Por Laura Di Marco.- En el Día de la Independencia sucedió algo muy importante, que pasó inadvertido y es significativo porque tiene que ver con la independencia de la gente en un país sin justicia. Esto que ocurrió es algo que nunca previeron los que cranearon la impunidad de Lázaro Báez y de todos los presos K; es decir, los que volvieron por todo. Tampoco lo habían previsto en el caso de Vicentin.
Ante la falta de justicia (a Báez se le venció el plazo legal de la prisión preventiva durante el cual no lo condenaron), es la sociedad la que decide poner un límite, tal como pasó la noche del miércoles en el country Ayres, en Pilar, donde Lázaro Báez tenía pensado cumplir su prisión domiciliaria cuando le otorgaran la excarcelación. Se manifestaron en Pilar del mismo modo en que, hace unos días, lo hicieron por Vicentin en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y muchos centros urbanos. Estos ejemplos son señal de que un sector de la sociedad se le para de manos a los que volvieron por todo.Salió la abogada de Báez, Elizabeth Gasaro, a victimizar a su defendido y es interesante escuchar sus argumentos porque ahí están todos los condimentos de la manipulación y la mentira, tan propias de la narrativa kirchnerista. Gasaro culpó a los vecinos del country que salieron a protestar para tratar de impedir el ingreso de semejante vecino y a los periodistas porque con sus «privilegios» filtraron la información de que Báez podría tener un plan «B» para su arresto.
Si hay un privilegio (o mejor dicho, un derecho) es el de la ciudadanía a saber todo lo que el periodismo crítico le fue contando y la Justicia ratificó: es la historia de cómo un empleado del banco de Santa Cruz llegó a tener una fortuna valuada en más de 2750 millones de pesos y, de la nada, llegó a ser propietario del 10% del territorio de Santa Cruz.
El kirchnerismo está a un paso de decir que los «chetos» de Pilar discriminaron a un pobre militante popular impidiéndole el ingreso a su única propiedad.
Es por eso que el periodismo crítico está en la mira: porque cada día le saca la careta a un grupo político muy poderoso que le hizo creer a muchas personas (e incluso a muchos intelectuales) que habían venido a enfrentar a los ricos (al poder económico) para defender a los pobres y hacer una Argentina más justa. Pero la realidad, que es implacable, va mostrando que los únicos que se hicieron ricos fueron ellos.
Esta es la razón por la que buscan estigmatizar a los periodistas críticos y sacarlos de la cancha: con burlas, escraches y agresiones festejadas por el propio Alberto Fernández. Un presidente que retuitea un video que muestra piñas contra un periodista puede habilitar a cualquier loco o fanático a pasar a la acción.
La relación conflictiva entre el periodismo y el kirchnerismo o peronismo tiene raíces históricas, pero el poder nunca es perfecto. Por algún lado, la verdad asoma. El brutal crimen de Fabián Gutiérrez es la punta de un iceberg debajo del cual hay un submundo tenebroso: una ruta paralela a la del dinero K -una colectora digamos- de la que poco se habla, que incluye extorsiones y secuestros, previos a este crimen, en la búsqueda de un tesoro supuestamente oculto en un pueblo empobrecido. Se trata de una provincia con un estado quebrado en el que algunos pocos tuvieron la «fortuna» de estar cerca de un tesoro robado, pero la mayoría quedó afuera.
En doce años, Néstor y Cristina Kirchner tuvieron unos once secretarios privados: todos salieron de sus cargos enriquecidos de una forma inexplicable y todos fueron denunciados en algún momento ante la Justicia y sobreseídos, incluso Gutiérrez.
En 2016, en Río Gallegos, Roberto Sosa, un colaborador de los Kirchner que trabajaba con el fallecido secretario Daniel Muñoz y que se encargaba de esperar los bolsos del Tango 01, sufrió un secuestro extorsivo. Dos militantes del Frente para la Victoria le desfiguraron la cara buscando la plata de los bolsos.
Poco tiempo después, los padres de otro secretario privado, Daniel Álvarez, sufrieron otro robo, con el mismo móvil. Entraron a la casa familiar y la saquearon.
En cualquier país normal, con una Justicia independiente, estos hechos se hubieran investigado y, tal vez, el crimen de Gutiérrez podría haberse evitado. Pero el problema de la Argentina es que la mayoría de los jueces (sobre todo los de Comodoro Py) también están sospechados de corrupción. Por eso, cualquier verdad a la que lleguen, aunque sea real, estará siempre sospechada de ser funcional al poder político de turno.
Como dice José Abadi: un país sin Justicia, es un país sin verdad. Lo que nos da la sensación de protección y nos contiene como sociedad es la existencia de un conjunto de reglas, parejo para todos, que se cumpla más allá de quién nos gobierne.
En un país sin Justicia, lo que se instala es el miedo. Por eso, nos sentimos desamparados.
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 10 de julio de 2020.
