Por Juan Gabriel Riboldi.- Los seres humanos aprendemos de diversas maneras. Una de las formas más frecuentes es mediante asociaciones entre eventos y sus consecuencias: si ocurre A, entonces sucede B. Otra forma fundamental es el aprendizaje por exposición repetida. Cuanto más nos enfrentamos al mismo estímulo, menor es nuestra respuesta. A este fenómeno se lo conoce como habituación. Lamentablemente, en la Argentina actual, la exposición constante a injusticias y atropellos parece haber generado un efecto similar: cada nueva vulneración impacta menos en la sociedad.
Desde 2023, la comunidad científica ha advertido de manera sistemática que las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo atentaban directamente contra el desarrollo científico y tecnológico del país. Recortes en becas doctorales, posdoctorales, disminución de fondos destinados a proyectos de investigación, sin mencionar los destratos hacia la comunidad científica, que resiste en un panorama cada vez más adverso.
Pero lo ocurrido el jueves 4 de diciembre último marca un quiebre mucho más profundo. Ese día se anunció una decisión sin precedentes: la Agencia de I+D+i resolvió anular el financiamiento ya adjudicado a cientos de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 2022 y cancelar definitivamente la convocatoria 2023, tras dos años de postergaciones. Los PICT constituyen la columna vertebral del sistema científico argentino: investigadores de todas las áreas presentan proyectos, estos son evaluados por especialistas y, si se aprueban, reciben fondos para su ejecución. Sin financiamiento estatal, no puede haber progreso en el estado actual del conocimiento.
La agencia fue creada en 1996 y, desde entonces, ha sido un instrumento esencial para sostener la investigación científica y tecnológica. Durante años dependió del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero tras la eliminación de este en 2023 comenzó a funcionar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Este cambio inauguró un proceso de desfinanciamiento que hoy se convierte, de hecho, en un intento explícito de desmantelamiento. Será la primera vez que el sistema científico que formó a tres Premios Nobel -Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein-, además de científicos de enorme reconocimiento internacional como Alberto Kornblihtt, Gabriel Rabinovich, Sandra Díaz, Jorge Medina, Haydée Viola o Alicia Dickenstein, entre tantos otros, no disponga de fondos para llevar adelante sus actividades. Argentina se transformará así en el único país de América Latina que no invierte en ciencia, inversión que, hasta el 2023, representaba tan solo el 0,4% del Producto Bruto Interno.
El impacto alcanza obviamente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el organismo científico más prestigioso de la región y uno de los más relevantes a nivel mundial, más allá de, como fue mencionado, la escasa inversión estatal. Esto habla a las claras del altísimo nivel académico y profesional de sus científicos. Gracias al apoyo del CONICET y a la inversión sostenida se han creado desarrollos de enorme valor social y económico: GALTEC, una empresa biotecnológica orientada al tratamiento del cáncer y enfermedades inflamatorias y autoinmunes; kits de diagnóstico rápido utilizados durante la pandemia de COVID-19; descubrimientos clave sobre los mecanismos neurobiológicos de la memoria, fundamentales para abordar patologías como el Alzheimer; y avances en genética vegetal que explican la supervivencia frente a bajas temperaturas, entre muchos otros. También ha impulsado el desarrollo satelital, fortaleciendo la innovación y la soberanía en materia de telecomunicaciones.
Frente a estos logros, resulta incomprensible que ni las autoridades ni parte de la sociedad que acompaña estas decisiones reconozcan el valor estratégico que la ciencia representa para la Argentina. Esto no es una discusión partidaria: Se trata del modelo de país que queremos construir, que queremos dejar para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras. Es necesario que comprendamos que un país con bajo desarrollo científico-tecnológico y educativo queda condenado a la dependencia de economías que sí producen bienes con valor agregado y sometido a los grandes poderes económicos concentrados.
El autor es rafaelino, licenciado en Psicología (UCES Rafaela), becario doctoral de CONICET y diplomado en Gestión Estratégica de Políticas Públicas.
