“Es una obligación de todos los hombres de buena voluntad, en especial de quienes tienen responsabilidades como dirigentes religiosos, políticos, sociales o económicos, manifestarse públicamente en contra del crimen abominable del aborto”, reitera la Corporación de Abogados Católicos en un comunicado firmado por Pedro J.M. Andereggen y Carlos J. Mosso, presidente y secretario respectivamente de la corporación, fechado el 15 de febrero.
La Corporación de Abogados Católicos, adhiere y “destaca la valentía” a la denuncia que hiciera el presidente Javier Milei sobre la existencia de la “agenda sangrienta del aborto” efectuada recientemente ante el Foro Económico Mundial de Davos.
El comunicado destaca que -según reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS)- en 2022, “por aborto intencional se dio muerte a setenta y tres millones de seres humanos, superando así al conjunto de todas las otras causas de fallecimiento de la población mundial”.
Y agregan que, en nuestro país, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, desde enero de 2021 hasta la actualidad, murieron trescientos mil niños por nacer. “Estas cifras alarmantes -subrayan- objetivan una gravísima tragedia moral y demográfica”.
Y concluyen que “como ocurrió con la esclavitud, fundados en la esperanza sobrenatural, más pronto de lo que pudiera parecer, resultará insostenible que desde los Estados se siga estableciendo que una parte de la humanidad tenga el derecho de matar a otra, única verdad sustancial que subyace en el denominado aborto legal, aunque se lo quiera disimular bajo burlescos eufemismos”.
Declaración de la Corporación de Abogados Católicos
La Corporación de Abogados Católicos adhiere a la denuncia del presidente Milei sobre la existencia de la “agenda sangrienta del aborto”. También destaca la valentía de haberla efectuado ante el Foro Económico Mundial de Davos. Sin pretensión de efectuar ninguna comparación, ello trae al recuerdo el discurso de la Bendita Madre Teresa de Calcuta al recibir el Premio Nobel de la Paz, cuando dijo que “el aborto es el mayor destructor de la paz de hoy. Porque si una madre puede matar a su propio hijo ¿qué falta para que yo te mate a ti y tú me mates a mí? no hay nada en el medio”.
Es que es una obligación de todos los hombres de buena voluntad, en especial de quienes tienen responsabilidades como dirigentes religiosos, políticos, sociales o económicos, manifestarse públicamente en contra del “crimen abominable del aborto”, tal como lo califica, junto al infanticidio, la Constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, en cuya línea todos los Papas han insistido. Nuestro Papa Francisco incluso lo ha comparado con crímenes nazis y referido que era “como llamar a un sicario para resolver un problema: no se puede”.
En el año 2022, de acuerdo a relevamientos de información con fuente en la OMS, por aborto intencional se dio muerte a setenta y tres millones de seres humanos, superando así al conjunto de todas las otras causas de fallecimiento de la población mundial. En nuestro país, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, desde enero de 2021 hasta la actualidad, por aplicación de la ley 27.610 -arteramente denominada de “interrupción legal del embarazo”-, sumado a los abortos realizados en el sistema privado, han muerto trescientos mil niños por nacer. Estas cifras alarmantes objetivan una gravísima tragedia moral y demográfica, (dado la comprobada y abrupta disminución de los nacimientos, que compromete seriamente nuestro futuro); de la que el Estado argentino es responsable porque posibilita, con la legalización y despenalización del aborto, la eliminación generalizada y sistemática de una categoría de personas creada por esa inicua ley: “los niños no deseados”. Incluso se ha obligado -u obliga indebidamente a otros- a realizarlos en los hospitales públicos y privados.
No puede legítimamente admitirse que un sector de la población pueda tener el carácter de dominante sobre otro grupo de seres humanos que se encuentran en condición vulnerable, otorgándoles el derecho de realizar sobre ellos ataques mediante acciones físicas, químicas o farmacológicas hasta lograr su muerte, sólo en consideración de su propia y exclusiva conveniencia, utilidad o comodidad, lo que repugna a la inviolabilidad y trato digno que “en cualquier circunstancia” merece el ser humano (art. 51 Código Civil y Comercial de la Nación) y lesiona tanto evidentes derechos individuales a la vida como los que universal y colectivamente le corresponden a toda la especie humana, pues “esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad” (Estatuto de Roma, aprobado por la ley 25.390).
Como ocurrió con la esclavitud, fundados en la esperanza sobrenatural, más pronto de lo que pudiera parecer, resultará insostenible que desde los Estados se siga estableciendo que una parte de la humanidad tenga el derecho de matar a otra, única verdad sustancial que subyace en el denominado aborto legal, aunque se lo quiera disimular bajo burlescos eufemismos, como el de que el nuevo ser humano es solo un “fenómeno” o un “conjunto de células”, o de justificar a través de sentimentalismos presentados de forma dramática junto a estadísticas incomprobables, inverosímiles o falsas por activistas de la cultura de la muerte y del descarte -que denunciaron los Papas Juan Pablo II y Francisco-, en una verdadera rebelión antropológica dado el rechazo a la gracia y privilegio que hombres y mujeres tienen de colaborar en la obra creadora de Dios mediante la transmisión de la vida.
Fuente: https://aica.org/
