Por Joaquín Morales Solá.- ¿Es más importante que Lázaro Báez, una creación empresaria puramente kirchnerista, se haya llevado 2200 millones de dólares del Estado (por obras cuya mayoría no terminó) o que un juez y un fiscal hayan jugado al fútbol en una cancha de alguien que no conocen? Vale la pena hacerse esa pregunta, aparentemente idiota, porque el kirchnerismo tiene por costumbre mezclar lo bueno y lo malo, lo superficial y lo espectacular, lo esencial y lo anecdótico. En las últimas horas, la monumental maquinaria política y mediática de la facción gobernante se lanzó como una jauría enloquecida contra el presidente del tribunal oral que juzga a Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez, Rodrigo Giménez Uriburu, y contra el fiscal Diego Luciani, autor del alegato contra la corrupción política más importante desde la restauración democrática. Los recusó a los dos, como una familia política desesperada por frenar el avance del juicio que podría terminar con una condena a presión para Cristina Kirchner. De paso, también incluyó en esa campaña a un juez intachable de la Cámara Federal, Mariano Llorens. Todos cometieron el pecado de integrar un club de fútbol amateur, Liverpool, y de haber jugado en una cancha que está en un predio propiedad de la familia Macri. Algunos partidos de torneos de fútbol amateur se hacen en esa cancha desde hace 45 años, poco después de que el patriarca de la familia Macri, Franco, la hiciera construir para que jugaran sus hijos.
Lo primero que debe decirse es que al fiscal Luciani lo nombraron en su actual cargo la entonces presidenta Cristina Kirchner y la también entonces jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó. ¿Sería razón suficiente, entonces, para que Macri lo recusara a Luciani si alguna vez le llegara a este fiscal una causa contra el expresidente? Cometería un absurdo. Lo segundo que debe señalarse es que Luciani renunció a participar de los campeonatos de fútbol amateur no bien llegó a sus manos la causa sobre la obra pública que se está ventilando espectacularmente en los tribunales. Esto es: Luciani nunca jugó en ninguna cancha, y en ningún campeonato, desde que es el fiscal del juicio oral que juzga a Cristina Kirchner por haber hecho millonario a Báez (y a su propia familia). El fiscal sabía que una eventual participación suya en un partido en una cancha propiedad de Macri desataría un escándalo por parte del kirchnerismo. Es, en efecto, lo que sucedió, sin que haya jugado nada en ninguna propiedad de Macri desde que le tocó acusar a Cristina Kirchner.
A todo esto, la cancha de Macri no está pegada a su casa, ni mucho menos. Está a unas dos cuadras de la residencia privada del exmandatario, aunque pertenece al extenso predio que fue de Franco Macri. Mauricio Macri va a la cancha solo cuando juega su equipo, Cardenales, pero también se hacen partidos entre otros clubes, de los que no participa. Elisa Carrió, que ha estado varias veces en Los Abrojos, la quinta de Macri, dio público testimonio de que la cancha está muy separada de la casa y que ahí se juegan partidos sin la participación del expresidente. “Luciani se puede quedar tranquilo. No ha hecho nada malo”, aseguró Carrió.
Es difícil que el fiscal Luciani se quede tranquilo. Los servicios de inteligencia kirchneristas vienen hurgando en su vida privada y profesional desde que se anunció su alegato. Llegaron a detectar que alguna vez trabajó, durante su carrera judicial de 30 años, en las oficinas del exjuez Juan José Galeano, que fue destituido por la forma en que llevó la causa que investigó el criminal atentado a la AMIA. Luciani tiene ahora 49 años y Galeano fue destituido en 2005 por su gestión en la causa AMIA desde 1993. Para que los números cierren, Luciani debió tener poco más de 20 años cuando pasó por el despacho de Galeano. “Era un pinche”, como los llaman a los principiantes en la jerga de los tribunales, dicen los que lo conocieron en esa época. El propósito de la campaña kirchnerista es, sin embargo, ligarlo a una de las causas más polémicas de la Justicia argentina: la que investigó durante años, sin hacer ningún progreso, uno de los más feroces atentados que sufrió la comunidad judía desde el Holocausto. En rigor, fue otro fiscal, Alberto Nisman, asesinado cuando acusaba a Cristina Kirchner, según la conclusión actual de la Justicia argentina, el único que avanzó en la identificación de los autores intelectuales y financieros de ese atentado. Fue el gobierno de Irán. La ejecución corrió por cuenta del grupo terrorista Hezbollah. Luciani no tuvo nada que ver con los fracasos de Galeano ni con los progresos de Nisman.
Con todo, lo peor sucedió cuando los servicios de inteligencia se metieron con la familia del fiscal. Establecieron (y los medios kirchneristas lo difundieron) que su suegro es amigo personal de Federico Braun. Lo son desde hace 40 años. La familia de la esposa del fiscal fue la más perseguida por los espías del oficialismo. Federico Braun es el dueño de la cadena de supermercados La Anónima y pariente lejano de Marcos Peña, exjefe de Gabinete de Macri. Nadie en su sano juicio podría vincular a Braun con el juicio por la obra pública y mucho menos con el yerno de un viejo amigo. ¿Qué interés tendría Braun en que Cristina Kirchner fuera condenada o absuelta? Ninguno. Es la vieja estrategia del kirchnerismo: confundir, descalificar y difamar para mezclar lo importante y lo frívolo en una misma ensalada ante la opinión pública.
Vamos a los hechos. El fiscal Luciani aseguró que nunca conversó con Macri, aunque jugó partidos en la cancha de fútbol de Los Abrojos. El expresidente fue más taxativo aún: “Me enteré de que ese fiscal estuvo en la cancha de mi casa por las fotos que se difundieron en los últimos días. Nunca lo vi, nunca hablé con él, nunca supe quién era. Tal vez, él me reconoció porque tengo una cara más conocida”, dijo Macri. Luciani y el juez Giménez Uriburu también desmintieron que exista una relación entre ellos más allá de la profesional. “No somos amigos”, aseguraron los dos. Esta aclaración es necesaria porque el kirchnerismo los recusó también porque supuestamente, según la deducción hecha sobre una suposición de esa fracción política, el juez y el fiscal son amigos. Un prestigioso abogado que frecuenta los tribunales desde hace décadas contó que, por lo menos desde principios de los años 80, son habituales los partidos de fútbol entre jueces, fiscales y secretarios de la Justicia. La práctica del deporte no los hace necesariamente amigos ni coincidentes en sus opiniones jurídicas. Esta presunción, según la cual toda reunión es una conspiración en puerta, es propia de la afiebrada (y compleja) psicología del kirchnerismo.
Para peor, Luciani tiene más relación con el actual viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que con cualquier macrista. De hecho, asegura que nunca conversó ni los vio al entonces ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, y al también entonces asesor presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. En cambio, habló varias veces con Mena porque participó de un programa del Ministerio de Justicia para perfeccionar los conocimientos del seguimiento de delitos en el Ministerio de Seguridad. Esta parte de la biografía de Luciani no apareció en ninguno de los informes ni declaraciones de la maquinaria de difamación del kirchnerismo. El objetivo es pegotear a Luciani con el macrismo, aunque haya hecho trabajos profesionales, solo como fiscal, para los funcionarios kirchneristas de Justicia.
Si bien se mira todo lo que está pasando, sobresale el hecho fácilmente constatable de que la familia Kirchner no mostró ninguna prueba que desmontara las pruebas y los demoledores argumentos del fiscal Luciani en su alegato. Descalifican al fiscal, no la denuncia del fiscal. Es ridículo suponer que un partido de fútbol, en una cancha que está en un amplio predio de la familia Macri, es más importante que una causa iniciada en 2008, cuando Macri ni se imaginaba que sería presidente siete años después. El juez Julián Ercolini nunca cerró esa causa, que tuvo un devastador informe sobre los manejos de la obra pública de los dos presidentes Kirchner de parte de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Vialidad Nacional nunca contestó los pedidos de informes de los fiscales en tiempos de Cristina Kirchner. Cuando Javier Iguacel llegó a la dirección de Vialidad, ya en el gobierno de Macri, ordenó una auditoría interna sobre las concesiones, pagos y deudas de las obras públicas, cuyas conclusiones lo espantaron. Envió esa auditoría a la Justicia y se integró a la causa de 2008; sirvió para el dictamen de los fiscales Pollicita y Mahiques. Con la resolución de estos fiscales, Ercolini procesó a Cristina Kirchner y envió la causa a juicio oral, que es lo que está sucediendo ahora. Pero el kirchnerismo no habla sobre las pruebas que se abaten sobre sus líderes (y sobre el hijo de los líderes), sino sobre la afición deportiva del fiscal y de uno de los jueces del tribunal oral. Algo raro está sucediendo: o pierden el tiempo inútilmente o no tienen argumentos para refutar al fiscal.
Es necesario detenerse en dos cuestiones que forman parte de la intensa campaña mediática del kirchnerismo. Una es la que acusó al juez Llorens de ser arquero del equipo Liverpool, el mismo que integran Luciani y Giménez Uriburu; esa pertenencia lo descalifica, por lo tanto, como uno de los jueces de la Cámara Federal que sobreseyó a Macri en la causa sobre supuesto seguimiento a los familiares de la víctimas del submarino ARA San Juan. En rigor, el rencor contra Llorens no es por esa decisión, sino por algo mucho más grave que el juez escribió en un reciente dictamen. Llorens sostuvo en esa resolución que correspondía que se hiciera un megajuicio oral y público sobre la corrupción del kirchnerismo y que debían unirse tres causas: la de Vialidad, actualmente en trámite de juicio oral, la de Hotesur y Los Sauces y la de los cuadernos. Las tres están vinculadas, sostuvo el magistrado. Más allá de si esa idea progresará o no, lo cierto es que la sola exposición de una matriz tan amplia de corrupción provocó una torbellino de furia en el kirchenrismo.
La segunda cuestión es ya risible. Buena parte del kirchnerismo más fanático y ciego consideró ayer una provocación en indignadas declaraciones pública que el juez Giménez Uriburu, presidente del tribunal que juzga a Cristina, apareciera en el video de la sesión de zoom con un mate con el iconografía del club Liverpool. ¿Cómo? ¿Hizo eso a pesar de la impugnación pública y jurídica del kirchnerismo? ¿No fue, acaso, una apostasía, un delito de lesa majestad, si la que había cuestionado a ese club era nada menos que Cristina? Tranquilos. Era simplemente la insignia del club del juez, como podría haber sido un mate con las insignias de Boca o de River. Como escribió alguna vez el genial escritor italiano Ennio Flaiano, la situación es grave, pero no es seria.
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