Por Emilio Grande (h.).- Sobre el liberalismo y Doctrina Social de la Iglesia (DSI), y las consecuencias económicas de los proyectos aprobados hace unos días en el Senado nacional (aumento a jubilados, emergencia en discapacidad, combustibles y coparticipación de los ATN), entrevistamos al CPN Guillermo Briggiler, quien es columnista de los diarios La Opinión y Castellanos, durante el programa “Sábado 100” por radio El Espectador (FM 100,1).
-¿Cuáles son los argumentos del presidente Milei para cuestionar a la justicia social?
-No hay un choque directo entre el liberalismo en su manera natural -no es el caso de los que son libertarios porque es una exageración- más cercano a la DSI sobre la defensa de la propiedad privada, la libertad y la economía de mercado, donde libremente las personas puedan transaccionar entre sí y conseguir una utilidad. La Iglesia Católica en 2.000 años de historia habló de estos temas y evolucionó, teniendo a Dios en la tradición judeo-cristiana, a la que Milei hace referencia en forma casi permanente al libro del Deuteronomio (Antiguo Testamento), encontrando puntos de coincidencia. Sin embargo, hace pocos días él habló de la justicia social como si fuera un pecado grave. La DSI viene a darle un orden a la economía de mercado, manteniendo la posibilidad del intercambio y dando principios que ayudan para regular la economía y evitar “el sálvese quien pueda”.
-Los principios de la DSI están desarrollados en el Compendio (2004), destacando la dignidad de la persona, el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad, el destino universal de los bienes y la participación. ¿Cuál es su importancia?
-La subsidiariedad es uno de los más importantes para la economía, donde todas las necesidades y los conflictos deben resolverse desde el punto de vista más cercano a la persona. Por ejemplo, en el caso de la educación la Doctrina Social de la Iglesia dice que está reservada a la familia, pero hay situaciones donde la familia puede tener problemas por no contar con los medios suficientes y en ese caso tienen que actuar subsidiariamente los más cercanos, ocupando ese espacio la familia más grande (tíos y abuelos) o la comunidad más cercana para trabajar sobre esa persona que tiene un inconveniente y el Estado entraría en el caso que no tengamos esas opciones. Lo mismo puede darse en la economía cuando los medios de las personas no son suficientes para poder salir adelante cuando se nace en un contexto con muchísimas dificultades económicas, difícilmente puede educarse y ahí aparece el Estado con algunos medios para que esta persona pueda resolver este problema; cuando la persona no puede valerse por sí misma vamos a utilizar a los medios más cercanos para ayudarla. El Estado colabora con educación, cursos, un monotributo social o blanquear alguna situación que hoy es irregular. Un caso puntual de Rafaela son las ferias que tenemos en los distintos barrios casi todos los fines de semana y mensualmente en plaza 25 de Mayo, permitiendo a las personas que alquilen a un valor razonable un puesto para vender productos que fabrican o comercializan a disposición de la gente, sin necesidad de cumplir con todos los requisitos para abrir un comercio en un lugar determinado, ayudándolos a hacer el primer camino para luego establecerse como comerciantes cuando se pueda.
-Hace unos días se aprobaron en el Senado nacional cuatro proyectos que generaron controversias en el gobierno nacional, entre ellos el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad. ¿Cuánto representa del PBI?
-Estos dos proyectos son sensibles a la población y afectan directamente al gasto público, aclarando que la emergencia en discapacidad no lo hace en profundidad, pero tratan de utilizar recursos públicos en pos de la discapacidad; nadie puede estar en contra y lo mismo que un aumento de jubilados. Sabemos que la mínima es bajísima, los jubilados aportaron y para una vida digna necesitan un mejor ingreso, pero hay un uso político de estas buenas intenciones. Se trata de aumentar el gasto público, a sabiendas que el plan económico del Gobierno es llevar adelante la eficiencia fiscal con superávit fiscal para no tener que generar nuevos impuestos y tampoco emitir dinero. Estas dos leyes aprobadas trabajan directamente sobre el déficit fiscal, que representa entre un 0,4 y 0,6% del PBI, afectando las arcas del Estado. Con una buena intención están buscando generar un inconveniente con más inflación para que no avance el plan económico. Los legisladores se equivocan fuertemente porque los ingresos y gastos públicos son responsabilidad de ellos; si sancionan una ley donde tienen en cuenta mayores gastos y no tienen previsto de dónde salen los recursos están incumpliendo con su función.
-También se aprobaron el impuesto a los combustibles y la coparticipación de los ATN a las provincias. ¿Cuáles son las consecuencias?
-Lo mismo ocurre con el impuesto a los combustibles que generará mayor presión con el aumento de los precios, del transporte y de la inflación. La ley de copartipación no afecta al gasto público, pero obliga rápidamente a utilizar los recursos que el Estado va obteniendo de los impuestos que debe transferir a las provincias, que hasta el momento por la Constitución Nacional debe hacerse de manera discrecional, buscándose ahora un método objetivo de transferir a las provincias. Esto va a generar un gran problema político porque habrá peleas en el Congreso entre los distintos gobernadores a través de sus representantes en las dos cámaras para tomar esos fondos de impuestos de sus provincias. El Presidente está bastante tranquilo porque logró bajar la inflación de 20-25% a 2-3% mensual, teniendo la posibilidad de vetar estas leyes y llegado el caso judicializarlas, lo que demorará el funcionamiento de estas leyes. La intención es llegar al 10 de diciembre donde cambiará la composición de Diputados y Senadores para influir sobre esto y no se complique el plan económico.
