El conflicto con Uruguay no lo resolverá la Corte de La Haya.
Ese tribunal no se expedirá antes de 2010. Ni ordenará, como medida cautelar, que se paralicen las obras de Fray Bentos.
No hay antecedente de algo similar.
La Corte no ha accedido a prevenir ni los ensayos nucleares. Cuando Francia anunció, en 1995, que reasumiría las pruebas atómicas en el Pacífico Sur, Nueva Zelanda acudió a La Haya. Temía que su medio ambiente sufriera daños irreparables y pidió que se suspendieran las pruebas. El pedido fue denegado.
En este caso, la Argentina pedirá que se detenga la construcción de dos papeleras, alegando que el dióxido de cloro –empleado para el blanqueado de la pulpa– afectará a parte de la Mesopotamia.
No hay duda de que, como lo dictaminó el Banco Mundial en 1988, lo mejor es blanquear con el procedimiento totalmente libre de cloro (TLC).
Sin embargo, Greenpeace, que desde 1993 viene realizando una campaña mundial a favor del TLC, reconoce que:
El 25 por ciento de la pulpa blanqueada a escala mundial se fabrica con gas cloro: el método más pernicioso.
El 70% se blanquea como se hará en Fray Bentos: con dióxido de cloro, cuya incorporación ha tenido un gran impacto positivo sobre el medio ambiente, en comparación con el uso de gas cloro.
Solamente una pequeña parte de la pulpa producida en el nivel mundial (el cinco por ciento) es TLC.
La presidenta de la Corte, Rosalyn Higgins, pertenece al Reino Unido: un país que blanquea con dióxido de cloro.
Otros poderosos miembros del tribunal representan a grandes naciones papeleras: Thomas Buergenthal, a Estados Unidos, primer productor mundial; Shi Jiuyong, a China (tercero); Hisashi Owasa, a Japón (quinto), y Rony Abraham, a Francia (12°). Ninguna de esas naciones utiliza el TLC.
Es improbable que la Corte ponga bajo sospecha la tecnología que domina la industria celulósica mundial. Pero si así lo hiciera, llegaría tarde. El canciller Taiana acepta que mientras se sustancia la medida cautelar puede pasar un año.
En ese lapso, la construcción de las papeleras avanzará a marcha forzada. Botnia y Ence querrán sobrepasar el punto de no retorno antes de 2007.
El corte de los puentes no paralizará las obras. Sólo pondrá en apuros a la Argentina: aplicar represalias es incongruente con la decisión de someter el caso a la Corte Internacional de Justicia.
Perdida la acción cautelar, el fallo definitivo arribará años después de inauguradas las plantas. Si tal decisión (inapelable) nos resultara adversa, Uruguay podría reclamar indemnización por los daños causados. Las papeleras representan la mayor inversión (US$ 1800 millones) en la historia uruguaya.
A la Argentina no le conviene ir a la Corte. Alguien podría pensar: “Entonces, le conviene a Uruguay. Nosotros perderemos el tiempo presentando escritos en La Haya, mientras ellos avanzan en Fray Bentos”.
Tampoco es así:
Los uruguayos quieren proteger su propio medio ambiente. Si un acuerdo binacional los ayuda a perfeccionar las papeleras –obligando a que Botnia y Ence minimicen los desechos indeseables–, también Uruguay resultará favorecido.
Fray Bentos queda en Uruguay, pero las fábricas integrarán un hinterland que no reconoce fronteras. Necesitarán abastecimiento, servicios y recursos humanos que están en ambas orillas.
Uruguay perderá mucho si se lo ve demasiado débil para aceptar inversiones en desmedro de sus vecinos y demasiado intransigente para acordar con ellos.
El conflicto puede impedir la consolidación del Mercosur. Esto perjudicará a Uruguay, que necesita ampliar la escala de su economía, limitada por un exiguo mercado interno.
El turismo proveniente de la Argentina, que provee muchas divisas, será resentido por la tensión entre ambos países.
La crisis de las papeleras, inconveniente para los dos, fermentó por errores de los gobiernos.
El uruguayo creyó que la Argentina –desairada porque Botnia y Ence no se instalaron de este lado– usaría el Estatuto del Río Uruguay para frustrar la inversión en Fray Bentos. Decidió, entonces, ignorar ese estatuto y no realizar las obligadas consultas con Buenos Aires. Apostó al fait accompli.
El gobierno argentino obró primero con negligencia y luego con impericia. Cuando la gente de Gualeguaychú reaccionó, consintió el corte de puentes. Creyó que con eso le doblaría el brazo a Uruguay.
Luego, la inflexibilidad de unos y otros magnificó el problema. Sentimientos peligrosos germinaron en los dos países. Demasiados uruguayos alzaron su voz contra la Argentina “imperialista”. Demasiados argentinos denunciaron que Uruguay quería enviar cicuta a nuestras costas.
Comenzó así una escalada.
A esto no le pondrán fin la Corte de La Haya ni la Organización de Estados Americanos ni el Tribunal de Asunción.
La única solución es bilateral.
Está en manos de dos personas: Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez.
No se trata de improvisar una cumbre promoviendo expectativas de solución instantánea.
Hace falta un “teléfono rojo” que una la Casa Rosada con el Palacio de Gobierno. Lo hubo entre la Casa Blanca y el Kremlin, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el control del mundo.
Sólo los jefes de Estado pueden acordar la liberación de los pasos fronterizos y una impasse en la construcción de las obras mientras se acuerda qué condiciones se les impondrán a Botnia y a Ence.
La Argentina no puede decir: “No a las papeleras”. Debe plantear: “No a la contaminación”.
Para que las fábricas no contaminen, deberán adecuarse a las condiciones del área Fray Bentos-Gualeguaychú:
Proximidad a centros urbanos.
Densidad de población.
Cauce del Uruguay.
Régimen del río.
Sistema de vientos.
Es fácil acordar un plan de protección ambiental, pero los técnicos no lo harán, a menos que tengan órdenes presidenciales: saben que, a estas alturas, el conflicto es político.
Kirchner y Vázquez deben emplazarlos a elaborar tal plan en el menor tiempo posible y al más alto nivel de exigencia.
Ninguno de ambos presidentes tiene derecho a esperar que el otro parpadee primero. O lanzar propuestas unilaterales, para dejar al otro en falta.
Deben estar en diálogo constante, y no lo están.
Kirchner pidió al Congreso argentino su apoyo para que –“en caso de resultar necesario”– la Cancillería sometiera el caso a la Corte de La Haya.
Curioso proceder el de este presidente. Por un lado, legisla por decreto, atribuyéndose funciones que la Constitución (artículo 75) reserva al Congreso; por otro lado, pide la aprobación del Congreso para ejercer una facultad que la Constitución (artículo 99) reserva al presidente.
En definitiva, lo que ha hecho es una encuesta. Ha preguntado a cada legislador nacional:
1) ¿Le parece bien que –de resultar necesario– la Argentina someta el diferendo con Uruguay a la Corte Internacional de Justicia, como manda el Estatuto del Río Uruguay para el caso de diferendos insolubles? SI / NO (tache lo que no corresponda).
2) ¿Le parece bien que sea el Ejecutivo quien concurra a La Haya, conforme las atribuciones exclusivas que le asigna la Constitución nacional? SI / NO (tache lo que no corresponda).
Ambas preguntas sólo podían tener una respuesta: sí.
Sin embargo, me negué –acompañado por los senadores radicales– a dar una respuesta tan simple y equívoca. Mi asentimiento fue condicional: “Sólo si, antes, los dos presidentes fracasaran en la búsqueda de un acuerdo bilateral”.
Hice, también, una exhortación:
No engañemos a la gente de Gualeguaychú.
No le digamos que la solución está en La Haya.
No le hagamos creer que la Corte detendrá la construcción de las papeleras.
No la ilusionemos con una solución inmediata.
No le ocultemos que hay riesgo de perder.
No le hagamos creer que es legítimo (y, por lo tanto, gratuito) cortar pasos internacionales.
Kirchner y Vázquez deben procurar que el conflicto de las papeleras no se convierta en el papelón de dos presidentes inhábiles para resolver un problema menor en una región que (de no ser por la torpeza de sus propios gobiernos) jamás se hubiera vuelto inflamable.
Rodolfo Terragno
El autor es vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 4 de marzo de 2006.
