Otra crisis institucional en Argentina

La sociedad argentina se encuentra en una encrucijada institucional que camina por una cornisa y con final abierto sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales en el corto y mediano plazo.
En los últimos tiempos estamos escuchando discursos de distintos sectores políticos con mensajes que confunden y en el fondo no respetan la Constitución, las instituciones y lo que debiera ser la sana convivencia democrática, especialmente del Gobierno que debe dar el ejemplo.
La presidente Cristina da la impresión que está desencajada y no acepta las reglas de juego a tal punto de desconocer los fallos judiciales como en el caso del uso de las reservas del Banco Central con los polémicos decretos de necesidad y urgencia.
En el medio la Corte Suprema pidió a través de un comunicado “a quienes tienen responsabilidad de gobierno a expresarse con mesura y equilibrio”, advirtiendo que “las leyes se aplican a todos por igual”.
Pero a las pocas horas salió a responderle Cristina de Kirchner, expresando que “la palabra mesura tiene mucho sonido a censura; no me parece lo más apropiado”, recordando la hipótesis de su marido Néstor sobre un supuesto “partido judicial” con la intención destituyente.
En la vereda de enfrente la oposición debiera tener más racionalidad y sentido común ante tanta “locura gubernamental”, pero sus integrantes parecen descarrilarse y perder el rumbo. Pasó en el Senado con la ausencia de Menem para imponer la mayoría en las comisiones y en ambas cámaras no bajaron al recinto para dar quórum. Más grave es la denuncia de la senadora Roxana Latorre al decir que “se respira un espíritu golpista”.
En este contexto hay una reserva moral con la presencia de la Iglesia Católica y de otros credos. Los obispos dijeron en un documento que “urge recrear las condiciones políticas e institucionales que nos permitan superar el estado de confrontación permanente que profundiza nuestros males. La situación actual requiere una actitud de grandeza de parte de todos los argentinos, en particular de sus dirigentes”.
Y agregan que “la calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión de todos en la comunidad nacional. Es necesario que los poderes del Estado, de acuerdo a su naturaleza, actúen respetando su legítima autonomía y complementándose en el servicio al bien común”.
“Si toda la Nación sufre, más duramente sufren los pobres. Este es un reclamo del cual nos volvemos a hacer eco, porque se trata de una deuda que sigue vigente, y que se lee en los rostros de miles de hermanos que no llegan a vivir conforme a su dignidad de hijos de Dios. Es el momento de privilegiar la sanción de leyes que respondan a las necesidades reales de nuestro pueblo”, concluye la Comisión Permanente episcopal de la que participó el obispo de Rafaela Carlos Franzini.