Por Antonela Brusa, Raúl Arduino y Valeria Brunone.- El pasado miércoles 22 de abril celebramos a nivel internacional el Día de la Madre Tierra. Esta fecha tiene su origen allá por el año 1970 en los Estados Unidos, en donde el entonces senador Gaylord Nelson comienza a visibilizar y poner en agenda pública los problemas ambientales. Entre sus motivaciones se encontraban las secuelas de la Guerra de Vietnam por el uso de agroquímicos como el Agente Naranja, la acelerada industrialización, el aumento de los niveles de polución y desastres ambientales, como el derrame de petróleo de Santa Barbara en 1969, dando origen a los primeros movimientos ecologistas.
Al ser considerado como un hito histórico, este suceso catalizó transformaciones significativas en el ámbito de las políticas públicas, destacando la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la promulgación de normativas trascendentales como la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act). Con el tiempo, este paradigma evolucionó y expandió su alcance a escala global. En el año 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente ese día y le dio alcance mundial a través de la Resolución 63/278 a través de la iniciativa «Armonía con la Naturaleza». El lema de este año, “Nuestro poder, nuestro planeta”, hace un llamado urgente a la acción colectiva (ciudadanos, instituciones y gobiernos) para transformar (transición obligada) hacia un modelo de respeto por la Madre Tierra.
Desde el derecho ambiental, esto implica superar la visión antropocéntrica (donde la naturaleza es sólo un recurso para explotar sin limitaciones por el ser humano) y avanzar hacia un biocentrismo o ecocentrismo, reconociendo a la Madre Tierra como un sujeto de derechos (Cortes verdes de América Latina). Este es el nuevo enfoque jurídico bajo el nuevo paradigma ambiental, que nos insta y obliga a garantizar la reparación de daños ambientales, implementar una verdadera justicia ecosocial climática y asegurar un desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras, entendiendo que la salud humana y la del planeta son inseparables.
Cada actor es clave y posee la capacidad (y la responsabilidad) de incidir en la construcción de un modelo de desarrollo más justo y verdaderamente sustentable. No se trata solo de una conmemoración simbólica, sino de un llamado a repensar el vínculo entre humanidad y naturaleza, en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y una creciente disputa por los bienes naturales estratégicos: el agua, los bosques, los minerales y la fauna silvestre: ¿cómo nos queremos relacionar con la naturaleza?
Desde el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial (sede Rafaela), hacemos un llamado a la comunidad a tomar conciencia de la triple crisis ambiental que enfrentamos: el cambio climático de origen antropogénico, la pérdida acelerada de biodiversidad y la contaminación (particularmente por plásticos). Estas problemáticas no son aisladas, sino interdependientes, y requieren respuestas integrales y urgentes.
La reciente aprobación en el Congreso de la Nación al proyecto de modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial Ley N.º 26.639 y su reciente promulgación por parte del Poder Ejecutivo a través del decreto 271/2026, constituye un ejemplo paradigmático de estas tensiones que evidencia el interés de un sector privado por sobre los intereses colectivos, retrocediendo en la tutela jurídica ambiental alcanzada en los últimos años. Defender el derecho humano a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, el de la biodiversidad de “todos los habitantes”, no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con las generaciones presentes y futuras; el desafío es transformar la conciencia en acción y la acción en políticas públicas eficaces que garanticen la protección de nuestra casa común.
Informamos que en el mes de mayo celebraremos un conversatorio desde nuestro Instituto en conmemoración a este día.
Los autores integran el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de la V Circunscripción de la ciudad de Rafaela.
