Por Emilio Grande (h.).– Las últimas muertes (Emanuel González de 8 años y Gonzalo Glaría de 26), que fueron producidas por la incontrolable y creciente inseguridad, han generado en la sociedad rafaelina impotencia, estupor, cansancio, bronca y, al mismo tiempo, reacciones positivas como la participación en las marchas (especialmente la de anteayer) y negativas con roturas de vidrios y mensajes racistas.
A decir verdad, la ciudad se vio conmocionada por el desenlace final en la mañana del 31 de diciembre último cuando, en circunstancias que se están investigando, el joven Glaría quiso hacer justicia personal y protagonizó una persecución a dos motochorros que terminó llevándose puesto un auto estacionado y ese choque fue una de las causas fatales de su muerte. ¿Si Gonzalo tenía 20 o 30 años más hubiera actuado de la misma manera?
¿Qué otra posibilidad le queda al ciudadano común ante situaciones similares? Llamar a la Policía para que tome cartas en el asunto que seguramente llegará tarde, como generalmente ocurre en los hechos de inseguridad, sobre todo en los arrebatos en la vía pública a cualquier hora del día.
Luego de las dos muertes mencionadas, la gente se movilizó a través de las redes sociales y salió a la calle a decir basta con los hechos de inseguridad, pidiendo una enérgica justicia para que actúen los efectivos policiales, fiscales, jueces y políticos.
La histórica y masiva movilización de antenoche fue impresionante por la cantidad de miles de rafaelinos que participaron, la duración de la misma y los destinos elegidos (Jefatura de Policía, Fiscalía Regional y Municipalidad), mientras una parte de los asistentes fue hasta la casa del gobernador Omar Perotti, que no fue lo más apropiado porque no se respetó la intimidad familiar. En líneas generales fue pacífica con silencio y aplausos, pero también hubo algunos pasajes en que se desmadró con un grupo minoritario, entonando cánticos agresivos, destrozos en la Fiscalía de calle Necochea al 400 y en el palacio municipal frente a la plaza 25 de Mayo con quema de cubiertas, y pintadas racistas.
Conviene realizar una diferencia sustancial del término masa. Por un lado, existe en la sociedad un estereotipo negativo de la masa que se desarrolló durante la revolución industrial en el siglo XIX, que se da en el preciso momento en que una persona pierde su identidad y su raciocinio discernir entre lo bueno y lo malo, y se agrupa para desarrollar, por ejemplo movilizaciones callejeras de protesta social. «Aplicado el concepto de masa a la sociedad resulta una imagen todavía más negativa: se trata de una sociedad hipermecanizada, hiperburocratizada, hipercolectivizada» (Carnicella, 1993).
Por el contrario, podemos concebir a la masa en un sentido positivo bajo un análisis cualitativo del término como todo grupo o sector que se organiza en una sociedad determinada, buscando la superación y transformación de la persona: la utopía de su propia autodeterminación. «La comunicación de masa será aquella que permite al máximo número de personas darse cuenta de las máximas posibilidades de cambio; ella es la humanidad que se organiza de tal manera de poder explotar al máximo la experiencia colectiva…» (Carnicella).
Problemas policiales
Ciertamente, el intendente Luis Castellano y los concejales (oficialismo y oposición) no son los responsables de garantizar la seguridad en nuestra ciudad, pero sí pueden peticionar ante las autoridades policiales y políticas provinciales, más aún teniendo al flamante Gobernador oriundo de la Perla del Oeste y conocedor de la realidad local.
Actualmente, hay más de 700 efectivos para todo el departamento Castellanos, que se divide en tres guardias, de los cuales 450 hay en Rafaela; el resto está en Sunchales, Frontera y en 50 dependencias del territorio departamental, ingresando menos de los que se retiran por jubilación o depuración, según fuentes policiales consultadas por este cronista.
En 1960 había 630 efectivos en el departamento Castellanos con casi la tercera parte de la población actual. En 2005 la cantidad la cifra bajó a 566 agentes, faltando 220 policías hace 15 años atrás, según opinó el entonces jefe de la URV de Policía Juan Postovit en una entrevista radial en el programa «Sábado 100» (FM Horizonte), conducido por quien firma esta crónica.
También la tranquilidad pueblerina, que supo añorar nuestra ciudad, se fue perdiendo en las últimas décadas con la explosión demográfica producto de la migración interna y externa, lo que generó nuevas barriadas con gente trabajadora y además conviven personas desempleadas, en un contexto de grave crisis económica. En los barrios periféricos es donde el flagelo de la inseguridad va «in crescendo» porque conviven muchos vecinos con otras personas (la mayoría jóvenes) que viven en la vagancia y el consumo de drogas, reiterándose las peleas entre bandas y en algunos casos con la utilización de armas de fuego.
En cuanto a la logística policial en nuestro Departamento, la cantidad de móviles es suficiente pero se le hace el mínimo de mantenimiento y por ese motivo muchos quedan fuera de servicio. El gobierno provincial (actual y anteriores) envía una partida determinada de combustible que no siempre alcanza; frente a la Jefatura hay móviles parados por falta de mantenimiento y combustible. Es un problema que viene desde hace años. Esta grave situación de falta de personal y financiamiento se suma a que los sueldos se pagan cada vez más tarde, según informaron a este diario.
Canalizar la demanda
Frente al grave y creciente problema de inseguridad en Rafaela y la región, del que también se padece en la mayoría de las ciudades de la Argentina, ¿seguimos esperando de brazos cruzados ante nuevos hechos delictivos (robos, hurtos, muertes) o cómo se canaliza este contundente reclamo social de mayor seguridad?
En este contexto, se necesita una política de seguridad de fondo, fijando objetivos, estrategias y acciones para atacar, o al menos atenuar la creciente inseguridad, sumado al aumento exponencial del consumo y tráfico de drogas en el territorio provincial (problema que había empezado hace 20 años durante los gobiernos peronistas anteriores y profundizado con los socialistas) y la connivencia entre algunos funcionarios, policías, jueces y narcotraficantes (la gente conoce dónde funcionan los kioscos).
Cada actor social debe tomar nota del desencanto y enojo social manifestado en la movilización del jueves a la noche. La mayor responsabilidad le cabe a la dirigencia política provincial (Gobernador, funcionarios y legisladores) que debe garantizar la seguridad pública a través de una decisión política bajada a las unidades regionales de Policía, en este caso la V con asiento en nuestra ciudad, sumando al aumento del personal y del presupuesto para móviles y combustible, y pagar los sueldos al personal según la ley.
En segundo plano corresponde a las autoridades policiales desde la mayor jerarquía hasta el último efectivo la prevención del delito, monitoreando y controlando los lugares conflictivos y no haciendo vista gorda o tranzando con los narcos, para evitar las zonas liberadas que hubo y hay en distintos sitios, según el testimonio de los vecinos.
Los fiscales y jueces deben actuar conforme al derecho vigente, respetando los tiempos procesales, pero con la celeridad del caso, sin dejarse presionar por otros actores involucrados, para así conocer la verdad de los hechos delictivos. En el caso puntual de la muerte de Gonzalo, fueron detenidos los dos presuntos motochorros que viven en el barrio 2 de Abril.
Finalmente, la dirigencia social (vecinales, instituciones, escuelas, entre otros) debe aunar esfuerzos con los vecinos, que se quieran comprometer, para estar alertas y denunciar los hechos para tratar de erradicar la inseguridad de nuestras calles, casas y barrios, teniendo a nuestro favor las redes sociales y otros instrumentos (alarmas, cámaras), que constituyen una gran ayuda. No le echemos la culpa solamente a los que tienen mayor responsabilidad social, como ciudadanos de a pie podemos participar y agruparnos, buscando el bien común de todos los rafaelinos sin distinciones de clases sociales, razas, culturas, religiones. «Rafaela tiene que volver a los valores que nos marcaron nuestros padres», graficó Gustavo Glaría, padre de Gonzalo, durante la marcha.
Fuente: diario Castellanos, Rafaela, 4 de enero de 2020.
