Por Emilio Grande (h.).- Otra vez se está proponiendo a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe la baja de la imputabilidad de los menores de 16 a 13 años frente al drama permanente de la inseguridad descontrolada en la mayoría de las ciudades y las zonas rurales.
El gobierno nacional envió un nuevo proyecto de reforma de la ley penal juvenil a la Cámara de Diputados, ratificando su intención de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, tal como lo fijaba en la propuesta original presentada en 2024. Esto provocó la reacción de la oposición. Cristian Ritondo, jefe del PRO, avisó al oficialismo que no iban a votar el nuevo proyecto del Ejecutivo porque ya se había acordado ir con el dictamen firmado en 2025, que establecía la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años.
El proyecto aprobado este jueves en Diputados (149 votos positivos y 100 negativos) establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes; sanciones alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño; estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro ratificó su posición a favor de promover la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad en el país, advirtiendo que su planteo no se centra exclusivamente en los años del menor, sino en la gravedad del delito que eventualmente comete. Confirmó que se reunirá con los legisladores del bloque de Provincias Unidas y, si es convocado, concurrirá como orador al Congreso cuando se dé el debate.
Al respecto, las comisiones episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina enviaron una “carta abierta”, dirigida a legisladores nacionales sobre el mencionado proyecto del nuevo régimen penal juvenil.
La carta titulada “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, busca contribuir a un debate serio y responsable, aportando datos, estadísticas y la experiencia concreta del trabajo en el territorio, especialmente junto a niños y adolescentes en contextos de mayor vulnerabilidad, poniendo en el centro el cuidado integral, la prevención, la educación y la inclusión social.
El Observatorio de los Derechos Humanos de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba también se manifestó en contra, expresando que “la baja de edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito, y profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez. Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan y elude una responsabilidad central del Estado que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños”.
Por su parte, Luciana Mazzei (magíster en orientación familiar) opinó en este programa radial que “juzgar a los menores como si fueran mayores no resuelve el problema. Es casi imposible pensar en que un adolescente sepa discernir lo que es un delito de lo que no lo es. Es necesaria una política que promueva el desarrollo personal y la cultura del trabajo, de lo contrario estamos tapando el sol con la mano sin resolver el problema de fondo”.
A decir verdad, la inseguridad en la Argentina es un grave problema, que fue in crescendo con el paso del tiempo porque los distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales no pudieron, no supieron o no quisieron articular políticas públicas en orden a trabajar en la prevención del delito con mayor presencia en los barrios vulnerables.
Al mismo tiempo, aumentó el consumo de las distintas adicciones a las drogas y el alcohol, mostrando un resquebrajamiento familiar y social significativo, sumado al incremento notorio del narcotráfico que opera a través de bandas criminales con la complicidad de agentes policiales, dirigentes políticos y funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales.
¿Quién garantiza que al criminalizar a los menores de 14 años habrá un descenso de los hechos delictivos en la sociedad argentina sin avanzar sobre los problemas de fondo?
