La Compañía de Jesús fue disuelta este miércoles en Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega, que dispuso además expropiar su patrimonio en el país centroamericano. Es decir, los jesuitas no podrán seguir funcionando en Nicaragua, y sus bienes muebles e inmuebles, así como sus instituciones educativas, entre la que se incluye la Universidad Centroamericana (UCA), ya incautada, pasarán a manos del Estado nicaragüense, según un acuerdo ministerial.
Al respecto, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús publicó este miércoles un comunicado, donde se lamenta que esa decisión “se tomó sin que conste que se hayan realizado los procedimientos administrativos establecidos por la ley».
“Como sucedió en la mayoría de los más de tres mil casos similares de cancelación de personería jurídica llevados a cabo por el régimen desde el 2018, ese acuerdo ministerial se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los jesuitas, y sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad, totalmente injustificados y arbitrarios”, denuncia el mensaje.
En el comunicado, la Provincia de Centroamérica de la Compañía de Jesús condena esta nueva agresión y la considera “enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática», calificada en su conjunto como “crímenes de lesa humanidad” por el grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, conformado por las Naciones Unidas.
Además, ese hecho confirma que el país “está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario”. Asimismo, los jesuitas responsabilizan a Daniel Ortega y a su mujer, Rosario Murillo, “por estar, por lo menos, cohonestando estos hechos e impidiendo que existan condiciones de independencia y neutralidad del poder judicial que le permita tomar medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos”.
Al final del comunicado, los jesuitas piden a la “pareja presidencial” cesar la represión y aceptar la búsqueda de una “solución racional, en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto de los Derechos humanos y el estado de derecho”. Además, piden que se “respete la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos o con las que ellos colaboran”.
Por último, los jesuitas se unen a los miles de víctimas nicaragüenses que están esperando que se les haga justicia y “se repare el daño que el actual gobierno nicaragüense está causando”, y agradecen “las innumerables muestras de reconocimiento, apoyo y solidaridad que han recibido ante estos crecientes atropellos”.
Fuente: https://aica.org/
