Se trata del editorial del programa «Sábado 100» por radio Sol Rafaela FM 90,9 que conduce Emilio Grande (h.).- Como era de esperar, la Corte Suprema de Justicia le dio un duro golpe político al Gobierno, al frenar una parte del aumento exorbitante de gas que había dispuesto. Decidió por unanimidad aplicar la medida para los usuarios residenciales, al anular las subas dispuestas en abril y ordenar hacer audiencias públicas. En ese sentido, sigue vigente el cuadro tarifario de marzo, anterior al aumento.
El tribunal que preside el rafaelino Ricardo Lorenzetti también decidió no beneficiar a las otras categorías de consumidores: los comercios y empresas, que representan en cierta parte del año el 74% del volumen consumido, a los que el Gobierno podrá exigirles retroactivamente el pago del incremento.
La sentencia le entreabrió una puerta al Gobierno, al darle la opción de fijar el precio por la extracción de gas en boca de pozo a través de dos caminos: la audiencia pública o por valores de mercado, aunque el Gobierno ya anticipó que recurrirá a las audiencias.
Tras el fallo, el jefe de Gabinete Marcos Peña, ofreció una conferencia de prensa junto con los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano, en la que intentó minimizar el alcance económico de la medida. «El fallo permite terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos cuatro meses y ratifica que está vigente el cuadro tarifario anterior. Por lo tanto, se va a emitir la orden a las empresas para que refacturen con el cuadro anterior», señaló.
El Gobierno llamará a audiencias públicas para determinar los aumentos en las tarifas del gas, y las reuniones se concretarán en tres semanas, prevista para el 12 de setiembre.
En los tramos centrales de su fallo, la Corte resolvió que la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas. El artículo 42 de la Constitución prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos y el Gobierno no podía soslayar su realización.
El mea culpa oficial lo hizo el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien reconoció que la instancia de discusión con los usuarios se tendría que haber convocado antes de establecer el tarifazo al servicio.
Parece que el Gobierno tenía oídos sordos hacia el interior de la propia coalición, cuando la diputada Elisa Carrió advirtió, luego de los cuestionamientos al tarifazo, que lo primero que había que hacer era convocar a audiencias públicas. ¿Quién asesora al presidente Macri desde el punto de vista jurídico?
El obispo emérito de Viedma Miguel Hesayne graficó la triste realidad nacional: “Hace décadas que la Argentina perdió su rumbo político para vivir en auténtica democracia. La veo sin salida, perdida en un bosque de ideologías de diversos signos”.
