Se trata del editorial del programa «Sábado 100» por radio FM Sol 90,9 que conduce Emilio Grande (h.).- Desde hace algunos años se viene discutiendo entre los distintos actores políticos y sociales de nuestra ciudad sobre la necesidad de la creación de un tribunal de cuentas o un control externo a través de una auditoría sobre el Estado municipal, pero a decir verdad quedan solamente en proyectos particulares de algunos sectores políticos.
En este sentido, los proyectos en cuestión fueron impulsados en su momento por Luis Peretti (PDP). En 2014 el concejal Germán Bottero (UCR) fue uno de los principales impulsores de este proyecto y en ese momento el PRO planteó una auditoría externa.
Este año Bottero junto a Lisandro Mársico (PDP) y Natalia Enrico (PS) volvieron a presentar el proyecto de tribunal de cuentas, resaltando que «es necesario transparentar el gasto público y ejercer un control sobre el destino del dinero de todos los ciudadanos, por lo que el Tribunal de Cuentas es la figura que garantiza ecuanimidad política para esta función».
Por su parte, desde el oficialismo municipal y legislativo siempre se mostraron reacios a un control externo, que incluye también la mirada del propio intendente Luis Castellano, escudándose en que el Ejecutivo tiene su propio control interno. Actualmente, la Municipalidad de Rafaela cuenta con una Secretaría de Auditoría y Control de Gestión, pero es una mirada parcial y muy subjetiva de autocontrol.
En estos últimos años hubo varios interrogantes sobre la gestión y el manejo de la cosa pública, por ejemplo lo que era Control Público (hoy Protección Vial y Comunitaria), el Corralón Municipal, la polémica con Chaskona, la no rendición de cuentas del Festival de Teatro, entre otros.
Recientemente, el presidente del Concejo Silvio Bonafede expresó que «todos queremos que el Ejecutivo sea controlado por un órgano independiente. Sabemos que es una gestión transparente. Pero hay cosas, como lo de Chaskona, que no están dentro de un manto prolijo. Y que deberán ser respondidas».
Por fuera de los actores políticos partidarios, una de las impulsoras es Natalia Aquilino, rafaelina radicada en Buenos Aires y directora de CIPPEC, opinando al respecto: “Un modelo moderno para ejercer el control externo de los actos de gobierno a nivel municipal debería garantizar la publicidad de los actos gubernamentales, la transparencia de la gestión pública, la evidencia de los resultados de gobierno, un marco normativo con mecanismos de responsabilización y sanción, la independencia de las instituciones responsables y la participación social en el control externo (más allá de las elecciones)”.
A nivel nacional está la Auditoría General de la Nación a cargo de la oposición. Habría que consensuar si conviene un tribunal de cuentas o una auditoría externa. Luego el proyecto ser tratado en el recinto del Concejo Municipal y fijar un presupuesto para nada descabellado con un par de profesionales (abogado y contador) y un par empleados administrativos. Es necesario que haya voluntad política para concretar este anhelo ciudadano…
