La Justicia concretó ayer el avance de mayor trascendencia en uno de los casos de corrupción más graves de los últimos años: el juez federal Daniel Rafecas procesó a nueve de los imputados por el presunto pago de sobornos a senadores para la aprobación de la ley de reforma laboral, en abril de 2000, y citó a declarar como imputado por los mismos hechos al ex presidente Fernando de la Rúa.
Los procesados son el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex presidente provisional del Senado José Genoud (UCR), el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo, Emilio Cantarero y Ricardo Branda, hoy vicepresidente 2° del Banco Central.
Rafecas explicó que la citación de De la Rúa, aún sin fecha, responde a que, pese a ser el jefe político de tres de los principales imputados, al parecer no hizo nada para impedir la maniobra. “Sólo me citan por haber sido presidente en esa época y no por una acción concreta”, dijo De la Rúa a LA NACION. En un comunicado de prensa afirmó después que se presentará ante la Justicia.
Para el magistrado, Santibañes, Flamarique, Genoud y Pontaquarto son coautores de cohecho activo, es decir, son quienes pagaron las coimas; mientras que los cinco ex senadores del PJ son coautores de cohecho pasivo, es decir, son quienes cobraron los sobornos. La pena prevista para ambos casos es de uno a seis años de prisión. Pero ninguno de los procesados irá a la cárcel, sino que permanecerán en libertad, al menos, hasta la realización del juicio oral.
Eso sí, de confirmarse la medida, todos sufrirán embargos de entre 100.000 y 7.000.000 de pesos sobre sus bienes. Además, si el Gobierno acepta un pedido del juez Rafecas, la Procuración del Tesoro iniciará acciones legales para los procesados devuelvan la plata que, al perecer, se llevaron.
En el fallo, en el que trabajó el secretario federal Marcelo Sonvico, se dispuso también la falta de mérito del ex senador justicialista Angel Pardo, y los sobreseimientos de los ex senadores del PJ Ramón Ortega y Eduardo Bauzá, de los ex senadores radicales Javier Meneghini, Raúl Galván y Alcides López, del ex director de Finanzas de la SIDE Juan José Gallea, de Jorge Cosci (colaborador del ex senador Carlos Verna) y de Antonio Fraga Mancini (asistente de Costanzo).
En el caso de Santibañes, además del procesamiento -que incluye el delito de malversación de caudales públicos- deberá enfrentar una denuncia que hizo Rafecas por la presentación de un peritaje «falsificado».
Se da por descontado que en los próximos días los imputados apelen la resolución ante la Sala I de la Cámara Federal, que en julio del año pasado anuló los cuatro procesamientos que había dictado el anterior juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, seis meses antes. El fiscal de la causa, Federico Delgado, y el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, consentirán la sentencia.
«Dice la verdad»
Al igual que en el fallo de Canicoba Corral, la base de la resolución de Rafecas -que asumió su cargo en octubre pasado, luego de que lo designara el presidente Néstor Kirchner- es la corroboración del relato de Pontaquarto, que el 12 de diciembre de 2003 declaró ante la Justicia que participó del pago de 5.000.000 de dólares de sobornos a senadores del PJ y la UCR.
A eso se agregó una prueba realizada durante la última etapa de la investigación que resultó clave para la decisión del magistrado: el análisis de llamadas telefónicas de los entonces senadores del PJ la noche en que se aprobó la reforma laboral, que reveló su presencia en la casa de Cantarero, el sitio elegido para la repartija de las coimas, según Pontaquarto.
Con el aporte de ese elemento, el juez dio por probada toda la versión del ex secretario parlamentario, a quien calificó como un genuino «arrepentido», que «dice la verdad».
De acuerdo con su relato, el 18 de abril de 2000 retiró el dinero de la SIDE, luego de acordarlo con Santibañes. El pago a los senadores se concretó, según la resolución, la noche del 26 de abril de 2000, en la casa de Cantarero, minutos después de que la Cámara alta aprobó la reforma que impulsaba el gobierno de la Alianza. El ex senador por Salta recibió 4.300.000 dólares, que esa misma noche repartió entre algunos de sus compañeros de bloque. Pontaquarto entregó los 700.000 restantes a Genoud, al día siguiente, en su despacho del Senado.
La causa judicial se inició en junio de 2000 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, luego de que LA NACION deslizara la existencia de «favores personales» para la aprobación de la reforma.
El paso de Costanzo, Alasino, Tell y Branda por la casa de Cantarero, situada en Callao y Posadas, quedó en evidencia -según Rafecas- por el registro de las llamadas de sus teléfonos celulares, que indicó que minutos después de la aprobación de la ley hablaron por teléfono en la zona cubierta por las antenas más cercanas al domicilio del ex senador salteño.
Un caso especial es el de Costanzo, que no sólo hizo llamadas desde su teléfono celular en esa zona, sino que además se comunicó -siempre según el fallo- con su hijo y con algunos dirigentes del PJ de Río Negro desde el teléfono de la casa de Cantarero. «Nunca se imaginaría qué caro iban a resultarles esas llamadas, no sólo a él, sino a los restantes partícipes de aquella reunión», dice la resolución.
Además de esa prueba, el magistrado valoró los registros de la SIDE que confirman los ingresos de Pontaquarto al organismo y el análisis de las llamadas telefónicas del ex secretario parlamentario, de Genoud y de Flamarique.
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 8 de agosto de 2005.
