A principios de año, preocupados por la realidad que viven las mujeres frente a los embarazos no programados y el riesgo de vida que generan para las mismas y para sus bebes las situaciones de especial vulnerabilidad, más de trescientos cincuenta vecinos de la localidad de Susana, en la provincia de Santa Fe, propusieron a la Comisión Comunal que se sancione una ordenanza, similar a la aprobada en Rafaela, para la implementación de políticas activas para la “Protección integral de la mujer embarazada y el niño por nacer en especial situación de vulnerabilidad”.
El proyecto, presentado 7 de febrero de 2019, a través del sistema de “Sanción directa de ordenanzas” previsto en la Ley Orgánica de Comunas, cuenta con el respaldado necesario que exige la citada norma, y persigue que la Comuna, a través de un Centro creado especialmente para tal fin, lleve a cabo políticas públicas, mediante la articulación fructífera con instituciones estatales (de nivel provincial y/o nacional) y sociales, para la protección integral de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer, a través de la implementación de medidas que eviten que las circunstancias difíciles que puedan presentarse luego del embarazo, pongan en peligro sus vidas y su salud; allanando los obstáculos que puedan dificultar el mismo llegue a feliz término.
El proyecto reunió todos los requisitos legales (lo que quedó corroborado en la medida que transcurrió el plazo de 10 días, desde su presentación, sin que se registraran observaciones), y ahora resta que la Comisión Comunal se pronuncie aceptándolo o rechazándolo.
La iniciativa ha despertado gran interés en la ciudadanía, en la medida que, de aprobarse, permitiría que las políticas propuestas puedan implementarse en forma prolongada y sostenida, desde que si la ordenanza finalmente resultara sancionada, no podrá ser modificada ni derogada por la Comisión Comunal dentro del término de tres años, y que luego de ese plazo, si se la considerare inconveniente, se deberá solicitar su modificación o derogación en la primera elección ordinaria que tenga lugar, o por medio de una convocatoria especial extraordinaria, en caso de urgencia, por lo que en definitiva será la ciudadanía la que fijará los lineamientos que la Comuna deberá al momento de definir las políticas a implementarse para la protección integral de los embarazos especialmente vulnerables.
En el actual estado, habiendo transcurrido holgadamente el plazo de 30 días que la ley prevé para que las autoridades se expidan, varios vecinos se han mostrado preocupados por la falta de una resolución, pues interpretan que la salud y la vida de muchas mujeres y niños dependen de lo que en definitiva se resuelva, y por ello han presentado una nota ante el Presidente Comunal que aún no ha sido respondida.
Además, como en caso de no ser aceptado, el proyecto debería ser sometido a votación directa de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral para que se expidan, por “sí” o por “no”, en elecciones ordinarias, los vecinos tienen interés en que se adopte una decisión con la antelación suficiente para que la consulta pueda ser realizada el 16 de junio, fecha en que tendrán lugar las elecciones generales.
