Por Emilio Grande (h.).- En una Argentina contradictoria por dónde cada uno quiera mirarla, me refiero a los planos político, económico, social, cultural, educativo, deportivo, entre otros, fue votado el presupuesto en la Cámara de Diputados con varias lecturas para tener en cuenta y ahora fue girado al Senado.
En medio lobbies políticos y económicos, la votación de algunos artículos puntuales favoreció a determinados sectores y actores sociales: el gremio de camioneros, las obras sociales sindicales, el blanqueo para viviendas, las compañías eléctricas, la Policía Aeroportuaria, los negocios de Tierra del Fuego, entre otros.
El artículo 104 dispone incrementar las deducciones del impuesto a las ganancias que pagan los transportistas terrestres de larga distancia por gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones. El monto que se deja de abonar al fisco pasa de un máximo anual de $ 90.000 a $ 440.000. Tuvo el apoyo de la bancada de izquierda y del interbloque federal.
Por otro lado, se aprobó un incremento de los aportes que deben realizar los monotributistas a las obras sociales, afectando a las categorías D a K y se mantienen los montos para las categorías A a C. Tuvo el apoyo del interbloque Federal.
En los artículos 71 y 72 se hizo una modificación a la ley 27.679 para habilitar el uso de fondos no declarados para comprar viviendas usadas (hasta ahora no se permitía) y para pagar importaciones. El oficialismo tuvo el apoyo del interbloque federal y de Matías Taccetta del PRO.
En el artículo 89, las deudas de las compañías provinciales de energía con la empresa mayorista Cammesa sean abonados en un plan de 96 cuotas mensuales y las provincias serán solidariamente responsables de la deuda. Contó con el apoyo del interbloque federal.
También se vio favorecido el controvertido régimen de promoción de Tierra del Fuego, estableciendo el artículo 97 una suba de impuestos internos para determinados productos electrónicos del 17 al 19% y para esos productos que tengan su origen en la provincia se incrementa del 6,55% al 9,5%. El oficialismo contó con el apoyo de un sector del interbloque federal.
Solamente por un voto se aprobó la creación de una tasa para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria tanto para los vuelos nacionales como internacionales, contando con el apoyo de Graciela Camaño y los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein (ex intendente de Rosario), del interbloque federal. Hubo fuertes críticas para Javier Milei y sus pares libertarios Carolina Píparo y Victoria Villarruel porque estuvieron ausentes en el recinto. También faltaron Margarita Stolbizer, la radical María Victoria Tejeda y el macrista Gustavo Santos. También se ausentaron Nicolás del Caño y Alejandro Vilca de la izquierda.
Entre tasas e impuestos, la carga en los pasajes internacionales es de 111,55% en el país, la más alta de la región si se la compara con Colombia, Brasil y Chile, países que no superan los dos dígitos. Como ejemplo pasajes saliendo desde Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y San Pablo rumbo a Madrid, la carga chilena es de 1,76%, la colombiana 9,33% y la brasileña 1,21%.
Históricamente, cuando se crean nuevos impuestos en la Argentina, como es el caso de la tasa de la seguridad aeroportuaria, vienen para quedarse como tantos otros que se fueron creando, lo que genera una carga impositiva asfixiante para la mayoría de los ciudadanos y una de las más altas del mundo, mientras la dirigencia política mantiene sus privilegios y nunca da gestos para atenuarlos, viviendo de espaldas de lo que cobra la mayoría de los jubilados, los trabajadores en negro o que realizan changas y sectores vulnerables e indigentes de la sociedad.
