Por Ricardo Miguel Fessia.- La “gente” -ese universo indeterminado del que todos hablan para encarar causas nobles o prometer un mundo mejor- desde hace tiempo está un tanto aturdido por el intenso jaleo que desde los medios no deja que disparar hacia toda forma de dispositivo. A este panorama y para hacer más intenso el aturdimiento, hay que agregar a los aficionados que echando mano a la IA, crean contenidos.
El tema que nos convoca por estas horas es YPF. Tanto ha pasado que se impone un mínimo de claridad.
Hace algunos años -en los setenta- una propaganda de YPF transformó en hit una canción del grupo “Solvente” que en una de sus frases, siguiendo las siglas de la empresa creada el 3 de junio de 1922, decía “Y péguele fuerte, dele con todo….”. La estrofa, muy pegadiza, vuelve en la memoria pero de la peor de las maneras y por los desaguisados de gestiones, por lo menos, irresponsables o venales.
Histórica y estratégica sociedad del Estado, pasó a manos privadas -primero internacionales con Repsol y luego nacionales con Eskenazi- para volver al Estado.
Llegado al gobierno una gestión justicialista, con Carlos Menem en 1989, se inició un proceso de reestructuración. Comenzó a rondar la idea de achicar -empleados y activos- y que se necesitaba desregular. Operada por José Estenssoro se llevaron adelante las operaciones para desembocar en la privatización.
En 1992 se dictó la ley 24.145 por la que se privatizó YPF. Dejó de ser una sociedad del Estado para trocar a YPF SA. De esta forma el Estado entregó privilegios a la empresa para acrecentar su valor su valor en el mercado y los privados -bancos y fondos de inversión- tuvieron mayor participación.
Todavía suena en nuestros oídos la reflexión en 2003 del ex presidente que elogiando al nuevo ocupante de la Rosada dijo con cierta nostalgia: “Este presidente y su mujer fueron los más entusiastas en privatizar YPF. Nos ayudaron a impulsar la privatización”.
Los españoles adquirieron el 85,01% de las acciones por US$ 13.439 millones. A principios de 1999, Repsol se había quedado con el 14,99% del paquete accionario. Pese a que la oferta ibérica recibió la resistencia inicial de los accionistas, el directorio recomendó aceptar la propuesta.
Pasaron los años y en 2007 el grupo Petersen, es decir la familia de origen santafesina Eskenazi, se quedó con el 14,9% de YPF. El grupo empresario contó con la anuencia del sector político gobernante, con Néstor C. Kirchner a la cabeza, ya que se blandía la idea de argentinizar la petrolera. Su jefe de gabinete dijo: “Los argentinos tendríamos que estar contentos de que capitales argentinos estén recuperando parte de la empresa que lamentablemente nos ha traído tantos dolores de cabeza su privatización».
En estos tiempos nacionales y populares, en mayo de 2011 el grupo Petersen compró 10% más de acciones por un total de US$ 1.304 millones. De esta manera se quedaron con el 25,46% de la petrolera. La Presidenta sostuvo que era “la nueva burguesía nacional que necesita el país”.
Otro hito lo tenemos en 2012 cuando el Gobierno inició una ofensiva pública contra los dueños de YPF y empezó a flotar la idea de una mayor intervención del Estado en la compañía. Las provincias comenzaron paulatinamente a quitarles áreas petroleras. La primera medida la tomó el gobernador Martín Buzzi en Chubut, y enseguida hubo un efecto dominó en otros mandatarios provinciales. La segunda acción la llevó Santa Cruz, cuando en abril de 2012 oficializó la quita del mayor yacimiento de la provincia.
El 16 de abril llegó la noticia por cadena nacional: se expropiaría YPF por medio de una ley que debería sancionar el congreso donde es Estado se queda con el 51% de las acciones y el 49% será de las provincias. La producción del combustible será utilidad pública.
La impronta de la gestión a cuyo frente estaba la Dra. Cristina Fernández y los asesores del área, los ministros De Vido y Kicillof, se mostraron pletóricos por la medida, no obstante las opiniones y las presentaciones realizadas por los que entendían que no era la forma adecuada. Pero la agitación política provocaba cierta turbación que les impedía escuchar.
Pasaron años y se planteó una cuestión judicial que nos deposita en esta realidad.
Cierta confusión en la trama judicial, viene de varios años, más concretamente desde el ingreso en la nueva administración justicialista, en versión kirchnerista.
Siendo breve y claro, menuda tarea frente a tal insensatez, advertimos que el proceso discurre por instancias cruciales para la Argentina y, por supuesto, para YPF. Es preciso recordar que lo que sucedió es la intención de la jueza Loretta Preska, de ejecutar la sentencia. No se trata de un embargo ni una garantía, es orden que le dio desde Estados Unidos al gobierno del presidente argentino Milei para que entregue la cantidad de acciones indicadas de YPF para que sean tomadas como parte de pago.
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que reemplazó juez Thomas Griesa, en primera instancia, determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización, pero eximió de responsabilidades a YPF.
Como toda decisión, la medida puede ser recurrida por quién ha sido demandado de forma que será el tribunal superior el que decida si ese recurso se otorga “con efecto suspensivo” -no se cumple la medida mientras se tramita el recurso- o no.
Apenas notificado el Estado, los encargados de ello desde Argentina expresaron su voluntad de apelar, pero ello no inhibe a Preska de seguir adelante con los trámites.
Luego de un año y medio desde el pedido de garantía hecho por los fondos, Preska determinó este lunes 30 de junio, que el Estado argentino tiene 14 días para transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon (BNYM).
Pero en la hipótesis que el titular del Poder ejecutivo quiera cumplir, no lo podría hacer. Ocurre que el Congreso, que aprobó una ley para la expropiación incluyó una cláusula mediante la que le prohíbe al Ejecutivo la disposición de esas acciones.
Sabedora de ello, la jueza dispuso que las acciones se transfieran al BNYM y una vez allí, se produzca el cambio de titularidad. En tal caso, se debe atender al valor de la cotización de día para saber cuánto del monto reclamado se salda. El fallo expresa con claridad: “La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: 1) recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos [para transferir las acciones de YPF], 2) tomar medidas para cambiar la ley, o 3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes”.
Quedan dos caminos: trocar la ley o negociar una solución. Lo primero, sin hacer futurología, decimos que es imposible; lo segundo es lo que está viendo el fondo Burford que ya ha realizado alguna auscultación con algunos adelantado que hace un par de días estuvieron de visita en Buenos Aires.
Brevitatis causae, dicen los abogados: tenemos una condena de US$16.100 millones -más los intereses podría ser de 17- fruto de la dispendiosa forma en que Cristina Kirchner siguió los consejo de Axel Kicillof y la media palabra de Julio De Vido, según argumentan en círculo allegados a la ex presidente.
Muchas voces, no pocas de amigos, advirtieron la forma de realizar la operación pero el ahora gobernador bonaerense no ocupó un solo rato de su abigarrada agenda es escuchar. Es más, se ufanaba.
Pero ahora trepó a la tarima para dar explicaciones que, claro está, no cumplen ninguna función.
Para 2012 familia Eskenazi era la titular de “Petersen Energía Inversora SAU” y “Petersen Energía SAU”, dos empresas creadas es España para entrar a YPF. Estas compañías eran las dueñas de las acciones de la petrolera, así como también de la deuda que el grupo tomó para comprarlas ya que las compró “al fiado”.
Mas, cuando YPF dejó de pagar dividendos luego de la expropiación, la familia Petersen no pagó más su deuda y lo que vino fue el concurso en España de ambas empresas de “cartón pintado”. En ese proceso se nombró un síndico que manejó la quiebra y controló el proceso.
Fue el síndico el que encontró que el único activo, además de las acciones de YPF que tenía la compañía y que nunca fueron expropiadas, era la posibilidad de un juicio en Nueva York contra el Estado argentino por no haber acatado los estatutos de YPF ante el cambio de control que se dio en la sociedad cuando se nacionalizó.
Respecto de las acciones, se vendieron para pagar parte de la deuda. En el caso YPF, Burford llegó a un acuerdo comercial para financiar el litigio a través de una subasta pública organizada por el Juzgado Mercantil 3 de Madrid en 2015.
Burford ofreció 15 millones de euros, a lo que se le debe sumar el 30% del monto final que se pague en el marco del proceso. “Eton Capital” también compró una parte.
Resta saber si los Eskenazi recibían alguna parte del dinero de esta millonaria paga que debería hacer el país cuando la sentencia esté firme.
En principio, ese 30%, que en caso de que se confirme el monto actual sería US$ 5100 millones, se destinaría para pagar a los acreedores de la quiebra. De haber sobrante, se lo repartirían los accionistas de las sociedades españolas. Es decir, a la familia Eskenazi.
Cuando discurren estos procesos de quiebra, el síndico tiene que cancelar a los acreedores que han homologado sus créditos en el proceso. Según datos del expediente, el monto actual de la deuda de las empresas Petersen, en aquel proceso español, llegaría alrededor de US$5000 millones, monto al que se arriba luego de calcular la deuda impaga desde 2012 más los intereses compuestos del 10% anual por 13 años.
Los del fondo Burford, lápiz en mano, hacían cuentas, de eso se trata. Algún operador intentó un diálogo con el Gobierno, ya que, según sus datos, cada día que pasa se acumulan 2 millones de dólares en intereses. A diferencia del sistema legal de la Argentina, en la justicia americana es muy común poder resolver disputas con acuerdos privados.
Actualmente, el proceso transcurre por varios carriles. Por un lado, la jueza Preska resolvió sobre la entrega de acciones de YPF a los demandantes como parte de pago. A su vez, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito debe resolver una apelación presentada por la Argentina en el caso de expropiación de YPF. Una aclaración, la parte o partes que pierdan la apelación tienen derecho a presentar un “writ of certiorari” ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
En el mientras tanto, sigue el juicio y los operadores judiciales averiguan si el Estado tiene otras empresas sobre las que poder ejecutar la deuda.
La Procuración del Tesoro, a cargo de diseñar la estrategia legal de defensa del Estado, está presidida por Santiago Castro Videla, quien reemplazó a Rodolfo Barra el año pasado. El gobierno mantuvo los lineamientos de la gestión anterior y conservó la representación de los estudios jurídicos Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H).
Colofón: en este terreno no hay improvisación y liviandad. Una cosa es la política y en ese espacio recordamos -otra vez- como Néstor y Cristina Kirchner, que tuvieron un rol protagónico en la privatización de los 90 por la que recibieron una suma inmensa de dólares y encaramado en la tribuna de Río Gallegos el entonces gobernador recibía al presidente Menem diciendo “estamos ante el mejor presidente de la historia Argentina”, y luego presentarse como enemigo de la privatización. En las grandes ligas empresarias, eso no corre.
