Por Emilio Grande (h.).- Para entender las consecuencias que trae aparejada la corrupción desde hace muchos años en la Argentina, voy a intentar hacer un análisis un poco más profundo sobre dos hechos salientes de esta semana.
En un fallo histórico, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos luego de que la Justicia la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas para Santa Cruz. Fue absuelta por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada. Se trata de la primera Vicepresidente en ser condenada por corrupción en ejercicio del cargo.
El tribunal, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso el decomiso de casi 85 mil millones de pesos, actualizados al momento en el fallo en que quede firme. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola estimaron que el daño al Estado fue de unos 1000 millones de dólares, aunque la cifra podría ser mucho mayor. Estos jueces sentaron el precedente de que puede no haber impunidad para la corrupción.
Cristina no irá presa porque tiene fueros de vicepresidente hasta diciembre del próximo año. Aunque aclaró que no va ser candidata “a nada” en 2023, no hay ningún impedimento legal para presentarse en las próximas elecciones hasta que la sentencia quede firme y sea aplicada, cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar algunos años.
El mismo día en que fue condenada, la Corte Suprema reactivó la demanda civil contra la Vicepresidente por 22.300 millones de pesos, para que pague de su propio patrimonio los daños de la corrupción. La demanda había sido presentada en 2018 por Javier Iguacel cuando era administrador de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri.
Es el primer paso en la revisión del pasado de corrupción del kirchnerismo. Falta todavía la causa de Hotesur y Los Sauces, una investigación sobre lavado de dinero en hoteles y edificios de la familia Kirchner, que también involucra a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Además, el juicio oral y público por la causa de los cuadernos, la investigación del periodista Diego Cabot, de La Nación, que luego profundizaron el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Esta última causa cuenta con muchos ex funcionarios e importantes empresarios que aceptaron confesar como arrepentidos ante la Justicia.
En 2008 Elisa Carrió presentó la primera denuncia por asociación ilícita contra Néstor Kirchner (luego incluyó a Cristina Kirchner) en la concesión de obras públicas en Santa Cruz. Es la causa que culminó en la instancia del juicio oral y público.
Casi todas las obras públicas de Santa Cruz fueron adjudicadas a Lázaro Báez, pero nunca antes había sido empresario ni había construido obras públicas o privadas; muchas de esas obras no se terminaron nunca y el supuesto empresario cobraba por las obras antes de terminarlas, si es que las terminaba. Báez fue empresario con los Kirchner y cerró la empresa cuando los Kirchner se fueron del poder en 2015.
Al mismo tiempo, en los últimos días se conoció el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina denominado “Deudas sociales en la Argentina urbana 2010-2022”, que revela que no hubo grandes variaciones en relación con 2021, pero que hoy la pobreza monetaria alcanza a 43,1% de la población, unos 18 millones de personas, y la indigencia al 8,1%.
Cuando hay hechos graves de corrupción probados ahora por la Justicia, como los ocurridos durante muchos años en los gobiernos de los Kirchner, que involucraron millones de pesos, es dinero que no se invierte en educación, salud, seguridad, obras públicas, trabajo digno, entre otros. Todavía siguen defendiendo a Cristina los recalcitrantes militantes que afirman que es una persecución política y no reconocen que se enriqueció a costa del dinero del Estado, que aportamos todos los argentinos. No son hechos aislados sino que vienen desde hace mucho tiempo y erosionan la credibilidad de las instituciones republicanas y ponen en juego a la democracia. A decir verdad, la corrupción está enquistada en el poder en casi todos los niveles políticos, económicos, empresariales, gremiales y sociales.
