Por Emilio Grande (h.).- Lamentablemente, la Legislatura porteña aprobó mayoritariamente (49 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones) la adhesión al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), lo que significa que la Ciudad de Buenos Aires adopta las guías establecidas en ese documento, que entró en vigor en diciembre pasado con la firma del ministro de Salud, Ginés González García, para “garantizar” las prácticas adecuadas en los casos de aborto no punible, de acuerdo con las excepciones que establece el Código Penal.
Al respecto, los obispos de la arquidiócesis de Buenos Aires emitieron un comunicado titulado “La vida se dignifica siempre” en referencia a la citada adhesión por parte de la Legislatura porteña, que “contradice las garantías constitucionales a favor de la vida más desprotegida. No estamos en contra de los derechos de la mujer; sí, a favor de la vida como viene, en toda circunstancia”, afirmaron.
Y agregaron: “Porque, cuando se niega el derecho más elemental (el derecho a vivir) todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo. Sin vida, por ejemplo, no hay libertad. Se realizaron 8.388 ´interrupciones´ legales del embarazo en 2019. La mayoría en el primer nivel de los centros de salud. Cualquier otro tema no tiene ese mismo nivel de accesibilidad en ese tipo de efectores”.
En este sentido, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió un documento titulado “Ante el aborto como política pública… También en la Ciudad de Buenos Aires”, planteando que “esta gravísima decisión (reiterada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad desde 2012) se consolida ahora como política pública, pretendiendo ampararla en una ley sin duda claramente inconstitucional que no resiste el menor análisis jurídico si es que, como parece de todo lo expuesto, no alcanzan para el Gobierno de la Ciudad los argumentos científicos y morales acerca del comienzo de la vida del ser humano y el carácter absoluto del derecho a la misma desde la concepción”.
Por su parte, el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) envió una carta al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, pidiéndole el veto de la resolución aprobada en la Legislatura, la que se otorga “sustento legal” a la práctica del aborto rechazada por el Congreso Nacional en 2018, “violando la adhesión del Estado argentino a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional (incorporados en la reforma de 1994), y asimismo las leyes nacionales 23.054 (Pacto de San José de Costa Rica) y 23.849 (Convención sobre los Derechos del Niño) que ratifican esos tratados y que se hallan en plena vigencia”.
Organizaciones provida y personas de buena voluntad manifestaron su apoyo a Sara Diez, esposa de Rodríguez Larreta, después de que ella utilizó las redes sociales para criticar la adhesión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo del aborto. ¿El Jefe porteño se animará a vetar esta ley abortiva?
En un contexto de grave crisis sanitaria por el coronavirus con miles de contagiados y muertes, y una extensa cuarentena con graves consecuencias económicas y psicológicas, los legisladores porteños buscan profundizar la grieta en la población con el eufemismo de la interrupción legal del embarazo, que en el fondo es legalizar el aborto, y no respeta la objeción de conciencia del personal de salud.
La Madre Teresa de Calcuta (fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz en 1979) estuvo en Rafaela el 18 de septiembre de 1982, siendo proféticas las palabras pronunciadas: “El aborto es la mayor destrucción de la paz, porque la madre mata a su niño en su propio seno, a su niño que es la imagen de Dios, a su niño que nace para amar y para ser amado”.
