El gobierno municipal de nuestra ciudad llamó a licitación para realizar la obra de alumbrado público en seis barrios antes de que se conozcan los resultados del registro de oposición, un mecanismo que permite a los vecinos decidir si quieren o no la mejora. En otras palabras, el Ejecutivo ya ordenó la compra de materiales para obras que no se sabe si se ejecutarán.
De esa manera el Municipio subvierte el orden lógico de las acciones administrativas con la presunta intención de utilizar el «shock lumínico» -como lo denominara el propio intendente Omar Perotti- como argumento de campaña electoral e inaugurar las obras antes de los comicios del 23 de octubre.
La irregularidad es tan burda que los decretos de los llamados a licitación para la compra del equipamiento son anteriores al decreto que establece las características técnicas de la obra y los materiales que se utilizarán.
Se trata de la obra de alumbrado para los barrios Pizzurno, Villa Podio, Martín Fierro, Malvinas Argentinas, Los Nogales y Antártida Argentina.
Según los avisos oficiales publicados en La Opinión la semana pasada, el registro de oposición a la obra se abrirá el 25 de este mes y los vecinos podrán registrar su negativa durante 15 días hábiles, es decir hasta el viernes 12 de agosto.
Recién después de ese día el Ejecutivo debería saber efectivamente si se hará la obra o no, ya que si el registro de oposición supera al 50 por ciento de los frentistas, la obra quedará sin efecto. Sin embargo, el Gobierno ya realizó los llamados a licitación para adquirir los materiales para realizar los trabajos.
En realidad el régimen de oposición implementado por el Municipio para este caso esconde una trampa y es que todos los barrios fueron incluidos en una única obra, lo que impide que la negativa se exprese por sectores o barrios. Así, aun cuando un sector barrial completo exprese su negativa, difícilmente llegará a obtener el 51 por ciento necesario para rechazar la mejora.
Los detalles
Según los avisos publicados en el diario citado el Registro de Oposición «se encuentra abierto (…) en la oficina de Contribución por Mejoras por el término de 15 días hábiles, contados la partir del 25 de julio de 2005, última publicación en un diario local».
Se informó además que «la Municipalidad de Rafaela está distribuyendo a los contribuyentes afectados una liquidación preventiva a efectos de una completa información sobre el costo resultante».
La obra en cuestión fue aprobada por el Concejo a través de la ordenanza 3.730 del 15 de noviembre de 2004 y reglamentada por el Intendente a través del decreto 23.763.
No obstante esta semana se conocieron los llamados a licitación anticipados, que Perotti estableció a través de los decretos 23.722, 23.723 y 23.770. El primero de los instrumentos públicos convoca a licitación para «la adquisición de materiales y elementos necesarios para la ejecución de la obra plan de Remodelación del Sistema de Alumbrado Público en los barrios Pizzurno, Villa Podio, Martín Fierro, Malvinas Argentinas, Los Nogales y Antártida Argentina» por la suma de $140.962. El segundo decreto abre otra licitación para la compra de los «artefactos» para la misma obra por un monto de $198.000; y el tercer decreto es para licitar la compra de las columnas de hierro que se destinarán a los mismos trabajos, en este caso por un presupuesto oficial de $182.920. Los sobres con las ofertas para cada una de las licitaciones se abrirán los días 11, 12 y 16 de agosto.
Para esos días se cumplirá el plazo previsto para el registro de oposición por lo que el Ejecutivo podría adjudicar las licitaciones y comenzar las obras antes de que concluya agosto o los primeros días de septiembre.
Preguntas
En este punto cabe preguntarse ¿por qué el Ejecutivo fuerza los tiempos normales y transgrede el orden lógico de las actuaciones legales y administrativas? La única respuesta posible refiere al apuro del oficialismo por realizar estas obras antes de los comicios electorales y de ser así, el Intendente estaría instrumentando el presupuesto público en función de la campaña electoral del Partido Justicialista.
Otra pregunta que cabe hacerse es ¿por qué el Concejo Municipal no intervino hasta ahora para que se corrija esta irregularidad, siendo que es el poder que dicta las normas y debe controlar que el Ejecutivo las cumpla? ¿Será porque el Cuerpo Legislativo está en receso o porque los concejales también están ocupados en sus propias campañas electorales y no cumplen adecuadamente su función de contralor?
¿O la falta de control será parte de un «pacto de convivencia» entre oficialismo y oposición?
Por ahora lo único claro es que el Ejecutivo maneja discrecionalmente los recursos para obras sin que exista una efectiva fiscalización por parte del Concejo Municipal.
Fuente: diario Castellanos, Rafaela, 19 de julio de 2005.
