Por Natalia Aquilino.- Días atrás se aprobó el paquete de reformas al sistema de justicia. Lamentablemente, las reformas no incluyen iniciativas que tiendan a mejorar las instancias de evaluación y rendición de cuentas del sistema de justicia al conjunto de la sociedad. La Justicia quedó nuevamente retrasada con relación a los mecanismos que existen, con distintos grados y alcance, en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo. Un estudio de CIPPEC sobre planes y programas del Poder Ejecutivo Nacional muestra que el 72% de los casos planifica algún tipo de evaluación.
Todavía no conocemos el impacto social de las políticas de Estado que promueve desde 2007 la Corte Suprema de Justicia. Medir, analizar y aprender sobre las iniciativas de independencia judicial, comunicación, integración de los jueces, orientación al servicio público, fortalecimiento del enfoque de género en las actuaciones e informatización podría darnos elementos de juicio para evaluar los resultados del sistema de justicia.
Tampoco conocemos el desempeño de los distintos juzgados y jueces en relación con su función. La productividad es irregular entre los distintos fueros y cortes, lo que resulta en un nivel de producción media muy baja. Acceder a estadísticas de productividad desagregadas por juzgado es prácticamente imposible.
Por otro lado, no se promueven instancias que midan la productividad y la calidad del trabajo del personal de justicia. Tanto las administraciones públicas como privadas poseen instancias de análisis del desempeño de los trabajadores tendientes a recompensar a los que se comprometen con su tarea como a señalar a los que no responden a sus obligaciones como mecanismos de incentivo y castigo al desempeño de su labor.
Finalmente, no hay mecanismos de control social como vía de recepción de la opinión de los ciudadanos que acceden al sistema de justicia. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación promueve la participación ciudadana en los mecanismos de rendición de cuentas propios de su función a través de talleres de diálogo con actores de la sociedad civil.
Existen muchos paradigmas y métodos probados para apoyar los procesos de evaluación. Pueden usarse abordajes cualitativos o métodos cuasi experimentales para construir la idea del impacto, los resultados obtenidos y el desempeño de los sistemas de justicia. La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia desarrolló una metodología de evaluación comparada entre los sistemas judiciales que analiza los logros de los diferentes sistemas a partir de criterios estadísticos y medios de evaluación comunes, identifica problemas y áreas de mejoras.
Una evaluación periódica que identifique cómo se benefician los ciudadanos de la acción judicial mejoraría la calidad del sistema. Permitiría conocer el impacto de sus acciones y políticas, promover un mejor desempeño de los funcionarios, asignar más eficientemente los recursos, mejorar la recolección de información y la capacidad para comunicar e informar la toma de decisiones y la toma de posiciones de las personas. Con la evaluación como técnica, se podría saber si el sistema de justicia cumple el rol para el que fue concebido y qué medidas y políticas podrían contribuir a fortalecer el Poder Judicial y legitimarlo frente a la sociedad.
Con rendiciones de cuentas periódicas ?sobre cantidad de trabajo y calidad de justicia, impacto, resultados y productos? tendríamos bases más solidas para valorar el trabajo de la Justicia, y datos de hacia dónde podría dispararse una mayor democracia del sistema judicial.
La autora es rafaelina radicada en Buenos Aires, directora Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC.
Fuente: http://www.cronista.com/opinion/La-reforma-al-sistema-judicial-que-quedo-pendiente-20130514-0069.html, martes 14.05.2013.
