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«Los delitos graves habituales en Frontera son los robos calificados»

Así destacó el fiscal adjunto Nicolás Stegmayer. «Es un problema el abuso de armas, especialmente en jóvenes de 18 a 20 años, tenemos muchas denuncias y estamos tratando de atacarlo», admitió. En 3 meses de labor, hay más de 100 denuncias mensuales con epicentro en Frontera, Acapulco y Josefina; hicieron 20 allanamientos, dictaron 7 prisiones preventivas, hay 2 condenas de juicio abreviado y 1 acusación presentada.
El Dr. Nicolás Stegmayer, fiscal adjunto del MPA en Frontera.

Por Emilio Grande (h.).– Para profundizar la información publicada el sábado último sobre el funcionamiento judicial en Frontera, donde no hay una oficina ni presupuesto asignado para la Fiscalía, que fue brindada por el fiscal regional Diego Vigo, este cronista entrevistó en el mediodía de ayer al flamante fiscal adjunto Nicolás Stegmayer, quien brindó precisiones con datos jugosos sobre la conflictividad realidad social, que incluye Barrio Acapulco y Josefina.
«Sobre la designación de un fiscal en Frontera y en la zona de influencia, el mayor beneficio que ha traído tiene que ver con una persona que esté abocada a este territorio y lo conozca; la forma de trabajar en los distintos lugares va variando y en algunos zonas son bastante hostiles, necesitamos técnicas o tácticas diversas, con una política de persecución específica y orientada a la problemática de Frontera, Acapulco y zona de influencia. Hemos trabajado con la Fiscalía Regional y la idea es saltar lo relativo a la flagrancia para generar una política criminal planificada, ordenada y con criterios firmes y accesibles a los funcionarios policiales, lo que posibilita operar de una forma más proactiva y efectiva porque muchos ámbitos de inseguridad fueron saneados y reemplazados por criterios firmes para avanzar con mayor velocidad en la persecución del delito», destacó.
A decir verdad, fue un avance que ahora este lugar cuenta con una Fiscalía, el próximo paso sería la presencia cotidiana, pero para eso se necesitaría la creación de una oficina, la designación de personal, destinar un presupuesto y brindar seguridad al fiscal.
Al respecto, el joven funcionario judicial dijo que «para nosotros sería muy importante, es un reclamo que viene haciendo la Fiscalía Regional, pero es una decisión que está fuera de nuestro ámbito. Fue un avance la designación de un fiscal, pero sin recursos materiales ni humanos propios; hoy contamos con la oficina en la Unidad Fiscal Rafaela y un empleado cedido por la Fiscalía Regional. Para instalarnos, necesitamos recursos materiales y humanos que garanticen un buen desempeño en el trabajo, y la seguridad del fiscal. No obstante, estamos haciendo todo lo posible para paliar esta circunstancia, con la comunicación constante, con los organismos policiales y la PDI, y con las visitas asiduas que realizamos a Frontera y Josefina, además del resto de la zona de influencia, visitando víctimas, entrevistando a testigos, controlando y direccionando al personal policial, con la presencia de una, dos o tres veces por semana, según las necesidades. Es cierto que las audiencias se celebran en Rafaela porque la actividad de un fiscal se desempeña dentro de una zona de audiencia».
¿Cuáles son los delitos más comunes?
Para delinear una política criminal, tenemos en Frontera muchos delitos de armas, hay una buena parte de la población de Acapulco, específicamente, que tiene en su poder armas. Los delitos graves más habituales son los robos calificados, robos de motos con armas, ingresos a las casas o robos en la calle con armas. La política de persecución penal se dirige a los sujetos recurrentes y a los delitos con armas por la gravedad que implican y la seguridad de la gente.
¿Cómo se actúa frente al tiroteo en la vía pública en forma casi permanente?
Es un problema el abuso de armas, tenemos muchas denuncias de estas situaciones, estamos tratando de atacarlo y para eso necesitamos el compromiso de la sociedad. La palabra del fiscal importa poco si no lo respalda con evidencia ante el juez; necesitamos la colaboración de las personas que tengan cámaras, las que hayan presenciado. Dar aviso a la Policía no necesariamente implica una denuncia, si el temor de la población es tan fuerte que tiene miedo de dar su nombre, a veces con dar aviso es suficiente, pero necesitamos que esos hechos sean registrados para poder atacarlos y perseguirlos. En estos pocos meses hemos dado respuestas y somos optimistas en el transcurso del tiempo.
¿Cuáles son las edades de los que delinquen y están armados?
Los que son menores de 18 años exceden a nuestra competencia y están a cargo del Juzgado de Menores. Sin embargo, es habitual en nuestros casos ver muchas personas con la mayoría edad apenas cumplida de 18 a 20 años con la portación y la tenencia de armas.
¿Cuántos son la cantidad de hechos denunciados en estos tres meses?
La cantidad de legajos que ingresan por mes es mayor a 100, incluyendo la zona de influencia que abarca Angélica, Clucellas, Estación Clucellas, Margarita, San Martín de las Escobas, San Vicente, Bauer y Sigel, Josefina, Santa Clara de Saguier, Zenón Pereyra, Esmeralda y Frontera.
¿Dónde se registra la mayor cantidad?
El gran porcentaje de las denuncias por una cuestión poblacional proviene de Frontera, Josefina y Acapulco. En el informe de gestión del fiscal, un 10% de los casos ingresados a la Fiscalía Regional proviene de Frontera, hay mucho trabajo y los otros fiscales también lo tienen.
¿En cuántos casos dictaron prisiones preventivas?
Tenemos más de 20 allanamientos en Frontera, Acapulco y demás lugares desde que asumimos. Las personas no siempre cometen hechos ilícitos en el mismo sector territorial, por ejemplo en Frontera, Acapulco, Rafaela, San Francisco, entre otros. La cantidad de prisiones preventivas que tuve como fiscal son siete, dos condenas en términos de juicio abreviado y una acusación presentada.
El contexto complejo de Frontera, Acapulco y Josefina muestra pobreza, droga, narcotráfico y delincuencia, ¿cómo se trabaja en el plano judicial?
Somos plenamente conscientes del contexto cultural, adaptamos nuestras estrategias de persecución penal a esta realidad y necesitamos estar cerca de las víctimas más que en otros casos, dar otro tipo de seguridades; por eso, el fiscal se pone a disposición para tomar entrevistas en la casa de las víctimas, en el Centro Territorial de Denuncias, en la oficina de la PDI, en la comisaría y ofrecemos el traslado a Rafaela para prestar entrevistas acá.
Hay cierta connivencia entre la labor policial y los que cometen los delitos, especialmente portación de armas y tráfico de drogas, ¿cómo cambiar este trabajo policial y generar confianza en la población?
La Fiscalía Regional fue contundente, tenemos la política de dirección y control de la Policía muy firme, de hecho la comisaría de Frontera fue allanada el año anterior; hay un fiscal específico dedicado a las cuestiones de violencia institucional y en caso de denuncia de incumplimiento de los funcionarios públicos. Lo que está a nuestro alcance es abordado con responsabilidad, intensidad y rigurosidad; es lo que nos corresponde en este cambio de paradigma y un shock de confianza que tenemos que dar a la sociedad.
¿Se denuncian todos los hechos ilícitos o hay una parte que no se puede contabilizar por miedo o falta de confianza en la Policía y la Justicia?
Siempre hablamos sobre los números que tenemos registrados; no obstante, existen pronunciamientos de personas que nos indican que no todos los delitos son denunciados, pero como cifra negra que es mal podríamos hablar sobre ello o hacer alguna especulación.

Fuente: diario Castellanos, Rafaela, 12 de febrero de 2020.

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