Por Emilio Grande (h.).- El 14 de mayo pasado ingresó una nota en el Concejo Municipal dirigida a la presidente Mabel Fossatti con un proyecto de resolución para garantizar el uso ceremonial y ancestral del “Parque pueblos originarios de Awyayala”.
Juan Orellana (chasquik y autoridad mayor de la comunidad pueblos originarios de Awyayala y Kamachej o cacique de comunidad Tonokote Kushi Kawsaypa en el consejo Llutki en el territorio Tonokote), con el patrocinio letrado del Dr. Adán Costa Rotela de Comunidades Constituyentes Santafesinas, solicita la tramitación de un proyecto de resolución que garantice que el Departamento Ejecutivo local respete el uso ceremonial, ancestral y comunitario del predio del «Parque pueblos originarios de Awyayala» (ex parque de los eucaliptus), situado en avenida Roque Sáenz Peña, entre avenida Mitre y calle Primera Junta de Rafaela, conforme a la fundamentación presentada.
En 1991 cuando se estaba hablando de los 500 años de la invasión europea a nuestros territorios, vimos la necesidad de manifestar y dar cuenta a la comunidad rafaelina que nuestras comunidades indígenas “no somos pasado solamente, que nosotros
estuvimos, estamos y vamos a seguir estando, que no hemos venido en los barcos”. Para esa época, empezamos nuestras ceremonias ancestrales en el parque Villa Podio; cómo allí carecíamos de baños y también de servicios de energía eléctrica, empezamos a utilizar los servicios del “parque de los eucaliptus», llamado en ese tiempo.
En 2016 promovimos un proyecto, que lo ingresó el concejal Jorge Muriel en el cuerpo legislativo, pidiendo que a ese lugar se lo denominara «Parque pueblos originarios de Awyayala» y por unanimidad se lo aprobó durante la gestión del intendente municipal Luis Castellano.
Este primer reconocimiento institucional permitió la continuidad de nuestras ceremonias ancestrales con la disponibilidad de los sanitarios y el acceso a la energía eléctrica. Asimismo, colaborábamos en el mantenimiento del predio, habida cuenta que es un espacio público.
Cuando comenzó la gestión del intendente Leonardo Viotti se nos impidió el acceso a los sanitarios; por lo tanto, no podemos tomar energía eléctrica para nuestras actividades de bailes y encuentros durante la semana. También con la gestión presente, si bien continuó con la renovación de las plazas y parques, poniendo juegos para niños y elementos de gimnasia para mayores, nuestro parque pasó inadvertido y evidentemente no forma parte del plan de remodelación de espacios públicos que lleva adelante el Ejecutivo Municipal. Entendemos que estas omisiones e impedimentos vulneran nuestros derechos constitucionales, la propia normativa municipal que habilitó este espacio a los fines manifestados y constituye un serio riesgo de convivencia intercultural a la cual los Estados nacional, provincial y local están obligados a respetar y a garantizar.
En este último sentido, no es ocioso recordar, más bien es central, la plena vigencia de las nuevas disposiciones contenidas en la Constitución de la provincia de Santa Fe, reformada en el mes de setiembre de 2025.
El artículo 13 en su inciso 6, fruto de la decisiva participación de comunidades indígenas y afro-santafesinas radicadas en toda la Provincia del proyecto presentado a la Convención Reformadora por el colectivo «Comunidades constituyentes santafesinas» por citar alguno de los promotores, dice con total claridad: “(…) La Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, y sin perjuicio de otros grupos que se encuentren en situación de desventaja estructural, respecto a: (…) 6) la preexistencia y persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus comunidades”. Esta norma constitucional forma parte del núcleo de Derecho Constitucional Indo-Afrosantafesino de la provincia de Santa Fe, en la concordancia normativa entre los artículos 13, 26, 35, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65, entre otros, más todas las disposiciones que se vinculan con las autonomías municipales y los dictados de las cartas orgánicas municipales.
Especialmente merece aquí remarcar la vigencia del artículo 26, que textualmente reza: “(…) Toda persona tiene derecho a participar y a gozar en condiciones de igualdad de la vida cultural, a expresar libremente su identidad y a ejercer sus derechos culturales sin discriminación. La Provincia garantiza el respeto por la diversidad cultural, promueve el diálogo intercultural, la libre creación y expresión artística y la difusión de la cultura local en sus múltiples formas y manifestaciones. Articula las relaciones entre el sector público, privado y comunitario para la promoción y sostenibilidad de proyectos culturales y estimula la inversión con criterios de equidad territorial, inclusión social y pluralismo. Las personas y comunidades gozan del derecho colectivo al disfrute, acceso, conservación y transmisión
del patrimonio cultural material e inmaterial de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y paleontológico. La Provincia protege, preserva, promueve y desarrolla dicho patrimonio y adopta medidas para garantizar su sostenibilidad y su transmisión a las futuras generaciones. Toda persona tiene el deber de respetar y cooperar con la preservación y valoración del patrimonio cultural. La Provincia respalda y fomenta las actividades y el funcionamiento de las bibliotecas públicas y bibliotecas populares. Los sitios, archivos y espacios de memoria forman parte del patrimonio cultural de la Provincia y el Estado garantiza su preservación, señalización y promoción activa (…)”.
La nueva norma constitucional pone de especial relieve algo de lo que en la ciudad de Rafaela venimos sosteniendo, al menos en las últimas tres décadas, la noción de que la preexistencia no implica que seamos del pasado, sino que, como comunidades, somos sujetos de derechos que persistimos, incluso en el futuro.
Por estos fundamentos le solicitamos promueva una resolución que obligue al Departamento Ejecutivo local en el plazo perentorio de 4 meses a proceder: a) una identificación y señalética de nuestro parque, con un cartel que debería tener un diseño identitario, preferentemente configurado por nuestra comunidad; b) asignar y respetar un lugar ceremonial; c) emplace juegos para niños, aparatos de gimnasia para adultos; d) se mantenga la limpieza adecuada, porque su estado actual de abandono no solo habla de la desidia de un lugar público, sino que incumple con estos sentidos; e) que se nos permita continuar con las actividades: ferias de artesanos y participación de artistas locales en sus variadas expresiones; f) que se quite todo obstáculo en el acceso a los sanitarios, que deberán estar en perfecto estado de conservación y mantenimiento, para seguir funcionando con distintas actividades físicas y ceremoniales, con el orgullo y el respeto que nos merecemos como comunidades preexistentes y persistentes.
Según informan los impulsores de esta presentación, que involucra al Concejo Municipal y al Ejecutivo local, actualmente se están entablando conversaciones con el secretario de Gobierno y Modernización municipal Germán Bottero y el concejal justicialista Maximiliano Postovit, quien se hizo eco de la iniciativa, entre otros. Se está esperando una respuesta en breve, teniendo en cuenta que es un planteo largamente esperado como postergado.
