Por Germán de los Santos.-Tras la detención de los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, imputados de cobrar coimas, asoma en la investigación otro eje de recaudación a través del juego clandestino: la policía.
La evidencia que abre más sospechas de que la estructura policial también cobraba sobornos del empresario Leonardo Peiti, quien, en sociedad con la banda Los Monos, manejaba unos 80 casinos clandestinos en Rosario y unos 300 en todo el territorio de Santa Fe, es un documento secuestrado en la residencia de la secretaria del capitalista de juego en el que aparecen los montos que se habrían derivado a la fuerza de seguridad provincial para manejar esa empresa ilegal.
En ese documento figura el sobrenombre «Sarna» al que el empresario le adjudica un monto de $10.000 por sala. Ese apodo podría hacer referencia, según las fuentes judiciales, al actual jefe de la Policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, a quien los investigadores analizan llamar a prestar declaración en la causa. Este cronista intentó contactarse con Sarnaglia, pero el jefe policial no atendió las llamadas.
«Vamos a tener un gasto de 20 K (por $20.000) por mes por sala. (Se lo vamos a dar en 10 K por mes a cada comisario para que se lo reparta con los jefes de insp (inspección) y orden y los otros 10 K por mes son para Sarna. Después también hay como otros 10 K por mes que serían los gastos de la federal, la fiscalía y otros Monos. En general cada sala tendría un gasto de 30 K por mes», señalan las anotaciones que hizo Peiti, que constan en el expediente.
Se calcula que el empresario imputado, que se presentó como arrepentido, controlaba unas 300 salas de juego ilegal en Santa Fe. Ese negocio creció debido al cierre de los casinos oficiales por la cuarentena.
Fuentes de la investigación señalaron que «hay una gran cantidad de evidencia secuestrada relacionada con la policía. Consideramos que hay puntos claros para avanzar».
Según lo que se desprende de la pesquisa,ese esquema de pago de coimas fue el que funcionaba hasta la caída de Peiti. Se sospecha que antes también había otra caja negra, incluso más voluminosa, que se nutrió históricamente del juego clandestino, un negocio ilegal, que es minúsculo comparado con el dinero que mueve la venta de drogas y lo que absorben sectores de la fuerza de seguridad para proteger esos mercados.
En esta trama aparecen -según la investigación- puntos de contacto que abarcan tanto a las gestiones anteriores como a la nueva conducción policial. Uno de los enlaces sería Víctor Martínez, hombre de confianza del extitular de la Policía de Investigaciones Daniel Corbelini y actualmente afincado en la Unidad Regional II, en el entorno del jefe Danilo Villán.
La casa de Martínez fue allanada por orden de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra hace tres semanas. En la residencia encontró una caja fuerte, donde estaban guardados varios chips de telefonía celular y tarjetas de memoria. Ahora los investigadores están analizando esa información. Hasta el momento Martínez aparece como sospechoso de armar «una causa poncho» junto con el fiscal Ponce Asahad. Así se denomina en la jerga judicial a aquellas investigaciones que se «crean» para tapar otras.
Inventaron una causa sobre juego clandestino que estaba «vacía», pero el objetivo era -según describió en la audiencia la fiscal Gisela Paoliceli– que absorbiera otras investigaciones reales contra Peiti, quien pagaba coimas mensuales de US$5000 a los dos fiscales detenidos.
Era bastante sofisticado el mecanismo que funcionaba dentro de la Fiscalía de Rosario para encubrir al empresario. En 2018 Serjal le pidió a la fiscal de Cañada de Gómez, Gabriela Lescano, que hiciera un relevamiento sobre juego clandestino. Sobre la base de la información policial, la funcionaria envió un informe a la fiscal que coordina las delegaciones del interior, Natalia Benvenuto, pero ese documento estaba vacío, porque los efectivos no habían encontrado nada, algo que le llamó la atención a la fiscal porque no había ninguna investigación abierta.
El informe fue a parar a la Unidad de Delitos Complejos. Según contaron en la audiencia, Benvenuto se tomó vacaciones y envió el legajo a Ponce Asahad, porque el fiscal debía ordenar unos allanamientos sobre juego clandestino.
«Con ese expediente Ponce Asahad abrió otro, con el mismo objeto y con los mismos imputados. Lo hizo para que figurara una causa», describió Paoliceli. Esa causa estaba vacía y no iba a prosperar. Pero Ponce Asahad lograba proteger a Peiti y cubrirse sus espaldas. El 5 de diciembre de 2018 el policía de la PDI Víctor Martínez le envió un mensaje a Peiti para avisarle: «El allanamiento lo quiero positivo». Debían encontrar algo para lograr cubrirlo y así quedaba todo en la nada.
Un sistema de encubrimiento
Ese esquema de encubrimiento y protección entre los fiscales y uniformados funcionaba en 2018, cuando otra era la conducción policial. Por los documentos encontrados en la casa de la secretaria de Peiti se presume que estas cajas negras se reacomodaron con la nueva gestión.
«No admitimos la recaudación de la policía y los que lo han hecho van a pagarla. Sean policías de la gestión anterior o policías designados por nosotros. Si tenemos que sacar esposados a altos jefes policiales lo vamos a hacer sin ningún tipo de miramientos», afirmó el ministro de Seguridad Marcelo Saín al programa ATP.
En el marco de la causa que investiga el accionar de una banda dedicada a la extorsión a comerciantes y sostener una red de juego clandestino bajo la protección de sectores de la policía y la Justicia, efectivos de la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) allanaron ayer en Villa Constitución la vivienda de Alejandro Ramus, jefe de la Dirección Operativa de la Región II de la Agencia de Investigación Criminal. Se habría detectado un vínculo con el exjefe de la Unidad Regional VI Alejandro Torrisi, que era empleado de Peiti y que fue detenido en la puerta de un casino ilegal con $150.000.
En el caso del juego clandestino lo que se investiga, con fuertes indicios, es que el esquema de recaudación fue parte de la transición en la alta jerarquía policial, sobre todo en las unidades regionales I, II y XVII. Dos de esas UR están intervenidas, las que tienen jurisdicción sobre la capital provincial y San Lorenzo, donde se habría cortado el flujo de sobornos.
Ese bloqueo no habría ocurrido en Rosario, por lo que en el Ministerio de Seguridad preparan cambios en sintonía con el avance de las investigaciones, algo que podría incluir -según señalaron fuentes del Ministerio de Seguridad- al propio Sarnaglia, en tensión permanente con Saín, pero que llegó al cargo por pedido del gobernador Omar Perotti.
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 23/08/2020.
