Por Emilio Grande (h.).- Durante una conferencia de prensa en el local partidario de LLA (Necochea 316), el concejal Fabricio Dellasanta salió a responder sobre el fallo judicial que dictó el juez de primera instancia en lo laboral de la 1ª nominación Lucas Marín sobre una demanda laboral, entregando copias de la documentación judicial. Estuvo acompañado de su compañera de banca Milagros Zafra y de sus secretarios del bloque.
“Esta situación configuraría una estafa procesal de la que estoy siendo víctima al igual que muchos emprendedores de todo el país y está tomando otra gravedad. Esto viene de 2014 cuando me inventaron una demanda laboral, en su momento me presenté con el abogado en el Juzgado, llevando las pruebas para demostrar que era una estafa. En el transcurso del proceso me mudé varias veces, informando al Juzgado, también que me iría del país, para que pudieran localizarme y en todo ese plazo nunca fui notificado”, destacó.
Y agregó: “Pregunté si me podrían nombrar un defensor al no estar en el país y me dijeron que si no pagaba honorarios o no lo hacía de manera onerosa me condenaban sin juicio, configurando un disparate tremendo. Recientemente, me enteré a través de los medios que me condenaron sin darme el derecho constitucional de ejercer la defensa; está todo viciado de nulidad. Me presenté con mi asesor letrado (Carlos Zimerman) a ejercer mi defensa, pidiendo la nulidad de todo lo actuado y este trámite está en curso”.
“Mientras se está tramitando -continuó- el incidente de nulidad que el Juez aceptó y estamos esperando que se resuelva, pero de manera llamativa y sin explicaciones ordenó un embargo preventivo por las dudas. El Juez estaría haciendo una valoración previa antes de ejercer nuestro derecho a defensa con la presentación de las pruebas para demostrar que todo esto es una falacia, teniendo una connotación política clara y gravísima porque nos presionaron de distintas maneras por las cosas que estamos exponiendo de conocimiento público cuando intentaron censurarnos, hacer callar y echar a nuestros colaboradores del Concejo. Como no logran nada y no formamos parte de ese esquema nefasto que es la vieja política, nos están atacando de todas maneras”.
Y fue más allá: “no podemos permitir que esta situación sea la raíz de porqué el país se fue al precipicio con desempleo; leyes laborales incumplibles hechas adrede para que los sindicatos a través de las extorsiones que públicamente conocemos saquen su ventaja; de que la gente no pueda trabajar, no pueda tener un sueldo en blanco, no se pueda jubilar o los jubilados no cobren sueldos dignos porque este sistema nefasto de la industria del juicio lleva a esta desgracia. Hay abogados sinvergüenzas que arman estas mentiras que perjudican a los juzgados”.
En el fallo judicial que se hizo público se conoció lo que cobraría el empleado que supuestamente tenía Dellasanta y los honorarios del abogado, totalizando más de $24 millones. Ante la consulta de este cronista, respondió que “siempre trabajé en la construcción y no tuve ningún conflicto laboral. Lo más llamativo es que cuando se inició esta demanda yo me iba a ir del país, teniendo mi constructora cerrada, mal podría estar contratando a alguien. La cédula y el embargo, sin especificar el monto, fueron enviadas a mesa de entradas la Municipalidad de Rafaela (debe trabar el embargo sobre los haberes del edil, según el Juez) y no al Concejo, que las hizo públicas, lo que es ilegal porque implica delitos penales al ser una violación de correspondencia”.
