Hace varios años que pasa exactamente lo mismo y no aprendemos. Lo normal parece no saber si las clases empiezan o terminan. Si el Estado no puede «garantizar» algo tan elemental significa que en la base seguimos mal.
Y cuando decimos Estado debemos ser muy claros: la educación primaria y secundaria en Argentina es provincial y los sueldos los pagan las provincias. Sin embargo la Nación aparece hoy como la buena y las provincias las malas: Es que a nivel nacional se fijó un salario piso que significa un aumento del 23% que gran parte de las provincias no pueden pagar.
Y no lo pueden pagar como tampoco otras cuestiones básicas que se van resolviendo sobre la marcha, mientras que la Nación sí puede pagar en tiempo y forma sus salarios públicos. ¿Alguien se acuerda que en diciembre muchas provincias y muchísimos municipios no podían pagar siquiera los sueldos?
Es que hace 20 años vivimos una situación insostenible en esta tema: ninguna Provincia sabe realmente si percibe lo que corresponde por coparticipación federal. El tema se ha hecho tan pero tan complicado que los técnicos que manejan el tema no pueden explicar como quedó formado el sistema de distribución. Y lo denominan al mejor estilo argentino: el laberinto de la coparticipación.
La coparticipación es una herramienta básica de distribución de tributos que pertenecen a Nación y Provincias. Por cuestiones políticas y algunas técnicas se aceptó que cobre la Nación y gire luego hacia abajo, cuando muchos tributos se pueden cobrar a nivel local o provincial y coparticipar desde abajo (no hay inconveniente legal alguno y está probado en el mundo que es más eficiente).
Este sistema se quiso mejorar en 1988 y todo salió peor: en la ley de coparticipación de ese momento se terminó con el esquema de asignación universal y las provincias aceptaron detracciones de la masa coparticipable que en aquel momento no parecían esenciales y hoy lo son. Ejemplo: el 15% de la coparticipación se deriva al sistema previsional nacional; en impuesto a las ganancias también, en el IVA el 11% también tiene este destino. La lista es enorme y casi nadie la conoce.
En los noventa el sistema perjudicó de nuevo a las provincias: el
52,5% de la recaudación nacional debía destinarse a las provincias, sin embargo ello llegó al 35%, cuando la misma ley fijaba un piso del 34% mínimo (que tampoco es lo necesario, vale aclararlo. Los sistemas federales como el nuestro tienen un esquema distinto).
A partir del 2002 el sistema estalló: se firmó un nuevo pacto fiscal en el medio de la emergencia pública, renunciando las provincias «otra vez» a derechos que le correspondían. Y simultáneamente, sin que haya nada escrito entre las partes, hubo un cambio macroeconómico: el crecimiento de las exportaciones agropecuarias.
Y como las retenciones son fijadas como impuesto exterior no son coparticipables (no pocos consideramos que sí, pero bajo otros argumentos y ello no lo resuelve el DNU del 2008 por el cual se crea el fondo sojero, que reparte a su vez migajas).
Un estudio del Banco Mundial lo demuestra perfectamente: «Durante los años 90, las provincias recibieron un promedio de cerca de 35 por ciento de todos los impuestos federales. Con la introducción en 2002 del impuesto de exportación, que no se comparte con las provincias, la proporción de impuestos federales transferidos a las provincias declinó al 25 por ciento durante 2002». Banco Mundial: «Argentina. Reforming Policies and Institutions for Efficiency and Equity of Public Expenditures». (Report No.25991?AR) fechado el 10/09/03)
Esta situación se hizo más clara en los años posteriores y con la cosecha récord actual de más de 50 millones de tn de soja cualquiera entiende que la Nación reparte con las provincias igual que el Profesor Neurus (el simpático villano del dibujo animado de la TV, super hijitus): «Uno para tí, cien para mí».
Paralelo a ello las provincias asumieron cada vez más servicios. Entonces la Nación en estos últimos 8 años no tiene déficit y aparece como la gran hacedora de obras y las provincias como mendicantes. No es sólo un tema de mala administración (que se dio y da en algunos casos y tampoco se sanciona, por cierto, nivelando de nuevo para abajo) sino de objetiva injusticia fiscal.
Desde ya que hay un artículo de la ley citada que fija que el monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los tributos nacionales. El incumplimiento de este artículo motivó que varias provincias -entre otras Santa Fe? tengan un litigio en la Corte Suprema que deberá resolverse.
A todo esto, en pleno febrero una resolución interna del Jefe de Gabinete reasignó 144 millones de pesos que eran provinciales (nada menos que para el cuidado del medio ambiente) que se destinan ahora al «Fútbol para todos».
Que cada cual saque sus conclusiones. Y no nos enojemos entre los de abajo (municipios y provincias) sino que sepamos muy bien donde se origina el problema y todos juntos reclamemos lo que es nuestro.
Dr. Enrique J. Marchiaro
