El intendente de Rafaela Omar Perotti “se olvidó” de informar a la provincia mejoras catastrales en 4.520 propiedades que tiene la ciudad privando a las arcas santafesinas de recaudar 1,2 millón de pesos anuales. La normativa actual establece que cuando un municipio se hace de esa información
debe elevarla al Estado provincial en un plazo de 60 días. A diferencia
de otros intendentes de ciudades donde se descubrieron grandes
superficies no registradas, la Intendencia de Rafaela cuenta con esa información y recauda tasas en proporción desde 2006.
Las diferencias entre el catastro provincial y el del municipio quedaron a la luz cuando la provincia terminó de hacer en Rafaela el relevamiento que lleva adelante en la mayoría de las ciudades santafesinas por medio de fotos aéreas y satelitales y con la colaboración del Instituto Geográfico Militar.
Los funcionarios provinciales detectaron que 4.520 propiedades urbanas de la Perla del Oeste tienen construcciones sin declarar y en la misma situación está el 20 por ciento de las instalaciones industriales.
Pero la sorpresa llegó cuando en la provincia constataron que la
Municipalidad ya había incorporado esas mejoras tres años atrás y que no informó al Servicio de Catastro e Información territorial como manda la ley actual, que establece un plazo de 60 días para hacerlo.
En consecuencia, mientras la Municipalidad de Rafaela tenía incorporada la mayor superficie construida, y por tanto cobraba tasas sobre la misma, la provincia seguía percibiendo valores históricos por el impuesto Inmobiliario. Una decisión política que vendría a ser algo así como el granito de arena de Perotti en el marco de la estrategia opositora de recortarle recursos al primer gobierno provincial del Frente Progresista
Cívico y Social.
Recaudación perdida
Según las estimaciones que hicieron en el Ministerio de Economía de Santa Fe, la incorporación de las mejoras en esas 4520 propiedades urbanas le significaría a la provincia 1,2 millón de pesos al año. En el caso de inmuebles urbanos la corrección es mínima y en el área industrial la
actualización le retribuiría a la provincia unos 120 mil pesos al año.
Lo curioso es que la estrategia de Perotti al fin y al cabo se vuelve en
contra de su propia ciudad, ya que el impuesto Inmobiliario se coparticipa
en un 50 por ciento con municipios y comunas.
Pero la distracción de Perotti no quedó ahí. Blanqueado el asunto y obtenida la información por medios propios, la provincia pretendió
firmar un convenio de reciprocidad con la Municipalidad rafaelina,
donde las partes se comprometen a intercambiar información en forma
inmediata. Hay que tener en cuenta que los propietarios están obligados
a hacer las declaraciones de mejoras en reparticiones comunales.
La negativa de la Intendencia a colaborar fue tajante, lo cual implica que será la provincia la que deba ahora notificar a propietario por propietario
que le fue detectada superficie construida sin declarar, que la misma se incorporó a la base catastral y que por lo tanto se le actualizará el
impuesto a los inmuebles. También deberá procesar toda la información
necesaria para contestar reclamos y revisarla en caso de que la misma sea
impugnada o hubiera errores. A pesar de que son las comunas las que
tienen proximidad con el vecino y conocen en profundidad el territorio,
todo será más engorroso porque el trabajo deberán realizarlo desde Santa Fe.
Con este panorama, la provincia recién podrá recaudar en 2011 el impuesto correspondiente a esas mejoras en 3 mil propiedades y en las áreas industriales, ya que la ley actual establece que los nuevos valores se pueden aplicar en el período siguiente al detectado.
En busca de los ladrillos perdidos
El Ministerio de Economía santafesino viene llevando adelante un plan de actualización catastral en las principales ciudades de la provincia. el caso más notable hasta ahora fue el de Villa Gobernador Gálvez, donde se destectaron más de un millón de metros cuadrados edificados sin declarar al fisco. De los 21.453 inmuebles relevados, el 61 por ciento resultó que
presenta irregularidades respecto de su declaración.
Traducido a metros de superficie, Villa Gobernador Gálvez tiene 2,36 millones de metros cuadrados construidos, pero 1,12 millón están fuera de registro y sus propietarios no tributan. También se indentificaron 74 empresas que le ocultaron al fisco entre 1.000 y 15.000 metros cuadrados edificados cada una. De esos casos, hay 31 que ante el Estado figuran como terrenos baldíos.
También en Firmat, san lorenzo, Venado tuerto y Casilda se hicieron los relevamientos. En la mayoría de los casos las autoridades locales, que se ven beneficiadas por doble vía (mayor coparticipación de impuesto inmobiliario y más recaudación por tasas locales), acceden a la firma de convenios de reciprocidad con la provincia, por lo cual el intercambio
de información sobre actualización de catastro es automática. Firmat ya lo firmó y en estos días había comprometido una respuesta la intendencia de
casilda (al igual que Rafaela en manos del justicialismo) aunque todo indicaba que la respuesta sería negativa.
Frenar el Frente
“El olvido” del intendente Omar Perotti que impidió a la provincia recaudar impuesto inmobiliario sobre los que él recauda tasas municipales es parte de una estrategia del rafaelino para frenar todo avance del gobierno del Frente progresista. Las disputas vienen desde que Binner asumió. Las más importantes siguen siendo las trabas para que el ejecutivo provincial construya el centro cívico y un hospital como los de Santa Fe capital, Reconquista y Venado tuerto. Para la construcción de casas la provincia
tuvo que comprar terrenos.
Fuente: diario Cruz del Sur, Rosario, miércoles 10 de febrero de 2010.
