó luego la arquitectura del acuerdo en mensajes a varias personalidades destacadas del país. A los cuatro jueces restantes (Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti) no les gustó evidentemente la resolución del titular del cuerpo de convocarlos por decisión propia. Rosenkrantz no fue invitado a compartir el voto de los otros cuatro. A Rosenkrantz le quedan dos semanas para tratar de recomponer la relación con algunos, al menos, de los otros jueces. Y los otros también deberán hacer un esfuerzo para convivir civilizadamente mientras dure el mandato del actual presidente. Los mandatos deben cumplirse, sean constitucionales o reglamentarios, y la Corte tiene que dar ese ejemplo. No son, además, un centro de estudiantes universitarios como para llevar las discordias hasta el infinito.
La diferencia perceptible en el voto de Rosenkrantz con respecto a los otros jueces es que sostiene que el desplazamiento de Bruglia, Bertuzzi y Castelli abarca mucho más que la situación de estos tres. Si se aceptara que fueron mal trasladados en su momento, centenares de jueces, que están en la misma situación de los damnificados ahora, podrían ser destituidos también, eliminando el principio de la inamovilidad de los jueces y el derecho al juez natural, sostiene Rosenkrantz. No se trata solo de esos tres magistrados, señaló el presidente de la Corte, sino de la estabilidad del sistema republicano y de la plena vigencia de los derechos y garantías de la Constitución. Por eso, calificó lo que está sucediendo con los tres jueces de «gravedad inusitada».
La posibilidad de una derrota, que finalmente sucedió, excitó al Gobierno en los últimos días. Hizo monumental lo insignificante, como a veces hace insignificante lo monumental. Sucede que el segundo hecho determinante de la decisión judicial fue la movilización social en defensa de los tres jueces. Desde la medianoche del domingo hasta el mediodía del lunes, la administración en pleno se declaró consternada por una manifestación de veinte automóviles que pasaron tocando bocina delante de la casa del juez Lorenzetti, en Rafaela, Santa Fe. La catarata de expresiones concluyó con un discurso del propio Alberto Fernández, que señaló que esas manifestaciones son parecidas a las prácticas del fascismo y del nazismo. Ayer, la DAIA, la principal organización política de la comunidad judía, le recordó al Presidente en un documento oficial que no es conveniente comparar el genocidio de millones de personas durante la Shoá, el holocausto que mató cruelmente sobre todo a personas de religión judía, con pobres peleas políticas locales.
Ninguna presión a un juez es buena, pero debe recordarse que nadie del kirchnerismo ni del peronismo se solidarizó con tres jueces supremos cuando estos decidieron aplicar el sistema de 2 por 1 que beneficia a los delincuentes comunes (un año de prisión se computan como dos) para los delitos de lesa humanidad. Más allá de si esa sentencia fue correcta o no, lo cierto es que los jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti fueron escrachados en universidades y una manifestación enorme se agolpó en el Palacio de Tribunales en protesta contra la decisión de los magistrados. Silencio. Nadie dijo nada. ¿Acaso, veinte automóviles tocando bocina es una presión más importante que la presión pública que hicieron notables figuras del Gobierno? El Presidente se refirió directamente a Rosenkrantz y le reprochó indirectamente que haya convocado a la reunión de ayer. Cristina Kirchner, en un tuit más directo, le dedicó destempladas frases a la Corte. Su abogada de confianza, Graciana Peñafort, había señalado antes, cuando el máximo tribunal trataba un pedido de Cristina para que avale las reuniones por videoconferencia del Senado, que lograrían el acuerdo de los supremos «por la razón o por la sangre». El lunes, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, una persona que suscitó en su momento el respeto de muchos jueces y fiscales, calificó de «escándalo jurídico» la posibilidad de que la Corte les diera la razón a los tres jueces. ¿Escandalizados por las bocinas de veinte automóviles mientras el propio Gobierno presionaba y presionó a la Corte encandilado por las luces del escenario público?
La razón -o no- de los tres jueces será la próxima noticia de la Corte Suprema cuando trate la cuestión de fondo. Los cinco jueces de la Corte se pronunciaron en distintas acordadas a favor de los traslados de los jueces si estos tienen la misma jerarquía y jurisdicción. Rosenkrantz y Highton de Nolasco fueron más amplios en una acordada previa, en la que autorizaron incluso los traslados de jueces de tribunales ordinarios a los federales. En una acordada posterior, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti señalaron que los traslados estaban bien hechos si se tratada de jueces de igual jerarquía y jurisdicción. Estaban tratando el caso específico de Bruglia, uno de los tres jueces destituidos por el kirchnerismo por supuesta incorrección en sus traslados. En el fallo de ayer, la mayoría no calificó de «gravedad institucional» lo que sucede con los tres jueces destituidos, pero eso podría significar mucho o nada. Podría anticipar que esperarán, otra vez, la opinión de la Cámara inferior o que simplemente se pronunciaron de manera implícita por la gravedad institucional al aceptar el per saltum. Los jueces supremos podrán tener disputas internas, ciertas inclinaciones políticas o ideológicas y hasta algunos rencores, pero siempre han preferido no tropezar con la incoherencia. No es poco, sobre todo cuando se echa de menos cierta coherencia entre los gobernantes.
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 30 de setiembre de 2020.
