Este informe tiene por objeto conocer cuánto gastan los municipios en el funcionamiento de sus concejos deliberantes. Para ello, se analizan los importes destinados a este cuerpo legislativo, según los presupuestos municipales de 55 ciudades del país (capitales y otras de más de 100.000 habitantes).
Del relevamiento realizado se pudo obtener el costo anual por concejal en cada una de las ciudades analizadas, la participación del gasto legislativo dentro de los presupuestos locales, el gasto en personal y el costo por habitante.
De acuerdo a los presupuestos municipales, el importe total de las 55 ciudades seleccionadas que presentaron presupuesto en 2024 destinado a las legislaturas municipales para el año en curso asciende a $123.290 millones. Si se tiene en cuenta que el total de concejales de las jurisdicciones en cuestión asciende a 953, implicando que cada uno tiene un costo de $129,4 millones al año o equivalente a $10,8 millones mensuales de promedio.
El costo anual por concejal es dispar entre las ciudades. Al tope de la tabla se halla San Miguel de Tucumán (Tucumán es la provincia que más gasta por legislador provincial), con $668,3 millones por año, le siguen Río Gallegos con $639,3 millones y San Salvador de Jujuy con $564 millones. En el otro extremo, las que registran menor costo por concejal son Junín y de Merlo con $10,6 y $17,5 millones anuales respectivamente.
Un concejal tucumano cuesta 12 veces más que un concejal mendocino, una diferencia considerable y más si se tiene en cuenta que la ciudad de Mendoza cuenta con 6 concejales menos.
Otro contraste importante se da entre las ciudades vecinas de Resistencia y Corrientes, la primera más del doble sobre el gasto por concejal de la segunda. La mayor disparidad se da entre San Miguel de Tucumán y Junín (provincia de Buenos Aires), cuyos gastos por concejal son de $668,7 y $10,6 millones, es decir, que el costo legislativo de la ciudad norteña es 63 veces el de la bonaerense. Rosario y Córdoba gastan casi lo mismo por concejal, siendo el costo anual $285,6 y $285,1 millones por año.
El Concejo Municipal de Rafaela aparece en el puesto 32 con un presupuesto anual de $ 704.503.787 (el 2,40% del presupuesto municipal) y $ 70.450.379 por cada concejal en el año. Al chequear este último dato, el sueldo promedio anual del concejal rafaelino es de más de 48.000.000 (3.100.000 mensuales de promedio más aguinaldo casi 1.700.000), unos 12.000.000 de cada secretario (un millón mensual) y los $10.000.000 restantes son el proporcional de los 8 empleados de planta más el secretario y el prosecretario, totalizando 30 personas.
Presupuesto municipal
El gasto destinado a los concejos deliberantes en las ciudades representa en promedio el 3,3% del total de sus presupuestos (en este caso se analizaron 60 ciudades incluyendo en algunos casos los presupuestos del ejercicio 2023). Las jurisdicciones que exhiben una mayor participación son: Formosa (13,7%), Posadas (11,2%), San Salvador de Jujuy (8,4%), Río Gallegos (8,3%) y Rawson (7,4%).
En 2023 Formosa tenía presupuestado gastar en el Concejo Deliberante el equivalente al 89,9% del gasto total en obras públicas. Para tomar otra dimensión de este gasto, equivalía al 65,5% del total de recursos propios, excluyendo los recursos de origen provincial y nacional.
Al analizar la composición presupuestaria, Posadas destina a su Concejo Deliberante casi el mismo monto (99%) que a su plan de obras públicas. A su vez, este monto es el 200% de lo que se le destina a la Secretaría de Turismo y Cultura y el 191% a la secretaría de Movilidad Urbana.
San Salvador de Jujuy gasta en mantener su Concejo un 130% de lo que destina para mantener la policía y control municipal. Esto es, $6.768.743.065 vs. $5.228.512.501. Otra comparación que sirve para tomar dimensión del gasto en el Concejo es que se destina al Concejo el 40% de lo que se le consigna a obras públicas y desarrollo urbano.
El Concejo de Río Gallegos gasta 4 veces lo que eroga la totalidad de la Secretaría de Producción. Cuando se compara contra la Secretaría de Salud, el Concejo Deliberante de esta ciudad gasta casi 5 veces lo que se destina a la mencionada jurisdicción.
Asimismo, el presupuesto del Concejo de Rawson es el 90% del monto que se destina a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano de la ciudad. Una comparación más llamativa es que gasta un 750% de lo que eroga en su programa municipal alimentario.
Al igual que sucede en las legislaturas a nivel nacional y provincial, la mayor parte del gasto de los concejos deliberantes se destina a personal, no sólo considerando el sueldo de los concejales, sino también, secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los distintos municipios analizados.
Para los municipios en los que fue posible obtener este dato (41 del total analizado), se observa que la participación promedio del gasto en personal en el total del gasto del Concejo es del 87,4%. Sin embargo, en 24 de los 41 casos el porcentaje supera el 90%, al menos 9 de cada 10 pesos que cuesta el Concejo se va en forma de remuneraciones al personal ocupado.
Las cifras más bajas se encontraron en La Matanza (26,33%) y Florencio Varela (46,88%). Mientras que los casos más extremos fueron los de Godoy Cruz y Maipú, ambos de la provincia de Mendoza con 99,7% y 98,96% respectivamente. En Rafaela, el 94,20% se destina al gasto del personal.
En Rosario la cifra asciende al 68,52%, lo que la ubica como la cuarta que menos gasta en personal en términos relativos de todas aquellas que se dispone de información. El porcentaje es levemente menor al de Córdoba (72,04%). En lo que refiere al personal de los concejos, para las que se pudo acceder a información hay 17 trabajadores por legislador. La jurisdicción con la mayor cantidad de empleados por concejal es Posadas cuyo personal del Concejo asciende a 1.585 trabajadores, lo que significa que posee 122 empleados por cada concejal.
La cifra de Posadas más que duplica la de las dos siguientes ciudades con mayor ratio: Río Gallegos (61 personas por concejal) y San Salvador de Jujuy (60). En el otro extremo, figuran ciudades con ratios muy bajos como Tandil, San Nicolás, Rafaela, Olavarría y Junín donde la planta de personal adicional a los concejales es igual que la cantidad de concejales que la ciudad posee.
Además de Posadas, las plantas más numerosas son las de Salta (729), San Salvador de Jujuy (719 personas) y San Isidro (482). Córdoba tiene una planta de 260 personas, lo que da un ratio de 8 personas por concejal.
Las 55 ciudades que se disponen los presupuestos 2024 concentran a 19.4 millones de personas, poco más del 40% de la población del país. Considerando el total de egresos en concejos municipales, se estima que se gastan en promedio $6.344 por habitante al año en este concepto.
Las diferencias son considerables entre ciudades. Las que más gastan en términos per cápita en el Concejo son Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia a casi $39 mil, $33 mil y $29 mil al año por habitante, respectivamente. Las que menos gastan son Merlo ($301 per cápita al año), La Matanza ($1.258) y Florencio Varela ($1.372).
Esto significa que Río Gallegos gasta más de 6 veces el promedio de las ciudades consideradas, Río Grande y Ushuaia alrededor de 5 veces, mientras que ciudades como Lanús, Resistencia, Oberá, Quilmes gastan menos que la mitad del promedio.
Córdoba y Rosario se encuentran en guarismos similares, $5.872 y $5.930, levemente por debajo del promedio considerado. San Miguel de Tucumán gasta unos $20.379 per cápita, Rafaela $6.925, General Pueyrredón $6.076, Mendoza $5.194.
Conclusiones
En el actual contexto de políticas públicas que apuntan a un gasto público eficiente, controlado, austero y transparente, que está obligando a todos los niveles de gobierno a revisar su estructura, su necesidad y funcionalidad, el gasto de los concejos municipales no debe quedar exento.
El gasto público debe priorizar sectores esenciales, reduciendo al mínimo las estructuras burocráticas costosas e ineficaces. Los números expuestos evidencian la necesidad de reformar y racionalizar estos órganos legislativos locales, eliminando gastos superfluos que no generan valor directo para la sociedad.
Cualquier gasto excesivo no solo implica una asignación ineficiente de recursos públicos, sino que genera una carga innecesaria sobre los contribuyentes. Un Estado más reducido y eficiente es esencial para garantizar que los fondos públicos sean utilizados en áreas que realmente impulsen el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos.
