Por Emilio Grande (h.).- En medio de la campaña electoral nacional del 22 de octubre, el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa lanzó una serie de medidas oportunistas para tratar de captar votantes.
En concreto, dispuso la suma fija de 60.000 pesos divididos en dos cuotas mensuales para aminorar los efectos de la devaluación oficial, generando respuestas en contra de la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), donde señalaron que se pretenden hacer imposiciones del Estado por fuera de la paritaria, que es el mecanismo para ajustar los salarios.
Los empresarios señalan con razón que está vigente un sistema de paritarias en la Argentina, en las que sindicatos y organizaciones patronales acuerdan los aumentos salariales. Comerciantes rafaelinos también mostraron su bronca por esta medida.
En la misma línea, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechazó la medida desde las formas y el fondo porque “vulnera la negociación colectiva, impone cargas gravosas para el sector empleador y no tiene en cuenta la mejora en el salario real que se ha dado en la última paritaria entre partes. Y también denostamos el oportunismo de algunos gobernadores que tienen elecciones provinciales y han aprovechado para resaltar que van a pagar el bono”.
Sin embargo, salió al cruce la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, quien respondió a los cuestionamientos y entendió que algunos sectores suelen tener “prejuicios” sobre las disposiciones de la Casa Rosada. También adelantó que habrá multas para las compañías que no paguen el bono, a quienes tienen salarios de hasta 400 mil pesos, y manifestó que se apoyarán en los gremios para la fiscalización.
Al mismo tiempo, ya son 14 las provincias que no adhieren a la medida anunciada por el candidato a presidente de Unión por la Patria. Los gobiernos de Santa Fe, Córdoba, Misiones, Ciudad de Buenos Aires, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Chaco y Santa Cruz plantearon directamente que no analizan el pago porque están en diálogo con los estatales o ya firmaron acuerdos que están vigentes.
El ministro de Trabajo de Santa Fe Juan Manuel Pusineri dijo que la decisión ya está tomada: “Aplicamos un acuerdo paritario”. Los mandatarios provinciales insisten que la decisión no fue consultada y que solo la habían hablado unos días antes del viaje de Massa a Washington, aunque se trató solo como “una mención”, en el marco de una serie de propuestas “sin ninguna precisión”. Las provincias que pagan el bono son La Rioja, Mendoza, Chubut y Santiago del Estero.
Conviene recordar que el gobierno de Alberto Fernández hizo algo similar en las elecciones legislativas de 2021, cuando después de la derrota oficialista en las PASO, y antes de las elecciones generales de octubre, aumentó en más del 80% el gasto público, congeló las tarifas de luz y gas y les mandó más recursos a las empresas estatales.
Al respecto, el colega Joaquín Morales Solá opinó que “no logró nada, aunque debe reconocerse que hace dos años se usaron solo recursos del Estado. Nadie metió las manos compulsivamente en el bolsillo de nadie; solo cabe recordar que los recursos del Estado son propiedad de los argentinos, colocados bajo la administración de un gobierno perecedero. De todos modos, en 2021 el gobierno de Alberto perdió ante Juntos por el Cambio en las elecciones de octubre por casi 9 puntos porcentuales. Gastó dinero inútilmente” (diario La Nación).
Estamos frente al final de un Gobierno, decididamente, en caída libre y sin brújula, en el que desaparecieron de la escena pública el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina de Kirchner, quienes delegaron el poder en el ministro Massa, a la vez candidato presidencial. Ante la galopante inflación, nuevamente impone al sector privado el ajuste económico mientras sigue la “joda” de la clase política con sueldos siderales, viáticos y entrega de subsidios, al mejor estilo populista que tanto daño le hizo a la Argentina.
