La Comisión Directiva de la Mutual de Ben Hur estaría dispuesta a solicitar el llamado a un concurso de acreedores, luego de que la Justicia decidiera la quiebra de la entidad. La decisión habría sido evaluada desde hace tiempo, quizás, como consecuencia de la gran cantidad de pedidos de quiebras que había en la Justicia.
En diálogo telefónico con el programa «Sábado 100» por radio Horizonte (FM 99,5) que conduce el que firma esta crónica, el abogado Omar Emmert, uno de los letrados que defendieron los intereses de uno de los ahorristas, señaló que esa es una de las posibilidades que se le brinda a la Mutual a partir del fallo de la jueza Rebaudengo.
Más allá de esto, mencionó que la quiebra «era una confesión de partes» puesto que «como es sabido, para presentarse al concurso preventivo era condición «sine qua non» que se esté el estado de cesación de pagos».
Según sus palabras, la ley de concurso le otorga un derecho a la mutual para que peticione su propio concurso, es decir, «convierta la quiebra declarada en concurso preventivo, que no tiene la finalidad de liquidar los bienes, sino en principio de solucionar las falencias y arribar con los acreedores a un acuerdo preventivo que pueda significar una quita, una espera o ambas».
Para que sea aprobado, debe tener el visto bueno de la mayoría de los acreedores (la mitad más uno de ellos) y que representen los 2/3 del pasivo.
En cuanto a la designación de síndico (se estima para el 5 de octubre), admitió que si la mutual convierte la quiebra en un concurso preventivo, «habría una nueva agenda» y «se haría a través del ámbito del tribunal y no a través de asambleas, donde cada acreedor va a estar posibilitado de ejercer su derecho, no si es o no socio activo».
En cuanto a los alcances que tiene esta medida, Emmert señaló que «en principio, se cede todo el patrimonio al juez que entiende en la quiebra. De esta manera, no se podrían hacer juicios de contenido patrimonial, vender, hipotecar o prendar los bienes de la Mutual, no pueden salir del país los dirigentes salvo autorización expresa, entre otras cuestiones». Según el entrevistado, estas son «una serie de medidas tendientes a asegurar el crédito de los acreedores y la eventual liquidación en un término de 4 ó 5 meses para distribuir su producto».
El abogado señaló que con el dictado de la quiebra «hemos ganado en transparencia, en derecho, a diferencia de lo que había sido una situación manejada por mayorías impuestas, con persecución a minorías».
Sobre la figura del Fideicomiso, avalada por la Asamblea realizada el 22 de agosto pasado, señaló que «como herramienta jurídica puede ser utilizada o no. Creo que aquí vamos a un acuerdo».
-¿Qué pasará con los servicios de la mutual y Presto?
-Seguramente, van a tener una posibilidad de llegar a un acuerdo, sino se llega a un acuerdo y se remata de acuerdo a las publicaciones que se conocieron esta gente tendrá que hacer un reclamo por algunos dirigentes que no han trabajado transparentemente. No es un problema de la declaración de quiebra sino de cómo se manejaron los fondos hasta aquí. Yo no he visto los números como para juzgar, pero acá hay manejo de cuentas absolutamente arbitrarios y sus responsables tendrán que dar una solución sobre Presto. En el caso de que no tengan los asociados el servicio de Presto no será por la culpa de que lleguemos al tribunal sino porque se han manejado mal los dineros de los socios de Presto.
Emilio Grande (h.)
