Por Natalia Aquilino.- Quien asuma la presidencia en 2015 se encontrará con datos e información de calidad muy diversa acerca del impacto y los resultados de las políticas públicas. También encontrará un contexto institucional con pocas reglas capaces de desarrollar la “mirada evaluativa” en el Estado. Las capacidades institucionales para diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar políticas difieren entre ministerios y agencias de gobierno. Por eso, también es heterogénea la calidad de las intervenciones. Las políticas públicas producen escasa información para medir su impacto social, los datos no están sistematizados por el nivel central y su producción depende de la voluntad de los líderes políticos o técnicos.
En primer lugar, hay una ausencia de una política nacional de evaluación ordenadora de la función política de monitorear y evaluar. Aún no se formalizó una arquitectura normativa capaz de dotar de direccionalidad política a la función de evaluación en el Estado. Las leyes que existen son viejas se enfocan en el control del gasto y no interpelan sistemáticamente los resultados que se logran, están desarticuladas entre sí y no dan coherencia al sistema porque persiguen fines parciales.
En segundo lugar, las propuestas de leyes más recientes son instrumentales y no tienen una visión de largo plazo. Los proyectos se enfocan exclusivamente en las políticas y programas de desarrollo social. Los tres proyectos proponen líneas que operan sobre el desempeño de las políticas públicas sin llegar a cubrir el plan nacional de desarrollo, el plan de gobierno o el rendimiento individual de las organizaciones o personas que las implementan.
En tercer lugar, no existe un órgano especializado que se responsabilice por el despliegue de la política o el sistema nacional de evaluación. Solo existen esfuerzos aislados en algunos ministerios. La Jefatura de Gabinete de Ministros no logró continuidad estratégica en materia de desarrollo de una cultura de evaluación.
En cuarto lugar, no existen requisitos formales y homogéneos para planificar y diseñar políticas públicas que sean evaluables. Esto es particularmente evidente cuando se analiza la calidad del diseño y la planificación de planes y programas.
Por último, no se comunican pública y sistemáticamente los resultados de los estudios y evaluaciones que se realizan. La información que existe está desperdigada entre los sitios web de las agencias y no depende de un criterio ordenador común. Con todo, las políticas públicas no se diseñan aún como plataformas valiosas para mostrar resultados de desarrollo o para rendir cuentas sobre su impacto, eficacia, eficiencia y efectividad.
Sin embargo, se observa un interés genuino y creciente en la evaluación como práctica técnico-política y en la evidencia como elemento indispensable para la toma de decisiones. Distintos funcionarios de mandos altos y medios de la administración pública nacional y provincial coinciden en la importancia de la evaluación como práctica para tomar decisiones basadas en la evidencia; mejorar la calidad institucional; ratificar o rectificar rumbos, y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de gobierno. Una agenda institucional para aumentar la capacidad de evaluación del Estado debería incluir medidas como:
Construir una visión desde el liderazgo para desarrollar una política nacional de evaluación. Es fundamental que el Congreso debata y legisle una política nacional de evaluación que vigorice el sistema nacional de evaluación; que brinde a los tomadores de decisión sistemas y procesos que produzcan información crítica para apoyar el diseño, la planificación y ejecución de las intervenciones, y también a la elaboración del presupuesto, y que apoye a la alta gerencia pública en el monitoreo del desempeño de sus acciones y genere aprendizajes a través de la identificación y puesta en marcha de cambios en la operación. Es imperioso avanzar hacia un sistema nacional de evaluación que proporcione la información necesaria para analizar el programa de gobierno y el presupuesto, y para rendir cuentas al Poder Legislativo, la sociedad civil, la ciudadanía y la comunidad internacional.
Profundizar el rol del Congreso en el sistema nacional de evaluación. Aumentar el pedido, uso y difusión de informes de monitoreo y evaluaciones de calidad por parte de diputados y senadores, para informar los debates y el presupuesto nacional. Es clave mejorar los mecanismos de rendición de cuentas horizontal con evidencia confiable para el debate en las cámaras.
En todos los poderes del Estado, fomentar el desarrollo de capacidades en materia de monitoreo y evaluación, articular espacios con la academia y la sociedad civil. Es necesario avanzar hacia una mayor capacitación y conocimiento técnico en temáticas vinculadas con el monitoreo y la evaluación en el Estado. La capacitación permitiría también integrar a los distintos actores involucrados a partir de brindar información y conocimiento sobre el proceso.
Fortalecer el rol de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es necesario que el próximo presidente trace un camino estratégico para que la JGM lidere la transversalización del enfoque de evaluación en la Administración Pública, con datos fehacientes sobre los impactos y resultados del plan de gobierno y las políticas públicas.
Poner en marcha un organismo Evaluador General de la Nación. Diseñar e implementar una unidad responsable de planificar, coordinar y ejecutar la política nacional de evaluación. Este organismo tendría, además, el desafío de integrar las intervenciones, avances y conocimiento existentes para mejorar el sistema nacional de evaluación.
Poner en marcha un Plan Plurianual de Evaluación. Desarrollar un esquema de evaluación del plan de gobierno y las políticas públicas que permita concentrarse en elementos consensuados y prioritarios a medir, que sincronicen con el ciclo político del gobierno para evitar la falta de incentivos coyunturales a analizar los resultados de mediano y largo plazo. Este plan podría ser liderado por la JGM o el organismo evaluador en coordinación y articulación con las distintas áreas que actualmente trabajan en esta capacidad.
Mejorar la calidad del diseño de planes y programas: integrar la evaluación a la planificación y asignar presupuesto para evaluar. Las mejoras de diseño de las políticas públicas pueden plantearse como tarea conjunta entre el organismo evaluador (fijando reglas de operación) y los planificadores sectoriales (aplicándolas). Esto permitirá contar con un flujo de datos constante, para tomar decisiones durante la implementación y analizar los impactos en el mediano plazo.
Tender a la integralidad y coordinación de los sistemas de información para potenciar su uso. Es clave que la JGM tienda a unificar y consolidar los sistemas de información existentes para que sean capaces de articular con los distintos sectores de política y brindar datos de calidad para los diferentes niveles de agregación de las políticas públicas (plan de desarrollo, sectores, planes y programas). Además, es necesario aumentar la articulación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que las evaluaciones dialoguen con los datos existentes en un mismo lenguaje, que pueda hacer interpretables los resultados que analizan.
Asegurar el uso y la diseminación de hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones. Establecer mecanismos operativos para que los gerentes públicos adopten las recomendaciones y respondan a las observaciones de las evaluaciones a través de incentivos institucionales específicos que superen el factor presupuestario. Es indispensable que la JGM (a nivel del plan de gobierno), el organismo evaluador (a nivel de las políticas públicas) y los ministerios sectoriales (con sus planes y programas) brinden información pública de calidad y amplíen la difusión de los resultados de las evaluaciones que se realizan.
Con innovaciones de gestión profundas lideradas por una visión político-estratégica estaremos en condiciones de conocer el impacto de la gestión del nuevo gobierno en la mejora de la vida de las personas.
La autora es rafaelina, directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
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