Por Emilio Grande (h.).- El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, siguiendo la recomendación de la conferencia general de la UNESCO, en coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek en 1991, en la que los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogieron los principios de la libertad de prensa.
En la Constitución Nacional está garantizada la libertad de prensa: “de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” (artículo 14), “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” (artículo 32) y “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística” (artículo 43). En la última reforma constitucional realizada en la ciudad de Santa Fe en 1994 fueron incorporados los tratados y convenciones sobre derechos humanos (artículo 75 inciso 22). Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la libertad de expresión es un derecho fundamental: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (artículo 19).
En la misma línea, el Pacto de San José de Costa Rica (1969), ratificado por la ley 23.054 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1984, trata expresamente la libertad de pensamiento y de expresión: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de su elección” (artículo 13).
La representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, declaró que “2025 fue el año más mortífero registrado para los periodistas en todo el mundo. El asesinato de periodistas y profesionales de los medios de comunicación -como hemos visto en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y en los conflictos en curso en Oriente Medio, más recientemente en Gaza y Líbano, así como en África- debe investigarse exhaustivamente, y los responsables deben rendir cuentas”.
Según Freedom House, aproximadamente 40 países siguen clasificados como “no libres”, principalmente en Asia y África, aunque en general se ha observado un descenso con respecto al pasado. «Si bien muchos derechos y libertades se han visto restringidos en las últimas dos décadas, la libertad de prensa, la libertad de expresión y el debido proceso han sufrido los impactos más graves”.
Al respecto, el papa León XIV lamentó que este derecho fundamental sea vulnerado con frecuencia, a veces de manera evidente y otras de forma silenciosa. Asimismo, recordó a los numerosos periodistas y reporteros que han perdido la vida a causa de guerras y actos de violencia, destacando su testimonio como un llamado a la verdad y la justicia.
En las últimas dos décadas, la Argentina viene sufriendo permanentes ataques de algunas autoridades ejecutivas y legislativas sobre distintos periodistas y medios de comunicación, recordando especialmente la época de los gobiernos kirchneristas de Néstor y Cristina Kirchner, y actualmente con el presidente Javier Milei al tratar a los periodistas de mentirosos; delincuentes; sicarios; corruptos; ensobrados; si la gente conociera a los periodistas, los odiaría más; entre otros. Más allá de la histórica tensión entre el periodismo y el poder, en ambos gobiernos pusieron y ponen trabas para ser investigados.
Finalmente, hace unos meses se aprobó la reforma laboral, denominada «modernización laboral», con cambios significativos en los derechos laborales, lo que generará juicios personales y gremiales. Entre las modificaciones incluyó la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (1944) ratificado por el Congreso Nacional con la sanción de la ley 12.908 (1946), perdiéndose los derechos laborales, en el marco de una flexibilización laboral. ¿Estará garantizada la pluralidad de voces y la libertad de expresión?
